Publicada en Página/12

La defensa de los derechos humanos y la reivindicación popular sintetizada en la consigna “memoria, verdad y justicia” son los signos distintivos más ilustres de la democracia argentina. Si la memoria no me falla este país fue el único que al recuperar la democracia sometió a la justicia a los integrantes de las tres juntas que asolaron al país entre 1976 y 1983. En Brasil, país en el cual la dictadura militar se extendió por veintiún años, la presidenta Dilma Rousseff -una expresa política torturada por los esbirros de la dictadura- creó a poco de asumir la presidencia la Comisión Nacional de la Verdad (CNV). Loable intención, pero desde el comienzo los militares le hicieron saber que las funciones de dicha comisión debían ser exclusivamente investigativas y que, a diferencia de lo ocurrido en Argentina, no tendría capacidad alguna para llevar a los estrados de la justicia a los implicados en la represión practicada por el régimen militar. ¿La razón? El enorme peso de los militares en la política brasileña, expresado entre otras cosas en la vigencia de la Ley de Amnistía sancionada por el régimen en 1979. En Guatemala el dictador Efraín Ríos Montt, que presidió una junta militar entre 1982 y 1983, fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en la masacre de 1.771 indígenas ixiles. Diez días después de conocerse la sentencia la Corte Constitucional de Guatemala procedió a anularla por supuestas violaciones procedurales. Ríos Montt murió en libertad. En Chile numerosos militares fueron procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos, pero ninguno de los integrantes de la Junta fue sentado en el banquillo de los acusados. Pinochet enfrentó un proceso penal en Londres a instancias del juez español Baltasar Garzón que si bien lo retuvo en esa ciudad por poco más de un año no le impidió luego regresar a Chile y vivir el resto de sus días en libertad.

Dados estos antecedentes la reciente actitud del gobierno argentino de desistir de participar en la reciente reunión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra revela el giro copernicano que el gobierno de Javier Milei le ha impreso a la política de derechos humanos que había sido sostenida por los gobiernos de distinto signo político que se sucedieron desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983. Este timbre de honor que hacía que el proceso democrático argentino suscitara admiración en todo el mundo ha sido arrojado a la basura por el energúmeno pendenciero que había la Casa Rosada. Esta iniciativa del régimen autocrático de Milei, calificación ésta que se fundamenta en las reiteradas violaciones del Poder Ejecutivo al ordenamiento institucional de la república, está en línea con la decisión adoptada por la Administración Trump de retirar a Estados Unidos de 66 organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No sólo eso: en una decisión también adoptada por el gobierno argentino Trump abandonó la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la UNESCO. No es un misterio para nadie que Trump y la ultraderecha estadounidense han lanzado una cruzada para acabar con la institucionalidad heredada de la Segunda Guerra Mundial, que si bien necesita de urgentes reformas esto no significa que deba ser destruida. Fiel a esta lamentable decisión Estados Unidos se ha convertido en el mayor deudor histórico y actual de la ONU, responsable de más del 95% del déficit total de ese organismo internacional. Su deuda acumulada se sitúa alrededor de los 5.300 millones de dólares, y la Casa Blanca no ha dado muestras de querer regularizar esta situación a la mayor brevedad posible.

El suicida seguidismo de la política exterior argentina llegó a extremos escandalosos cuando en la sesión de la Asamblea General del 25 de marzo de 2026 la Argentina junto a Estados Unidos e Israel fue uno de los tres únicos países que votaron en contra de una Resolución que establecía formalmente que el comercio negrero transatlántico fue “el crimen de lesa humanidad más grave de la historia”. Un total de 123 países apoyaron esta Resolución, principalmente los integrantes de la Unión Africana, los del Caricom y la casi totalidad de los países asiáticos. Hubo 52 abstenciones, principalmente de los países de la Unión Europea. Con esta irracional postura Argentina quedará en una posición muy desfavorable ante la próxima reunión del Comité Especial de Descolonización de la ONU (15 al 26 de junio) cuando llegue el momento de votar nuevamente una resolución que insta a los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido a entablar negociaciones tendientes a lograr una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El voto de los países del Sur Global fue siempre decisivo para, año tras año, obtener esa victoria diplomática. Ahora, la torpeza reaccionaria del gobierno de Milei al rechazar la ya mencionada resolución sobre el tráfico de esclavos podría llegar a acabar, por primera vez, con ese crucial apoyo. Este es uno de los costos, y no el más gravoso, de la política de alineamiento automático con Estados Unidos del gobierno neocolonial de Javier Milei que a la fecha ha visitado en 17 ocasiones a Estados Unidos. Difícil encontrar en la historia universal un jefe de estado de una colonia que haya peregrinado a la metrópolis con tanta frecuencia como lo ha hecho Milei. El daño que este abyecto seguidismo le ha infligido a la Argentina, y el que este país deberá sufrir en los próximos años, es inconmensurable. Milei se autopercibe como “el topo que vino a destruir al Estado desde adentro”. Le faltó decir que en esa empresa produciría también un daño -tal vez irreparable- para el futuro de la Argentina como nación.