Página/12, 25 de Julio de 2008

«Crónica de una crisis anunciada»

(Por Atilio A. Boron) A escasos seis meses de su gobierno la presidenta
sufrió una significativa derrota política que trasciende con creces la
aritmética de la votación senatorial: se deshilachó hasta la irrelevancia
la transversalidad kirchnerista; se dividieron la CGT, el PJ y la bancada
oficialista en el Senado y la Cámara de Diputados; se desplomó la
popularidad de la presidenta y de Néstor Kirchner; la economía, sobre
todo en el interior, está semi-paralizada y, para colmo, se perdieron
unos 4.000 millones de dólares (tomando en cuenta la previsible caída
del PBI más la disminución de las reservas en dólares del Banco
Central) en un cálculo muy conservador, todo para obtener con las
retenciones móviles un ingreso adicional que -descontando los
reintegros- en el mejor de los casos no habría llegado a los 1.000
millones. Como si lo anterior fuera poco, se puso en discusión algo que
no lo estaba: la legitimidad del Estado como regulador del proceso
económico y redistribuidor de la riqueza. Y, además, se instaló en la
agenda pública el tema del raquítico federalismo fiscal, fuente de
irritantes inequidades regionales.

Por eso apelar a categorías tales como traición, deslealtad u otras
por el estilo para comprender lo ocurrido lejos de alumbrar el camino
para la necesaria recomposición del poder presidencial y la
normalización institucional y económica del país sólo servirán para
agravar la crisis, debilitando aún más el menguado poder de la Casa
Rosada. Lo que hay que explicar no es tanto por qué Cobos votó como lo
hizo sino por qué los senadores que acompañaron a los K durante todos
estos años (y que en otras votaciones derrotaban a la oposición por más
de treinta votos) ahora apenas si lograron un agónico empate. Es
evidente que ante la primera prueba crítica planteada después de la
recomposición capitalista posterior al 2001 el modelo de construcción
política de los K –y especialmente las heteróclitas “colectoras”
pergeñadas para enfrentar la elección presidencial del 2007- desnudó
su insanable fragilidad. A la presidenta le quedan todavía tres años y
medio de mandato, un trayecto prácticamente intransitable salvo que se
modifiquen ciertas premisas que informan la labor del gobierno.

