La “cuestión haitiana” siempre fue un tema extraordinariamente delicado
en la República Dominicana. Compartir una isla relativamente pequeña (76.500 km2)
con otra nación, Haití, portadora de otra cultura, otra lengua, otra
composición étnica y otra historia política (primera republica independiente al
Sur del Río Bravo, primera en abolir la esclavitud, etcétera) ha sido desde
siempre motivo de grave preocupación para la clase dominante dominicana y los
sectores integrados a su hegemonía. Por eso, estimular el chauvinismo y agitar
el fantasma del peligro de la “haitianización” del país fueron una constante
histórica a lo largo de casi dos siglos. Hay quienes dicen también que este conflicto
es más propio de las clases dominantes a ambos lados de la frontera que de los
pueblos, cosa que a primera vista parece bastante razonable. Más allá de ello,
lo cierto es que la RD es el único país de América Latina que celebra su
independencia no de España o Portugal sino de Haití, que ocupó la parte
oriental de la isla en 1822 y la mantuvo bajo su control hasta la derrota de
las fuerzas haitianas en 1844. Dados estos antecedentes es comprensible que
haya un legado de resentimientos y recelos de uno y otro lado,
pero que claramente nunca se convirtieron en
doctrina ni ideología hasta que dictadores y políticos de ambos lados de la
frontera cayeron en la cuenta de lo rentable que era podía ser agitar el
fantasma chauvinista. La xenofobia, el racismo y el clasismo coagulados en la
nueva legislación dominicana no alcanzan para ocultar la también larga historia
de solidaridad entre ambos pueblos en su común lucha contra las atroces dictaduras
de Trujillo y Duvallier, en contra de la ocupación norteamericana y más
recientemente, la demostrada en la República Dominicana con ocasión del
devastador terremoto que asoló Haití en 2010.

En todo caso, duele comprobar como en fechas recientes el antihaitianismo
se ha exacerbado peligrosamente, al punto tal que, como lo demuestra el
esclarecedor artículo de Matías Bosch Carcuro que pegamos a continuación, el
propio estado dominicano ha introducido en la Constitución aprobada en el 2010
una insólita cláusula por la cual priva de su nacionalidad a los nacidos en
este país de padres haitianos. Súbitamente, y sin previa discusión democrática,
el ius solis imperante desde siempre
fue reemplazado por el ius sanguinis
aplicado a los hijos de inmigrantes en situación irregular, en su abrumadora
mayoría de origen haitiano. Para colmo de males, una resolución del Tribunal
Constitucional del año 2013 acentuó el carácter discriminatorio de aquella
norma retrotrayendo su eficacia a todos los nacidos con posterioridad al año
1929. Este verdadero mamarracho legal, que entre otras cosas lesiona el
principio de la irretroactividad de la norma jurídica y arroja por la borda la
igualdad ante la ley, fue apelado por varios miles de dominicanos, de padres
haitianos. Al no ser escuchadas sus demandas elevaron el caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la que comprensiblemente falló a favor de
los demandantes. Pero, en un gesto de preocupante irresponsabilidad algunas
autoridades dominicanas declararon desafiantes que no cejarían en sus esfuerzos
por garantizar la “limpieza étnica” a la cual quieren someter al país (aunque,
por supuesto, se abstengan de utilizar tan antipática expresión para
caracterizar sus actuaciones) y haciendo caer a la RD en la categoría de un
“estado fallido” que no sólo viola a conciencia la legalidad internacional y un
fallo de la CIDH que debería ser vinculante para el país sino que, más encima,
se ufana de ello. 



Tuve ocasión de conversar con varios jóvenes dominicanos
afectados por esta situación, que de golpe se convierten en “apátridas” a pesar
de haber nacido en el país y tener en regla los documentos pertinentes. Una
situación insostenible que, tal vez, no sería raro ver que se potencie como
producto de la inminencia de las elecciones presidenciales tanto en RD como en
Haití (el 15 de Mayo del 2016 y el 25 de Octubre de este año, respectivamente),
y donde agitar este tipo de iniciativas suele ser útil para encubrir temas que
no quieren ser expuestos ante la opinión pública, o para distraer al electorado
o para movilizarlo detrás de consignas chauvinistas que siempre tienen una
cierta eficacia electorera en el corto plazo, aunque luego crean más problemas
de los que intentan resolver. La privación de la nacionalidad no sólo es una tremenda
injusticia sino también un crimen condenado por toda la legislación
internacional. Sólo cabe esperar que las autoridades dominicanas sean capaces
de reflexionar sobre los gravosos alcances de estas políticas en el plano
doméstico y el costo que el aislamiento internacional resultante de aquellas
tendría sobre este país y, en consecuencia, rectifiquen el rumbo antes de que
sea demasiado tarde.

