(Por Atilio A.
Boron) Pasaron poco más de seis meses desde el histórico anuncio realizado
conjuntamente por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro el 17 de Diciembre
pasado. Dado que no es Cuba quien ha acosa a Estados Unidos sino Washington
quien bloquea a la isla caribeña parece oportuno indagar sobre lo ocurrido con
esa política, que viene siendo repudiada por la comunidad internacional con
cada vez mayor fuerza. Al hacerlo, no deja de sorprender que en lo tocante al
bloqueo la situación permanece sin mayores cambios. Han habido varias rondas de
conversaciones tendientes a normalizar las relaciones cubano-americanas pero,
hasta ahora, los gestos y las decisiones concretas que tiene que tomar la Casa
Blanca han sido escasas y de poca monta. Peor aún, el día previo al del anuncio
el Departamento del Tesoro sancionó al Commerzbank de Alemania con una multa
cercana a los mil millones de dólares por realizar operaciones financieras con
Cuba. La decisión de eliminar a ese país de la lista de países patrocinadores
del terrorismo -lugar en el que había absurdamente sido incluida desde los años
de Ronald Reagan, en 1982- puede facilitar el relanzamiento de las relaciones
económicas pero, hasta ahora, es muy poco lo que se ha hecho. 


       Del lado norteamericano se dice
que el Congreso no acompaña a las políticas de la Casa Blanca y que obstaculiza
el avance del proceso de normalización. Sin embargo, un equipo de abogados
estadounidenses ha demostrado que existe un amplio campo de atribuciones en
manos del ejecutivo y que si Obama quisiera podría impulsar algunas decisiones
que reducirían significativamente los perniciosos efectos del bloqueo. A título
meramente ilustrativo argumentan que podría autorizar el establecimiento de
conexiones aéreas regulares servidas por transportadores de Estados Unidos y
Cuba; o que los visitantes norteamericanos a la isla pudieran traer de regreso,
para uso personal o como regalos, toda clase de bienes producidos sin
limitaciones discriminatorias (en relación a lo permitido para otros países) según
el tipo de artículos (ron, tabaco, etcétera) o el valor de los mismos;
posibilitar el establecimiento de relaciones de corresponsalía entre
instituciones bancarias de ambos países; eliminar o atenuar, para ciertos
productos estadounidenses, la necesidad de que Cuba pague sus compras “en
efectivo y por anticipado”; autorizar el uso de dólares norteamericanos en las transacciones
comerciales que realicen las empresas cubanas y facilitar las operaciones de “clearing” a través del sistema bancario
estadounidense; suprimir la política de “veto a Cuba” en las instituciones
financieras internacionales a la hora de aprobar créditos o donaciones a la
isla; abolir la prohibición que impide a barcos que hayan transportado cargas
desde o hacia Cuba a amarrar en puertos de los Estados Unidos antes de 180 días
después de abandonar un puerto cubano, así como autorizar a navíos que
transporten bienes o pasajeros hacia o desde Cuba ingresar a puertos de los
Estados Unidos; otorgar una licencia general que permita el flujo sin límites y
frecuencias de remesas destinadas a individuos u organizaciones no
gubernamentales radicadas en Cuba, incluyendo pequeñas granjas; facilitar la
exportación de equipos informáticos y software de origen estadounidense a Cuba,
así como materiales dedicados al desarrollo de la infraestructura de
telecomunicaciones; autorizar a ciudadanos de Estados Unidos a recibir
tratamientos médicos en Cuba, la exportación de medicinas, insumos y equipos
para la atención de pacientes cubanos o para facilitar la  producción biotecnológica de la isla y
permitir el ingreso a Estados Unidos de medicamentos cubanos para su venta en
ese país. Este listado, que podría extenderse con muchas otras medidas, es
suficientemente ilustrativo de que es posible aminorar el criminal impacto del
bloqueo si hubiera la voluntad política de sentar sobre nuevas bases las
relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La gran pregunta es: ¿por qué no lo
hace?
     Podría conjeturarse que la pasividad
de Obama es una estrategia para debilitar a Cuba y negociar desde una posición
de fuerza la normalización de las relaciones diplomáticas; o para apaciguar a
sus críticos de derecha, tanto dentro de su propio partido como entre los
republicanos; o que la maquinaria burocrática del estado impone ritmos y erige
limitaciones a lo que el ocupante de la Casa Blanca quiera hacer, como lo
demuestra su incapacidad para cerrar la cárcel de Guantánamo a pesar de sus
promesas de campaña; o una combinación de todo lo anterior. Pero lo cierto es
que, cualesquiera que fueren las razones por las que Obama no hace uso de sus
atribuciones, el bloqueo sigue su curso ocasionando graves daños a la economía
cubana y provocando crueles sufrimientos a su población. Tal vez en el fondo de
esta política se encuentre la ilusión de que la permanencia del bloqueo y la
irritación que este produce precipitarán un estallido de protesta popular que ponga
fin a la revolución cubana. Hace más de medio siglo que Washington adhirió a
esa estúpida creencia, refutada por la historia, pero sabemos que una de las
cosas que distingue al imperio es su enfermiza obcecación por apoderarse de
Cuba, una ambición hecha pública en los albores de la república norteamericana
por John Adams, el segundo presidente de ese país, cuando en Junio de 1783
declaró la necesidad de anexar la isla caribeña a los Estados Unidos. Dado que
Obama aclaró que la normalización de relaciones bilaterales no significa que su
país abandone la idea de producir un “cambio de régimen” en Cuba para, según
él, facilitar el advenimiento de la democracia y la libertad en la isla –preguntemos:
¿como en Libia, Irak, Siria, Honduras?-, no sería de extrañar que su actitud
fuera expresión de aquella prepotente necesidad sentida por Adams hace ya más
de dos siglos y que el actual ocupante de la Casa Blanca no se atreve a
desechar pese a su inmoralidad y a su insalvable anacronismo. A seis meses del
anuncio del 17 de Diciembre pasado Obama podría haber hecho algo más. Aunque
nomás sea por respeto a sus propias palabras.