Premisas en crisis

En primer lugar la presidenta debe comprender que más que
saber hablar, cosa que ella hace muy bien, lo decisivo para un buen
gobernante es saber escuchar. Si algo probaron estos cuatro meses de
estériles confrontaciones, abusos retóricos e irresponsables
maniqueísmos cultivados ad nauseam tanto por “el campo” (esa
tramposa ficción que mantuvo en la penumbra a los agentes del nuevo
capitalismo agrario, el “agronegocio”, que son los grandes beneficiarios
de las políticas impulsadas por todos los gobiernos desde mediados de
los noventa) como por el gobierno es que tanto la presidenta como el
jefe del PJ padecieron de la peor de todas las sorderas: esa que sólo le
permite a la víctima oír lo que desea escuchar. Olvidaron así una
enseñanza básica de la historia del peronismo: “desconfiar de los
consejos y la supuesta sabiduría del entorno”, precepto que nadie
obedeció con más intransigencia que Evita. Si Cristina y Néstor
Kirchner hubieran podido escuchar los reclamos que procedían de la
sociedad -y que el entorno aúlico usualmente atribuía a la perversidad
de los “movileros”- esta derrota podría haberse evitado. Predominó en
cambio una visión paranoica y una gritería desenfrenada que impidió
oír lo que decían las propias bases sociales del kirchnerismo, un sinfín
de intendentes y políticos del FpV, algunos técnicos e intelectuales con
una larga trayectoria de izquierda (seguramente no “los mejores”, como
en un alarde de sobriedad y cordura los descalificara días atrás José
Pablo Feimann por rehusar alinearse con la postura oficial) e inclusive
algunos periodistas o colaboradores de este diario, como Mario
Wainfeld, Eduardo Aliverti y Mempo Giardinelli cuyas sensatas
observaciones fueron igualmente desoídas. Si la presidenta y el jefe del
PJ hubieran sabido escuchar podrían haberse ahorrado esta derrota.
La segunda premisa que debe ser revisada es que la Casa Rosada
puede hacer lo que quiere y decir lo que quiere sin que nadie vaya a
intentar medir la distancia que separa el dicho del hecho. De vuelta:
una atenta lectura de la historia del peronismo habría convencido a los
Kirchner de la sensatez contenida en el famoso dictum de Perón cuando
decía que “mejor que decir es hacer; mejor que prometer es realizar.” Y
este, y el anterior, ha sido gobiernos que han hablado mucho pero han
hecho muy poco para aliviar la situación de las clases y capas
populares o enfrentar las graves amenazas que se ciernen sobre la
economía argentina. Al hablar en demasía tanto él como ella se incurrió
fácilmente en contradicciones: así mientras la presidenta anunciaba
que con parte de las retenciones se construirían 30 hospitales en las
provincias y se prometía que dos semanas luego del anuncio se darían a
conocer los detalles al respecto (que nunca se dieron, dejando flotando
en el aire una sospecha de improvisación), el presidente del PJ
declaraba que se necesitaba el dinero de las retenciones para “hacer
frente a los compromisos externos” de la Argentina; es decir, para pagar
la creciente deuda externa. Esta incoherencia no pasó desapercibida
para nadie, más allá de hastío e indiferencia con la cual una gran parte
de la sociedad contempló la pulseada entre el gobierno y “el campo”.
Tercera y última premisa: “para ganar hay que avanzar, siempre.”
Aparentemente ese es el “estilo” K de hacer política y de gobernar. Pero
una compulsión a ir siempre para el frente más que valentía o firmeza
de convicciones revela temeridad, o sea, la actitud de quien
imprudentemente se arroja al peligro sin un previo examen de las
condiciones y consecuencias de su obrar. Aquí es conveniente recordar
las continuidades existentes entre el arte de la guerra y la lucha
política. Von Clausewitz lo plasmó en su famoso aforismo: “la guerra es
la continuación de la política por otros medios.” Y al igual que en la
guerra, en la política el general cuyo arsenal estratégico y táctico se
limita a avanzar atropelladamente, bajo cualquier circunstancia y sin
medir las consecuencias, más que un valeroso oficial es un suicida.
Esto también lo planteó otro de los grandes teóricos de la guerra, Sun
Tzu, 500 años antes de Cristo cuando anotó que “una de las maneras
más seguras de perder una guerra es cuando el general se deja llevar
por la pasión irracional.” Esa pasión, ligada a una concepción
absolutista del poder inflamó la conducta del oficialismo desde el
estallido del conflicto hasta los momentos finales del mismo: desde la
ridícula, además de injusta, caracterización de un dibujo de
Hermenegildo Sabat como un “mensaje mafioso” en el primer acto
público organizado por el gobierno hasta la absurda alusión del
presidente del PJ a los “comandos civiles “ y los “grupos de tareas” para
calificar algunas acciones, sin duda repudiables, de sus opositores. El
resultado final del conflicto ratifica por enésima vez la sabiduría
contenida en las palabras de Sun Tzu. Entre otras cosas porque si el
adversario se dejó llevar por las pasiones la única respuesta
políticamente ganadora era la que se desprendía de la serenidad y la
racionalidad. Esto no sólo hubiera sido conveniente para el gobierno;
también era su obligación. Si la oposición apela a consignas
incendiarias o se agrupa detrás de un energúmeno o un demagogo,
apelando al “sentido común” más reaccionario y comunicable, es
responsabilidad del gobierno instalar el debate en otro nivel. Y si no
quiso, o no supo, o no pudo hacerlo mal puede lamentarse del resultado
de este enfrentamiento. A lo largo del mismo se dieron algunas
oportunidades en las que con un paso atrás el gobierno podría haber
dado dos o tres pasos adelante poco después. Las desaprovechó todas,
porque la racionalidad política sucumbió ante los embates de la pasión
y una autodestructiva obcecación. Y errores de este tipo, imperdonables
en políticos de cierto nivel, se pagan muy caros.

