Publicada en Nodal

11 de junio. Las familias de Lucas Aguilera y Paula Giménez recibieron ayer, 10 de junio, una nueva comunicación telefónica por parte de ambos ciudadanos argentinos secuestrados en Libia del Este desde el pasado 24 de mayo. Si bien la conversación permitió constatar que se encuentran físicamente estables, mencionaron un gran deterioro psicológico derivado de la presión de estar 18 días en aislamiento prolongado, encierro e incertidumbre absoluta. El sufrimiento de estar privados de su libertad en estas condiciones opera como un desgaste constante que vulnera y pone en riesgo de sobremanera la salud fisica y mental de los y las voluntarias de la misión humanitaria.

La conversación profundizó la preocupación familiar ante un escenario de absoluta indefensión jurídica y procesal, puesto que no hay información oficial, directa ni verificable, así como tampoco explicaciones claras sobre los procedimientos a los que están siendo sometidos por parte de las autoridades de Libia oriental. Esta grave situación ratifica las sistemáticas violaciones a las garantías fundamentales del debido proceso y del derecho internacional que padecen Lucas, Paula y las otras ocho personas voluntarias arbitrariamente detenidas.

Todas ellas continúan reclamando el acceso pleno a las garantías procesales más básicas, ya que no cuentan con asistencia jurídica efectiva y el debido asesoramiento de los abogados defensores.

Esta situación reviste una gravedad excepcional. Lucas Aguilera y Paula Giménez continúan privados de su libertad por haber participado en una iniciativa civil y humanitaria orientada a facilitar el ingreso de asistencia médica, alimentos y ayuda de emergencia para la población palestina de Gaza.

Frente a esta situación, debemos destacar que la primera llamada del 4 de junio fue el resultado de la huelga de hambre de más de cuatro días realizada por los y las voluntarias; poniendo sus propias vidas en juego, y esta nueva comunicación se da gracias a la enorme cantidad de reclamos y a la presión de la solidaridad internacional de miles de personas en todo el mundo que no guardan silencio.
Según relataron los propios voluntarios, quienes los detuvieron les informaron que permanecerán detenidos al menos treinta días más mientras continúa una investigación en curso. Esta decisión habría sido comunicada sin la asistencia efectiva de los abogados que actualmente intentan acceder a verlos para intervenir en su defensa y en un contexto donde las personas detenidas continúan reclamando acceso pleno a garantías procesales básicas.

Acciones y gestiones en el plano diplomático

En el plano diplomático, representantes consulares de España e Italia realizaron nuevas visitas durante los últimos días, incluida una nueva visita italiana el pasado 10 de junio. Asimismo, los abogados privados designados para la defensa continúan realizando gestiones para garantizar el acceso efectivo al expediente y a las personas detenidas arbitrariamente.
Frente a esta situación límite, seguimos exigiendo con máxima urgencia el trabajo activo de las Autoridades de la Cancillería Argentina y de los gobiernos de todos los países involucrados. La protección de los ciudadanos en el exterior es una obligación urgente e indelegable. Exigimos acciones diplomáticas directas y coordinadas para la inmediata liberación de Lucas y Paula, así como de los demás voluntarios internacionales: Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos). Con este fin, ya se han activado las denuncias ante la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para forzar una intervención humanitaria inmediata.

Por eso, hoy más que nunca, es vital que sigamos dándole visibilidad a este caso. No vamos a normalizar que sigan encerrados. Cada acción, cada mensaje, cada publicación y cada denuncia en las calles y en las redes es la fuerza que los sostiene y aporta a la presión necesaria para traerlos de vuelta a casa sanos y salvos.

Lucas Aguilera y Paula Giménez formaban parte de una iniciativa internacional de carácter pacífico organizada para expresar solidaridad con el pueblo palestino y reclamar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Son integrantes de una misión humanitaria internacional cuya actividad se encuentra amparada por los principios del derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales de asociación, expresión y solidaridad internacional.

Es por eso que seguimos exigiendo:

• La inmediata liberación de Lucas, Paula y la totalidad de las y los voluntarios detenidos.
• Una visita humanitaria urgente y el ingreso inmediato de asistencia médica independiente para verificar el estado de salud de todos los detenidos.
• El fin de su aislamiento, la incomunicación y el hostigamiento psicológico al que están siendo sometidos.
• Que las autoridades de la Cancillería Argentina instrumenten un apoyo diplomático más decidido, desde el lugar de los hechos, acorde a la especial situación que dos connacionales atraviesan.

A 18 días de su detención ilegal, el mundo entero sigue mirando. No vamos a parar hasta que todos estén libres.

Compartimos el comunicado de la Global Sumud que detalla algunos otros elementos relacionados a la delicada situación judicial, diplomática y humanitaria a la que Lucas, Paula y los otros ocho detenidos están siendo sometidos:

La Flotilla Global Sumud exige la liberación de los 10 detenidos de la Caravana Terrestre de Libia tras la extensión de su detención en Bengasi

11 de junio de 2026 – Bengasi, Libia

La Flotilla Global Sumud (GSF) expresa una urgente preocupación diplomática y jurídica tras recibir información de que la detención de 10 voluntarios humanitarios de la Caravana Terrestre Global Sumud ha sido extendida por 30 días adicionales en Bengasi.

Los voluntarios se encuentran actualmente bajo custodia de la Agencia de Seguridad Interna del Este (ISA), un poderoso organismo de seguridad que opera bajo la autoridad de facto de las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF) en el este de Libia.

Según la información transmitida a través de canales diplomáticos, esta supuesta extensión de la detención genera serias preocupaciones respecto al manejo del proceso previo al juicio y a la ausencia de garantías procesales básicas. La GSF aún no ha recibido una confirmación oficial por escrito de la orden de extensión y está solicitando con urgencia la documentación legal correspondiente.

La decisión habría sido tomada sin la debida notificación a las familias ni a los representantes legales, y se produce después de una comparecencia previa ante el fiscal público realizada sin conocimiento de las familias o representantes de los voluntarios.

Esto no es una cuestión procesal menor. Se trata de la continua detención de voluntarios, incluidos médicos, que formaban parte de una misión humanitaria destinada a romper el asedio sobre Gaza y entregar ayuda al pueblo palestino. El uso de procedimientos legales opacos para prolongar su detención no hace más que profundizar la responsabilidad política de quienes los mantienen retenidos.

Aunque los informes diplomáticos indican que los voluntarios están recibiendo necesidades básicas, incluyendo alimentos y acceso a duchas, la GSF subraya que unas condiciones físicas mínimas no convierten una detención en legítima. La falta de comunicación consular regular, de claridad jurídica y de documentación oficial respecto a la presunta extensión de 30 días apunta a una grave vulneración de derechos humanos fundamentales.

Los gobiernos cuyos ciudadanos se encuentran entre los detenidos ya no deben tratar este asunto como un simple expediente consular. Deben actuar públicamente, con urgencia y de manera colectiva para asegurar la liberación y repatriación de estos civiles no violentos —profesionales de la medicina, trabajadores humanitarios, un cineasta y un periodista— detenidos después de intentar llevar ayuda a Gaza.

Cada día adicional de detención incrementa la responsabilidad política de las autoridades que los mantienen retenidos y de los gobiernos que tienen la capacidad de intervenir.