____________________

«¿Y si Donald
Trump impone en EE.UU. una sentencia como la 168-13 del T.C. dominicano?»
Por Matías
Bosch Carcuro


Recientemente
Donald Trump lanzó una propuesta que causó alarma en muchos sectores: nada más
y nada menos que modificar la Constitución de Estados Unidos (
Enmienda XIV) con el único objetivo de que los(as) hijos(as) de inmigrantes que no
estén documentados no tengan derecho a ser estadounidenses por nacimiento. Su
discurso agita el supuesto “peligro” de que el país se está llenando de
inmigrantes, especialmente latinoamericanos, y que sus hijos tienen plenos e
iguales derechos como cualquier otro nacido en Estados Unidos, de acuerdo a la
Constitución. Actualmente se cuentan en ese país unos 11 millones de
inmigrantes no autorizados.
Al hacer esa
propuesta, Donald Trump tal vez se entere de que en su pequeña vecina República
Dominicana tiene una formidable referencia para su nueva idea, e incluso
llevarla a cabo con más fundamentalismo y extremismo en caso de ganar la
presidencia.
Sí, porque en
2010 la nueva Constitución dominicana incorporó la misma cláusula que propone
el multimillonario pre-candidato. Y hace exactamente dos años, Milton Ray
Guevara y el Tribunal Constitucional dominicano fueron mucho más lejos.
Violando la carta magna actual y las anteriores, produjeron la sentencia 168-13
que llevó la norma de 2010 81 años hacia atrás, decidiendo que todo dominicano
hijo(a) de inmigrantes indocumentados y que haya nacido desde 1929 en adelante,
DEJABA DE SER lo que era: DOMINICANO, tuviera o no papeles que así lo
consignaran. Todo esto en aras de, supuestamente, “defender la nacionalidad” e
impedir que la nación sea “fusionada”, “destruida” o “diluida”. Las
consecuencias de esto en la vida de miles y miles de compatriotas son aún
incalculables, y va quedando claro que la ley 169-14 creada para subsanarlo no
ha logrado el efecto esperado.  
Hagamos un
ejercicio de imaginación ¿Qué pasaría con nuestros hermanos dominicanos en
Estados Unidos si Trump lograra ganar y seguirle la corriente a Milton Ray
Guevara, el T.C. dominicano y los promotores quisqueyanos de la limpieza
étnica-clasista, reproduciendo allá la estrambótica medida impuesta en R.D.?
Antes de dar
una respuesta, ayudémonos de algunos datos:
  1. En 2009, el 73% de los dominicanos que vivían fuera del país estaba
    en Estados Unidos. En 2008, 851,754 eran dominicanos inmigrantes de
    primera generación (52%) y 616,787 (42%) de segunda generación, es decir
    nacidos en Estados Unidos. Valga decir que sin haber una frontera
    terrestre ni archi-desorganizada como la que hay entre R.D. y Haití, los
    inmigrantes dominicanos en EE.UU. duplican la cantidad de inmigrantes
    haitianos que se detectaron en R.D. en el Censo 2010 y la Encuesta
    Nacional de Inmigrantes de 2012. Asimismo, los hijos de dominicanos
    nacidos en Estados Unidos por lo menos triplican la cantidad de hijos de
    uno o de ambos padres haitianos que viven en República Dominicana.
  2. En el mismo 2009, la población dominicana en Estados Unidos llegó a
    ser una de las cinco más importantes entre la población hispano-latina en
    ese país, pasando de 1,041,190 integrantes (año 2000) a 1,468,542 (2008).
    Esto es un aumento espectacular de 41% en tan sólo ocho años. La edad
    promedio de los dominicanos era 29 años, tanto en Estados Unidos como en
    la ciudad de Nueva York, donde a la fecha vivía el 41% del total.
  3. Entre 1961 y 2009, las autoridades norteamericanas admitieron en su
    territorio a 1,095,976 dominicanos y dominicanas inmigrantes documentados,
    de los cuales la inmensa mayoría (854,549) llegó y fue aceptada entre 1981
    y 2009. Es decir ha habido un éxodo masivo impresionante, que cubre tanto
    épocas de crisis como de supuesto auge económico en R.D.
  4. En 2005 el total de dominicanos de primera generación era 739,802 y
    el 45.7% de ellos se había naturalizado estadounidense, cambiando su
    nacionalidad dominicana por la de EE.UU., con iguales condiciones y
    privilegios que cualquier otro de “nacimiento”. Es decir, el éxodo masivo
    ha sido también una numerosa incorporación al estatus de estadounidense
    como opción de muchos dominicanos, más allá de la mera residencia
    permanente o temporal, y no han encontrado trabas de índole “anti-fusión”.
  5. Ese éxodo y asimilación a la sociedad norteamericana no ha sido
    idílico ni de cuentos de hadas. Entre 1983 y 2004, es decir en 21 años, la
    Guardia Costera de Estados Unidos reportó haber detenido 25,724
    dominicanos intentando llegar por mar a Puerto Rico. Esto es, todos aquellos
    que no lograron llegar a Borinquen y no naufragaron ni desaparecieron en