¿La salida? Sólo por la izquierda

¿Está todo perdido para el kirchnerismo? No todo, pero ha sufrido
un impacto muy fuerte. Depende de la rapidez de su reacción y la
orientación política de sus actos de gobierno para saber si estamos o no
en presencia del comienzo del ocaso definitivo de su hegemonía. Lo que
está claro es que la única chance de sobrevivencia que tiene el gobierno
reposa sobre su voluntad de impulsar profundas políticas de cambio y
transformación económica y social, algo que hasta ahora los Kirchner
no han siquiera insinuado. Es decir: la única salida a esta crisis, la
única alternativa a una prolongada –y tal vez violenta- agonía sólo se
encuentra por la izquierda. Ante ello no faltarán quienes aseguren que
“a la izquierda de Kirchner” está la pared –recurso retórico que a veces,
no siempre, oculta una penosa resignación o un impresentable
macartismo. Pero esa es una verdad a medias que ignora la densidad y
gravitación que tiene una “izquierda sociológica” que hasta el día de hoy
(pero atención que esto puede cambiar, y muy rápidamente bajo ciertas
circunstancias) no encuentra una expresión política que la contenga.
Además también podría argumentarse que “a la derecha de Kirchner”,
aunque un poco más lejos, también está la pared. En materia de
política económica si la espectral “nueva derecha” que algunos juran
percibir culminara exitosamente su “ofensiva destituyente” no es mucho
lo que le quedaría por hacer. En efecto: toda la riqueza del subsuelo ha
sido privatizada y extranjerizada; en la tierra los procesos de
concentración y extranjerización han llegado a tal punto que desataron
las voces de alarma en la muy conservadora Iglesia Católica, y las
retenciones móviles propuestas por el gobierno de CFK no hacían otra
cosa que acelerar ambos procesos, como lo asegurara el zar de la soja
argentina, Gustavo Grobocopatel; la regulación económica es endeble,
intermitente e ineficaz porque el estado destruido por el menemismo no
fue siquiera comenzado a reconstruir desde el inicio de la hegemonía
kirchnerista. Por otra parte, si no existe un plan de desarrollo
agropecuario (¡como tampoco hay un plan minero, de hidrocarburos o
industrial!) es porque este gobierno, el anterior y todos los que le
precedieron aceptan, algunos abierta y otros veladamente, los
preceptos del Consenso de Washington y creen que es el mercado, y no
el estado, quien debe orientar las actividades económicas y las
inversiones de los privados. Por eso: si el gobierno rehúsa a salir de la
crisis por la izquierda y opta por el continuismo su suerte estará
echada. De nada valdrán las movilizaciones del cada vez más ineficaz
“aparato” (la demostración de cuya creciente inutilidad la ofreció el acto
final frente al Congreso), las palabras altisonantes o los gestos
crispados para detener la reacción que, a diferencia de lo ocurrido en
estos últimos cuatro meses, provendrá no ya “desde arriba” sino de las
clases y estratos más profundos y explotados de la sociedad argentina
cansados de tantos engaños y tantas frustraciones en medio de tantas
promesas.

En virtud de esta crisis el gobierno tiene ahora una gran
oportunidad de demostrar que respalda con obras sus palabras y así
convertirse en merecedor del rótulo de “progresista” que con tanta
generosidad le han asignado numerosos intelectuales y políticos: puede
derogar la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz; decretar la
movilidad de los haberes jubilatorios; recrear las juntas nacionales de
carnes y de granos, que existen en varios países del Primer Mundo;
quitar las exenciones impositivas que favorecen a los grandes pools de
siembra (¡que al funcionar como fideicomisos no pagan el impuesto a
las ganancias que abonan hasta los empleados que superan un módico
salario, despertando las protestas del propio Hugo Moyano !) y gravar
con fuertes retenciones a los más grandes productores de soja –unos
4000, y fácilmente identificables- que controlan el 80 % del mercado y
coparticipar esos nuevos ingresos fiscales con las provincias en un
programa exclusivamente destinado a combatir la pobreza y reconstruir
la infraestructura física del país; o derogar la norma que exime a las
empresas mineras de la obligación de ingresar las divisas originadas por
sus exportaciones y, en términos más generales, encarar de una vez por
todas la reforma que este país necesita para poner fin a su escandalosa
regresividad tributaria. También puede abolir el IVA para los alimentos
de la canasta popular e incrementar la alícuota para los de tipo
suntuario. Todo esto puede hacer la presidenta ya mismo, ahora,
absteniéndose, ¡por favor!, de declarar que “vamos a hacer” tal o cual
cosa. No hay tiempo para ello. Hay que actuar sin dilaciones, y si
realmente quiere redistribuir la riqueza tiene que poner manos a la obra
ya mismo, especificando de dónde procederán los recursos, quienes lo
administrarán, cómo se producirá la transferencia y quienes habrán de
ser sus beneficiarios. Además, el próximo envío del presupuesto de la
nación para el año 2009 será una buena oportunidad para calibrar la
seriedad con que la Casa Rosada considera a sus propias palabras.