Más allá de su escandalosa complicidad con los fondos buitre hay que recordar que todo el aparato institucional y jurídico de Estados Unidos y, por extensión, la normativa que prevalece en gran parte de la economía mundial tiene por objetivo garantizar la reproducción ampliada del capital y, sobre todo, de su fracción hegemónica: el capital financiero. Si no hubiera sido Griesa otro juez habría hecho lo mismo. 

El reciente libro de Nicholas Shaxson, Las Islas del Tesoro (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014) demuestra que es absolutamente imposible entender al capitalismo contemporáneo al margen de la ilegalidad (aparte de la inmoralidad) institucionalizada en los «paraísos fiscales», en realidad, «guaridas fiscales» en donde se blanquean las exorbitantes ganancias producto de sus operaciones especulativas y sus fraudulentas maquinaciones. Dice Shaxson en las páginas iniciales de su libro: «Nadie ha refutado la afirmación de que Gran Bretaña está posada como una araña en el centro de una vasta telaraña internacional de paraísos fiscales, desde donde atrapa billones de dólares en forma de negocios y capitales provenientes de todo el mundo para encauzarlos hacia la City de Londres. … Nadie niega que Estados Unidos se haya convertido en un gigantesco paraíso fiscal. … nadie ha logrado siquiera aproximarse a refutar la investigación o el análisis que pone en evidencia la vertiginosa escala del daño que han causado al mundo esas guaridas libertarias y elitistas, infestadas de delincuentes, que actúan como silenciosos arietes de la evasión fiscal y la desregulación financiera.» (p. 14) Si, como lo prueba irrefutablemente Shaxson, «Estados Unidos es un gigantesco paraíso fiscal» es ingenuo esperar una respuesta distinta de la que produjo Griesa. El accionar de los fondos buitre expresa fielmente las reglas del juego imperantes en esas guaridas de bandidos y tahúres. La respuesta del gobierno argentino debe, por lo tanto, sortear el tramposo laberinto legal norteamericano dentro del cual no hay alternativas. La respuesta debe ser política, denunciando la legalización del saqueo que cometen los fondos buitre y fijando una estrategia de reafirmación de la soberanía nacional para enfrentar su chantaje. Claro que esto exigirá, en el plano doméstico, reorientar la política económica en una dirección congruente con ese objetivo, lo que implica, entre otras cosas, llevar adelante una profunda reforma tributaria que grave las enormes ganancias del capital más concentrado (ese que, según la presidenta, «la junta con pala»), derogar la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, la Ley de Inversiones Extranjeras de Cavallo, restablecer los aportes patronales eliminados bajo el gobierno de Menem, nacionalizar el comercio exterior y poner en marcha una política heterodoxa de combate a la inflación que preserve el poder de compra de los asalariados y evite que la vaporización de la inversión social. Sin esta reorientación de la política económica no habrá posibilidades de sortear la grave amenaza que plantea la extorsión de los fondos buitre, legitimada por todo el aparato legal e institucional norteamericano.