    el mar, cuya cifra es absolutamente desconocida.
  6. En el mismo ámbito de la inmigración irregular, al contrastar los
    datos de las personas admitidas legalmente y los dominicanos inmigrantes
    contados en Estados Unidos hasta 2009, hay una diferencia de 224,221, que
    probablemente haya que reputar como inmigrantes no autorizados o
    indocumentados. Un levantamiento de información en 2013 estimó la
    población dominicana irregular en 194,156 compatriotas. Estamos diciendo
    que alrededor de un 25% de los dominicanos que residen en Estados Unidos
    han estado viviendo allí en condición de indocumentados. Al comparar,
    resulta que República Dominicana se ubica en el número 6 entre los 25
    países con más población inmigrante indocumentada en Estados Unidos, por
    encima de Haití, Jamaica, Nicaragua, y países tan grandes como Argentina,
    Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, por mencionar sólo países
    latinoamericanos.
  7. Esta inmigración masiva de dominicanos, incluyendo la de tipo
    irregular, tiene una naturaleza eminentemente económica y social. Los
    migrantes dominicanos han logrado cosas importantes para sus
    hijos. Apenas el 18.8% de los dominicanos de primera generación han
    alcanzado un grado universitario, el 41.9% no ha podido completar la
    secundaria y el 53% tiene un trabajo de salario bajo. Pero los hijos de
    dominicanos nacidos en Estados Unidos duplicaron el logro de sus padres,
    con un 36.5% que ha logrado la educación superior y un más bajo 29% que se
    ubica  en trabajos de salario bajo. No obstante lo anterior, los
    dominicanos vistos como conjunto (nacidos en República Dominicana o en
    Estados Unidos) viven en condiciones de desigualdad y pobreza. Mientras
    que el ingreso en los hogares dominicanos apenas superaba los 13 mil
    dólares per-cápita en 2005, el de los hogares de blancos no hispanos era
    de 28 mil dólares, y el promedio en la ciudad de Nueva York alcanzaba los
    24,443 dólares. Casi el 60% de los dominicanos de 1era y 2da generación
    carecía de un seguro médico.
  8. La lucha de los
    inmigrantes no es sólo por su gente “allá”, sino también por la de “aquí”.
    En 2013, los dominicanos mandaron al país
    remesas por 4200 millones de dólares, de los cuales un 63% fue recibido
    desde Estados Unidos y Puerto Rico. Para comparar, en 2010 todos
    los haitianos que viven en el exterior mandaron a su país 1300
    millones de dólares. Nuestros compatriotas en EE.UU. y Puerto Rico mandan
    cada año a sus familias en R.D. mucho más dinero que todo el 4% del PIB para
    la educación.
Miremos los
datos antes mencionados. Ahora consideremos que un 25% de los inmigrantes
llegados desde República Dominicana son indocumentados y –especulando un poco-
supongamos que son padres de un 25% de los dominicanos nacidos en Estados
Unidos, cuya nacionalidad estadounidense ha sido adquirida por nacimiento sin
importar la condición migratoria de sus padres, tal y como dicta la
Constitución de EE.UU. y dictaba la de R.D. antes de 2010, lo cual no debió ser
violando por ningún tribunal ni activista de la limpieza étnica-clasista.
Supongamos
ahora que Donald Trump logra ganar las elecciones y sigue el ejemplo de los
supuestos nacionalistas dominicanos, esto es modificar la ley fundamental de
Estados Unidos en cuanto a la nacionalidad y, además, hacerlo retroactivamente
como la sentencia 168-13. Pues de un sopetón, 158,197 hijos de dominicanos hoy
estadounidenses de pleno derecho, que estudian, trabajan, envían dinero a sus
familiares, son menos pobres que sus padres y prosperan, serían  despojados
de su nacionalidad, su identidad y su derecho a una vida digna. Tal y como ha
pasado con miles y miles de dominicanos(as) víctimas de las medidas que se les
vienen aplicando desde hace casi 20 años y la arbitraria sentencia 168-13.
Es duro
imaginar esto y que, para rematar, Donald Trump, siguiendo la línea de su par
dominicano don Milton Ray y demás fanáticos defensores de la desnacionalización
en masa en R.D., diría a todos nuestros hermanos afectados por esa acción: “No
se quejen y váyanse a reclamar a otro lado. Vayan a pedir auxilio donde
nacieron sus padres. Eso es problema de ustedes. A nosotros nos da igual la
Constitución, la irretroactividad de las leyes y los Derechos Humanos”. Imagino
que Trump también diría muy orondo y orgulloso que está “defendiendo la
nación”, impidiendo que los Estados Unidos se “dominicanicen”,
 protegiendo al país de “invasores” dominicanos y que quien protesta lo
hace porque es parte una “conspiración internacional”.
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif