(Atilio A. Boron) Asombra constatar la actitud de muchos observadores de la vida política argentina así como de buena parte de la gente del común cuando dicen no entender las razones por las cuales la clase dominante y su expresión política (el macrismo, en cualesquiera de sus variantes o re-encarnaciones), la oligarquía mediática y el grueso de la magistratura se oponen frontalmente a la reforma judicial. ¡Cómo puede ser, si es evidente que la Justicia no está funcionando adecuadamente en este país! ¿Cómo oponerse a su reforma, para mejorarla y ofrecer las garantías del debido proceso a toda la población? Hundiendo un poco el escalpelo en la gruesa capa de la retórica leguleya y pseudoconstitucionalista empleada por sus opositores lo cierto es que para la clase dominante y sus aliados en los medios y en el Poder Judicial la justicia está funcionando muy bien. Ha servido de protección y de cobertura para asegurar la impunidad de muchos delitos y crímenes; negociados escandalosos y fraudes monumentales en contra del fisco (como el de Vicentin en fechas recientes) que contaron con el silencio o la pasividad cómplice de los oligopolios mediáticos de Clarín y La Nación  y sus opinólogos. ¿Por qué razón los beneficiarios de esta escandalosa corrupción de la Justicia podrían apoyar una reforma que ponga fin a sus tropelías? Se comprende que guiados por sus intereses su conducta racional sea oponerse por todos los medios a la reforma, evitar que el tema se ventile ante la opinión pública y procurar por los muchísimos medios de “confusión de masas” de que disponen suscitar una respuesta negativa de la población ante la iniciativa reformista.

Los problemas del Poder Judicial en la Argentina son apabullantes. La causa del atentado a la AMIA tiene 26 años y aún está a la espera de una sentencia definitiva. La causa ACINDAR, que investiga delitos económicos, lleva diez años encajonada en los recintos del Poder Judicial sin que pase a Juicio Oral. La causa Correo Argentino (que, como sabemos, involucra a la familia del ex presidente) “tramita” sosegadamente  en los tribunales hace ya 19 años La mayoría de las personas detenidas y encarceladas lo están sin sentencia firme. El caso escandaloso de Milagro Sala, más de mil días privada de su libertad, es el más conocido pero está lejos de ser la única presa política o persona que sufre una prisión preventiva en nuestro país. En cambio, la causa de “la noche del Apagón” que incrimina de modo irrefutable a Carlos Pedro Blaquier y su socio Alberto Lemos, dueños del jujeño Ingenio Ledesma en Jujuy y que produjo la desaparición de 38 personas dormita  en los escritorios de la Corte Suprema  hace ya cuatro años. El listado de violaciones al Estado de Derecho en la Argentina sería interminable.  El caso de los Panamá Papers que involucraba al presidente en ejercicio, Mauricio Macri, fue escamoteado ante los ojos de la opinión pública por una alianza corrupta entre el Poder Judicial, la “prensa independiente” y parte de la dirigencia política. Lo mismo con la anomalía de un presidente como Macri que asume su función a pesar de estar procesado por la Justicia, que rápidamente enmendó ese “error”. O que intentó designar a dos jueces de la Suprema Corte por decreto, sin que hubiese un clamor de los miembros del Poder Judicial ante semejante atropello. Sólo la indignación de la opinión pública pudo obligar al presidente a revertir su decisión y avanzar por la vía constitucional enviando sendos pliegos al Senado de la Nación. Pero lo curioso del caso no es que allí finalmente se hayan aprobado las designaciones sino que los candidatos –Carlos Rosenkrantz y Carlos Rosatti- consintieran, para su perpetuo deshonor, que el presidente actuara de forma abiertamente contraria a los preceptos constitucionales.

La justicia argentina adolece de un pecado original: en los inicios de la transición democrática se decidió convalidar a los nombramientos efectuados en la Justicia Federal y Nacional por la dictadura cívico-militar. Según el constitucionalista Eduardo Barcesat cerca del 90 por ciento de jueces y fiscales designados durante la dictadura fueron ratificados en sus cargos por el jaqueado gobierno de Raúl Alfonsín.[1] Barcesat señala que fue esta insalubre continuidad del personal que administra la justicia en la Argentina la que permitió frenar “la vigencia de la Ley de Medios Audiovisuales, la que ha resistido en lo posible el enjuiciamiento de las responsabilidades del terrorismo de Estado, que ha violentado las normas y protocolos respecto a la violencia de género y el aborto no punible … y que jamás tuvo una palabra en defensa, ni de las instituciones  ni de los derechos humanos.”

