(Atilio A. Boron) Hay un consenso muy extendido a la hora de
caracterizar al régimen cívico-militar de 1976-1983 como una dictadura
genocida. Pero conviene ahondar  más en
esta cuestión y averiguar si el genocidio no puede también ser practicado por
regímenes políticos presumiblemente democráticos.

Lo anterior exige precisar qué es lo que queremos decir
cuando hablamos de “genocidio”.  El 9 de
Diciembre de 1948 las Naciones Unidas aprobaron la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio el cual fue definido como un
acto “perpetrado con la intención de
destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso
como tal:

(a) Matanza de los integrantes del grupo;
(b) Lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo;
(c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial;
(d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
(e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

En consecuencia es posible ampliar esta definición, surgida
bajo la influencia del Holocausto nazi, y tipificar como genocida a cualquier
política que tenga por objetivo el sistemático y premeditado sometimiento de un
grupo social a lesiones, privaciones y penurias  físicas y/o mentales conducentes al radical
debilitamiento o la lisa y llana desaparición del grupo sometido a esa
agresión.    

La dictadura produjo un genocidio social y político sin
precedentes, en un marco de sistemática violación a los derechos humanos. El
régimen semidemocrático de Mauricio Macri, que puede más apropiadamente ser
caracterizado como una “democradura”, ha retomado esa nefasta práctica. Sólo
que ahora el genocidio se encubre bajo un ropaje tecnocrático y que en vez de
los tenebrosos “grupos de tareas” paramilitares utiliza como su grupo de choque
a un equipo de economistas que, con sus políticas, atentan seriamente contra la
sobrevivencia de varios grupos de la sociedad argentina. Por ejemplo, los
adultos mayores, víctimas indefensas de la destrucción del PAMI (el  Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) cuyas prestaciones
–asistencia médica, hospitales públicos, hogares geriátricos, medicamentos- se
redujeron radicalmente condenando a la indefensión y en algunos casos a la
muerte a grandes sectores de una población como la Argentina que ha venido
envejeciendo en las últimas décadas. Lento y doloroso genocidio también
practicado en contra de los niños de las clases y capas populares, antaño
protegidos por un amplio programa de vacunas gratuitas ahora reducido a su
mínima expresión. Niños a los cuales, también, se les priva de una educación de
calidad cuando se remunera a sus maestros con sueldos que están por debajo de
la línea de la pobreza y se permanece indiferente ante el deterioro de los
establecimientos escolares. El resultado: una población que en un futuro
próximo será inempleable o, en el mejor de los casos, que deberá vender su
fuerza de trabajo por centavos ante su falta de calificación y vivir sumida en
la miseria.

En suma, niños y viejos objeto de un ataque inclemente y
letal, especial pero no únicamente, en el caso de los segundos y que pretende
pasar por una simple cuestión “técnica” -bendecida por los malandrines del FMI-
y no como lo que es: una decisión consciente encaminada a concretar una vieja
aspiración de la derecha argentina consistente en eliminar una población sobrante
calculada ya en la época de la dictadura en diez millones de personas, cifra
que hoy debe ser por lo menos el doble.  Por eso, en estricta justicia y con gran
dolor, podemos afirmar que desgraciadamente el genocidio sigue su curso en la
Argentina de la mano de la “democradura” macrista y su brutal aplicación de las
políticas neoliberales, mortíferas en todo tiempo y lugar. Esperemos dejar
atrás esta pesadilla lo antes posible y dar comienzo a una refundación de la hoy
agonizante democracia argentina.