Reproducimos
a continuación una esclarecedora nota de Sally Burch, de ALAI, en torno al tema
de los paraísos fiscales y la fuga de capitales. Sobre un Producto Bruto
Mundial del orden de los 71 billones de dólares (o sea, 71.000.000 de millones
de dólares) los capitales fugados y refugiados en “paraísos fiscales” (la mayor
parte de los cuales se localizan en los países del capitalismo avanzado o en
sus dependencias coloniales) ascienden a una cifra que oscila entre 21 y 32
billones de dólares, según los cálculos y como se explica en el artículo de
Burch, es decir, entre aproximadamente un 30 y un 40 porciento del PIB mundial. ¡Un verdadero despojo de nuestros pueblos, convalidado y “legalizado”
por las instituciones financieras internacionales y los estados capitalistas de
todo el mundo! Léalo, indígnese y súmese a quienes decimos que para acabar con
este saqueo no basta con salir del neoliberalismo. Hay  que salir del capitalismo. Dentro de él no
habrá solución a estos flagelos.


Los paraísos fiscales y la fuga de capitales
Sally Burch

ALAI AMLATINA, 30/10/2012.- Un estudio sobre los
paraísos fiscales(1) que publicó en semanas recientes el Tax Justice
Network
 –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la
evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se
había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los
problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por
ende contribuye a agudizar la pobreza.

El estudio hace un estimado –que considera
conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se
encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales)
-donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-,
fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea, millones de millones).  De este total, alrededor de un tercio, esto es
entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, provendría de 139 países de bajo o mediano
ingreso. Es más, el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países,
que incluye a Brasil, México, Venezuela y Argentina. Se trata principalmente de
rentas financieras acumuladas desde los años ’70 por las élites privadas de
estos países, y que no se han registrado en sus países de origen. Estas cifras
abarcan solo los activos financieros; no se ha calculado otro tipo de
inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces, yates, etc.
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Al hacer un balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte
de los países considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si
estos recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero. En efecto, los
139 países mencionados, que incluyen a todas las principales economías en
desarrollo, “registraban una deuda externa bruta agregada de US$ 4,08 billones
en 2010”. Al restar las reservas en el exterior de estos países, invertidas
mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se constata que “su deuda
externa neta agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010”.
De allí se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema
offshore, estos países supuestamente endeudados, “no tienen nada de deudores:
son prestamistas netos, del tenor de $10,1 a $13,1 billones”.


El problema, sin embargo, es que “los activos de estos países están en manos de
un pequeño número de individuos ricos mientras que las deudas recaen en la
gente ordinaria de estos países a través de sus gobiernos”.


La pérdida en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta las
ganancias no declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970,
la pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7
billones, estima el estudio.


El TJN -red internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en el
Reino Unido- desarrolló una metodología nueva para hacer estos cálculos, que
estima mucho más verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente
las instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte
crítica a estos organismos, pues, “han prestado una mínima atención a este
‘agujero negro’ de la economía global”, siendo que ellos “tienen un acceso fácil
no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos primarios
que se requieren para cuantificar con más precisión las dimensiones de este
problema”. Y pregunta: “¿Por qué se hacen la vista gorda?”


La pérdida para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le sumamos el
hecho que la mayoría de acuerdos de inversión extranjera –incluidos los TLCs-
se acompañan de acuerdos de doble imposición. Estos acuerdos generalmente
prevén que los inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen,
y no en el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con
los cuales realizan sus ganancias. Muchas veces, mediante subterfugios como la
subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, estas
empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se produce una
doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos fiscales.


Cambiar los esquemas de negociación


Una cosa es reconocer el problema pero otro es lo que los países latinoamericanos
puedan hacer para comenzar a solucionarlo. En entrevista con ALAI, David
Spencer, abogado norteamericano especializado en legislación financiera y
asesor de TJN, opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región
podría mejorar su capacidad de negociación. Considera que UNASUR, por ejemplo,
podría intensificar esfuerzos en este sentido. A la vez, le llama la atención
la escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el G77, para abordar
este tema ante las instancias correspondientes de la ONU. Una de las soluciones
que sugiere Spencer es insistir que los centros financieros provean información
a otros países sobre los activos que sus residentes mantienen en su sistema
financiero.


El abogado reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de las
economías avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas “se
benefician enormemente de este flujo de capitales hacia sus instituciones
financieras: del City Bank en Nueva York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan
Bank a Morgan Panamá, por ejemplo. Estas instituciones financieras dependen
fuertemente de los depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el
flujo de fondos”; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para
que las cosas no cambien.


La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa
a las principales economías desarrolladas) en principio ha expresado
preocupación por esta fuga de capitales; pero poco ha hecho para impedirla.
Spencer reconoce que la OCDE estableció una especie de «lista negra»
de 40 países considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que
un país sea borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de intercambio
de información. Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue firmar acuerdos
entre ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.


Spencer señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a EEUU,
por ejemplo, también le interesa obtener información tributaria sobre sus residentes
con activos en América Latina. Entonces esto hace posible establecer acuerdos
de intercambio de información fiscal. En cambio resulta mucho más complejo
hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se aplican las mismas reglas. Y de
hecho, gran parte de los fondos regionales sustraídos se encuentran en países
como las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o
Panamá.


Para TJN, la búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y la
evasión fiscal debería constar entre las primeras prioridades de las políticas
mundiales de reducción de la pobreza.

– Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.

(1) James S. Henry, The Price of Off-shore
Revisited, Tax Justice Network, Julio 2012. 
http://tjn-usa.org/storage/documents/Price_of_Offshore_Revisited_72612.docx

URL de este artículo: http://alainet.org/active/59232

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