La oposición a cualquier reforma que atenúe, ni hablemos de suprimir definitivamente, atenúe decíamos los nefastas alcances del “lawfare” será por lo tanto absolutamente intransigente. Para ello sembrarán mentiras a diestra y siniestra. Como por ejemplo decir que la reforma está hecha “a medida” de Cristina Fernández cuando ninguna de sus provisiones contempla la posibilidad de remover al personal del Poder Judicial que entiende en sus causas. Así lo afirma Horacio Verbitsky cuando asegura que “la palabra presidencial y el texto del proyecto no dejan dudas respecto de la continuidad de todas las causas ya iniciadas ante los mismos jueces que las tienen ahora, con lo cual ningún alivio podría esperar Cristina de esa reforma.”[2] Esa continuidad está también garantizada para quienes entienden en las múltiples causas de la megacorrupción del macrismo, y en la cual sobresale la “Mesa Judicial”, tal vez la más bochornosa violación de la separación de poderes que conozca la historia argentina. Sin embargo, esta aberración que hizo que Juan B. Alberdi se revolviese en su tumba, pasó desapercibida para los sedicentes campeones (y campeonas) del republicanismo argentino. Y aquélla es apenas la punta del iceberg de la corrupción de la Justicia. Recordemos que utilizaron jueces y fiscales para hacer operaciones políticas y “apretar” a opositores con amenazas de encarcelamiento, todo con el apoyo logístico de los servicios de inteligencia, la complicidad de los grandes medios y de los autoproclamados “custodios de la república”.

Por eso quienes se benefician de esta situación de la Justicia, cuyo jefe imitó al Emérito Rey de España y se ausentó del país, están desesperados por frenar el avance de la Reforma Judicial. Una reforma que es un paso importante aunque, a mi modo de ver, todavía insuficiente. Pero es un avance, entraña una mejoría. Por eso la respuesta de los “defensores de la república” no es discutirla sino abortarla. No sólo eso: el “triángulo de las Bermudas” en el cual puede naufragar la democracia argentina y que está compuesto por jueces y fiscales corruptos, medios corruptos y la derecha corrupta ya se ha puesto marcha en una ofensiva multidimensional cuyo objetivo de máxima va más allá de detener el tratamiento de la reforma sino provocar el derrumbe del gobierno de Alberto Fernández. Sólo espíritus de una gran ingenuidad pueden ignorar esta ominosa realidad. La “guerra híbrida” de amplio espectro tiene en los medios su artillería de vanguardia para debilitar las defensas enemigas y ganar el favor de un sector de la opinión pública. Los descerebrados que desafiaron el Covid-19 este 17 de Agosto, infectándose entre ellos pero diseminando el contagio en proporciones que en pocos días más podremos calibrar, demuestra que hay una población predispuesta a creer cualquier mentira que refuerce su odio visceral al peronismo y a todo lo que huela a izquierda, progresismo o populismo. Y que hay un liderazgo de la derecha capaz de instigar conductas criminales como las del 17-A que podrán causar la muerte de muchas personas. Pero estos daños colaterales están en los cálculos de la derecha. Son inevitables si se quiere mantener el imperio de la impunidad para la hoy acéfala camarilla que gobernó entre 2015 y 2019. Tal objetivo requiere pisotear toda norma o escrúpulo moral que se interponga ante su claro designio y ante su proclamado proyecto de recuperar el gobierno a cualquier costo. No van a esperar hasta las próximas elecciones y apelarán a la violencia. Esta no sólo es física sino que se manifiesta de muchas formas: verbal, en las pancartas, o en los titulares y zócalos de los medios, o la violencia que exuda en los supuestos análisis de embusteros disfrazados de periodistas, o en la extensa serie de notas “humorísticas” que no sólo se mofan o insultan al presidente sino que degradan la propia investidura del jefe de estado. Pero para los adoradores y beneficiarios de los privilegios que otorga el mercado el desprestigio de la presidencia o de la jefatura del Estado es irrelevante. En suma: esta coalición no va a esperar hasta las próximas elecciones. No cree, nunca creyó, en las elecciones de la democracia. Y eso exige que el gobierno y el Frente de Todos tomen conciencia que se les ha declarado la guerra. Guerra no convencional, “guerra híbrida”, de “quinta generación”, como quieran llamarla,  pero guerra al fin. Desconocer esta triste realidad o confiar en el apaciguamiento de los revoltosos mediante el diálogo es una peligrosa ilusión,  que desemboca fatalmente en el suicidio político.

[1]  Cf. Eduardo Barcesat, “Sobre la necesidad de una reforma judicial en nuestro país”, en Revista del CCC/ Primera Época, Nº 18, Mayo-Agosto 2013. Accesible en:  https://www.centrocultural.coop/revista/18/sobre-la-necesidad-de-una-reforma-judicial-en-nuestro-pais

[2] En “Los locos del martillo”, en El Cohete a la Luna, 2 de Agosto del 2020, accesible en https://www.elcohetealaluna.com/los-locos-del-martillo/