Humor en tiempos de pandemia

(Por Atilio A. Boron) Los envidiosos y resentidos críticos de quienes trabajaron arduamente para labrar una fortuna insisten en que Vicentín sea expropiada. Los más eminentes constitucionalistas de la Argentina consultados por la “prensa seria” del país insisten en que para avanzar por el camino de la expropiación hay que satisfacer complejos requisitos institucionales diseñados para salvaguardar la intangibilidad de la propiedad privada. Primero, la empresa debe ser declarada de utilidad pública por el Congreso de la Nación –proceso que puede durar años- y si así lo resolvieran los legisladores aquélla debe ser previamente indemnizada. Podría el presidente hacerlo por decreto,“ en casos urgentes”, pero obviamente el de Vicentín no entra en esa categoría. No hay ningún apuro. La urgencia la tienen los enemigos de la propiedad privada, nadie más.  Son muchos los letrados que tranquilizan al sobrio y refinado público de los medios tradicionales diciendo que la justicia está en marcha, que hay un concurso de acreedores abierto y que, legalmente hablando, la empresa ni siquiera está en quiebra. Por lo tanto, el decreto de intervención con promesa de expropiación  del 8 de junio del presidente Alberto Fernández fue apenas un ocasional desvarío, corregido con su reciente derogación.

 

Los astutos defensores de la (gran, y sólo de la gran) propiedad privada ocultan algunos inoportunos detalles sobre el caso Vicentín. No dicen, por ejemplo, que ese grupo empresarial cometió un gigantesco robo de guante blanco, y lo hizo sistemáticamente y en los últimos tiempos con la abierta complicidad de altos personeros del gobierno de Mauricio Macri. No se trata de una simple empresita en apuros, sino una organización delictiva que ha estafado, según consta en el concurso preventivo, a 2.638 personas de todo el mundo y por un total de poco más de 99.000 millones de pesos. Vicentín obtuvo, mediante trámites fraudulentos, préstamos del Banco Nación y con el cual tiene una deuda que asciende a las 18.182 millones de pesos. También le debe al Banco Provincia 1.814 millones de pesos, al brasileño Bradesco 770 millones y al Hipotecario 760 millones de pesos. Le adeuda al fisco argentino unos 9.000 millones de pesos. Pero, ¡atención!,  la suma de todos estos delitos de ninguna manera configura una situación de urgencia.

 

Alvin Hellerstein piensa distinto. Es el juez del Distrito Sur de Nueva York y con su anómala conducta de los últimos días confirma lo que muchos murmuran en Wall Street: es un hombre de Nicolás Maduro. El tal Hellerstein, seguramente que obedeciendo a una directiva de Caracas, está considerando una demanda contra el grupo Vicentín por una deuda de $33.137 millones de pesos que afecta a una serie de bancos y agentes internacionales. Entre ellos sobresalen la Corporación Financiera Internacional (entidad del Banco Mundial) al que el grupo le debe 273 millones de dólares y el FMO, el Banco de Desarrollo Holandés, con acreencias de unos 150 millones. El FMO es controlado por el Estado holandés –para su fortuna regido por una monarca argentina- en un 51 % mientras que el resto del capital lo aportan varios bancos holandeses y una pequeña fracción que retienen algunas asociaciones patronales, sindicatos, empresas holandesas y pequeños inversionistas marroquíes que venden hashis en la zona roja de Amsterdam. El muy chavista juez Hellerstein ordenó sin pruebas ab initio suficiente activar el proceso de «discovery» para identificar “la ruta del dinero” de las cuentas de todas las empresas de Vicentin Sociedad Anónima y del Vicentin Family Group. La razón: existen para ese juez mal juez (que hace que tanta gente extrañe la ecuanimidad de su predecesor, el finado juez Thomas Griesa) algunas sospechas de vaciamiento de la empresa, lavado de dinero, evasión fiscal y otras pequeñas transgresiones por el estilo como ser deudas a proveedores, a los casi dos mil agricultores que enviaron sus granos a la empresa y a los empleados que dejaron en la calle amén de otras minucias que ameritan iniciar el “discovery.”

 

De lo anterior se desprende que, con la Constitución y los Códigos en la mano, no ha lugar para un proceso expropiatorio de Vicentín. Ahora bien: los consultados reconocen que la iniciativa podría ser reflotada si se comprobase de modo fehaciente que el Grupo fue el instigador del asesinato de cinco directores del Banco Nación perpetrado en la misma sede de la institución en Plaza de Mayo; o en caso de que estuviera  probadamente demostrado que el grupo está involucrado en una red de trata de personas y de órganos infantiles se introducen ilegalmente en Estados Unidos con destino a burdeles y hospitales respectivamente; si se comprueba ante la Corte Penal Internacional que uno de sus principales accionistas planificó y ejecutó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, sitio al cual hay registros fotográficos que demuestran que el inculpado llegó a la escena del crimen con un avión de la empresa; si se verifica en sede judicial que el “Chapo” Guzmán es uno de los principales accionistas del Grupo Vicentín a través de “Órale” (no confundir con la tecnológica Oracle), una de las empresas fantasmas de su cartel dedicada a la fabricación de contenedores con nuevos materiales; si la justicia dictamina que tres de los contenedores que salieron con un gran cargamento de aceite de soja con destino a Shanghai se traspasaron a otro buque de carga más pequeño en Zemboatao (Filipinas) para dirigirse cargados de armas y uranio enriquecido a un oscuro puerto del río Taedong, cercano a Pionyang, la capital de la República Popular Democrática de Corea; si también en sede judicial se confirma  más allá de toda duda que uno de los directivos fundadores de la empresa fue quien invitó al exespía ruso Alexander Litvinenko a tomar el té en el lujoso Mandarin Oriental Hyde Park Hotel de Londres, ocasión en el cual introdujo en la tetera una letal dosis de Polonio 210, producido en la planta de la empresa en Avellaneda (la otra, la de la provincia de Santa Fe) ocasionándole la muerte. Esto requerirá, como es obvio, identificar la transferencia hecha por Vladimir Putin a favor del grupo como pago por el servicio prestado, o al menos un cheque u otro comprobante igualmente irrefutable. Y, por último, si se descubre un plan para secuestrar a Dylan con el propósito de subastarlo en el mercado de animales silvestres en Wuhan, China. Si se reúnen todas estas condiciones, dicen los sesudos constitucionalistas argentinos, entonces sí el camino hacia la expropiación de Vicentín estaría allanado, pero no antes. No se puede jugar con la propiedad privada, ¡caramba!

(Imágenes: Dylan, la mascota del presidente Alberto Fernández y funcionarios de la aduana del puerto de Zemboatao)