(Por Atilio A.
Boron)  A diferencia de otros países de América Latina, la historia
económica argentina presenta como uno de sus rasgos más distintivos la
periódica aparición de restricciones en el sector externo ocasionadas por la
escasez de dólares para sostener las necesidades de la importación y, en
mucho menor medida, el
ahorro de las capas medias. En estos días se ha conocido, si bien no de manera
oficial y explícita, que el puñado de gigantescas cerealeras que controlan la
producción y exportación de granos y oleaginosas de este país sólo han procedido
a vender poco más de la tercera parte de la última cosecha: un 37 por ciento.[1]
En otras épocas a esta altura del año ya habían liquidado las dos terceras
partes, pero esta vez tal cosa no ocurrió. Al actuar de esta manera las multinacionales
dominantes en el sector han disminuido significativamente el aporte de dólares
a la economía argentina que, como es bien sabido, ha sufrido en las últimas
décadas un acentuado proceso de internacionalización y de concentración en
manos de grandes oligopolios extranjeros, todo lo cual intensifica la demanda
de la divisa estadounidense en las más diversas ramas de la actividad económica.
            Son
varios los factores de orden especulativo que explican esta conducta. En primer
lugar, al promover una devaluación del peso se aumenta la rentabilidad de los
sectores agrarios, mecanismo archiconocido y archiprobado para propiciar una
transferencia de ingresos desde asalariados y consumidores hacia el capital más
concentrado y sus aliados.
Los “agronegocios” comandados
por las megacerealeras, con Cargill a la cabeza, y sus socios terratenientes
adoptaron esta conducta acicateada por todos los informes técnicos que
pronosticaban la continuidad de la tendencia bajista de la soja y como una
manera de resarcirse de las pérdidas que aquella podría ocasionar con una
fuerte devaluación del peso. Ante ella había otra alternativa: vender lo antes
posible y evitar un mayor deterioro del precio de la oleaginosa. Pero optaron
por retener sus ventas, estimulados por los consejos de los desprestigiados
“gurúes” de la citi porteña que aconsejaron no vender la cosecha porque la
devaluación del peso sería inminente. Este comportamiento demuestra la falsedad
de las afirmaciones que aseguran que “el campo está endeudado”, como dicen sus
apologistas, porque si lo estuviera sus agentes venderían la totalidad de la
cosecha para salvar sus deudas. Y se demuestra asimismo el carácter fuertemente
especulativo del comportamiento del complejo del “agronegocios” y, por otra
parte, la incomprensible indefensión en que se encuentra el estado nacional
ante sus maniobras que lo convierten, de hecho, en un factor de
desestabilización económica al imponer una política como la devaluación del
peso, contraria a la promovida por el gobierno nacional.[2]
        En otras palabras, la estructura y
lógica de funcionamiento del sector agrario muestra la existencia de una
coalición dotada de una formidable capacidad de extorsión sobre el gobierno
nacional. En el centro de esta telaraña de intereses rurales se encuentra un
puñado de gigantescos oligopolios entre los que sobresalen, aparte de la ya
mencionada Cargill,  Bunge, ADM, Louis
Dreyfus Commodities, AGD, Molinos Río de la Plata, Nidera, Molino Cañuelas, Los
Grobo Agropecuaria y Aceitera General Deheza. El segundo círculo de esta
alianza lo conforman una vieja y nueva gran burguesía terrateniente (esta
última, procedente del intenso proceso de desmonte y ampliación de la frontera
agrícola y la desposesión de las comunidades tradicionales y los pueblos
originarios); y el tercero es un vasto pero decreciente, debido al veloz
proceso de concentración de la propiedad fundiaria, conglomerado de medianas y
pequeñas propiedades agrícolas atrapadas por una formidable revolución
tecnológica que las ata de pies y manos al grupo de empresas multinacionales
dominantes del complejo. Este núcleo hegemónico asienta su primacía por su
colosal dimensión empresarial, de alcance planetario; porque detenta el
monopolio de la tecnología alimentaria de última generación y porque tiene en
su poder la llave que abre la puerta de los mercados mundiales y, por eso, está
en condiciones de fijar el precio de los granos, de conceder préstamos a los sectores
más débiles del complejo –desplazando progresivamente de esa función al Banco
de la Nación Argentina y otras entidades bancarias y abriendo un potencial
frente de conflicto entre los “agronegocios” y el sistema bancario en la
disputa por la renta financiera-, de transportar y acopiar su cosecha y de
proveerles el paquete tecnológico, las semillas, fertilizantes y pesticidas
para comenzar la siguiente campaña. El sector hegemónico de esta alianza es, de
lejos, la que se lleva la parte del león de la rentabilidad del sector: vende
en el exterior, percibe dólares por sus operaciones y sus gastos locales
(sueldos, combustibles, transporte, instalaciones, impuestos) se abonan en
pesos.
        A diferencia de Chile, en donde los
ingresos del principal producto de exportación, el cobre, van a parar al fisco;
o de Venezuela, en donde el producido por la exportación petrolera pasa
directamente a las arcas del estado, en la Argentina los ingresos de las
exportaciones agropecuarias (y las mineras) quedan en manos de empresas
privadas y extranjeras. En menor medida esto también se reproduce con las exportaciones
industriales. El resultado de esta infeliz ecuación es que las divisas que el
país necesita para motorizar su desarrollo, promover el avance industrial,
financiar sus programas sociales y satisfacer la demanda interna de dólares
está sujeta al arbitrio de un puñado de grandes multinacionales.
Ante
ello, la única alternativa razonable para enfrentar la crisis del sector
externo es la nacionalización del comercio exterior mediante la creación de una
aggiornada” Junta Nacional de Granos
que asuma el control de las exportaciones agropecuarias de la Argentina y corte
de raíz el chantaje al que el estado nacional se ve sometido por las
multinacionales del “agronegocios”. Organismos de este tipo existen en países que
para nada pueden ser acusados por los representantes del “campo” como
“populistas”. Nos referimos a Australia, Nueva Zelandia y Canadá, que tienen instituciones
de este tipo para regular y monitorear todo lo concerniente a la producción y las
exportaciones agropecuarias. Como es bien sabido la Argentina tenía una agencia
de este tipo desde 1933, y sobrevivió con distintas restructuraciones y nombres
hasta que el gobierno de Carlos S. Menem dispuso la disolución de la misma con
el Decreto 2294 de 1991. Desde entonces las actividades regulatorias que antaño
ejercía la JNG no desaparecieron, como dicen los apologistas de la
desregulación, sino que fueron privatizadas y quien hoy ejerce esas funciones
de regulación son las multinacionales cerealeras, lo cual constituye un
tremendo disparate. Es decir, se pasó de un control público condicionado por
los mecanismos democráticos de la república, a otro de carácter privado,
absolutamente descontrolado y que se mueve en función de una estrategia mundial
de maximización de beneficios. Y, por eso mismo, esas multinacionales son las
que tienen la capacidad para decidir, vía su control de las exportaciones y su
estrategia de ventas, cuál será la oferta de dólares con que contará la
economía argentina y si esta puede avanzar por la senda del crecimiento o,
producto de un estrangulamiento originado en el sector externo, hundirse
progresivamente en la recesión.

Por
eso, y tal como lo decíamos en un trabajo anterior, la estatización del
comercio exterior no puede ser una medida aislada.[3]
Por el contrario, se  necesita un enfoque
integral dado que, a diferencia de la vieja JNG, debe:
(a)     incluir bajo su jurisdicción a toda la
cadena de producción y  comercialización
del sistema agroalimentario, hoy controlado por las multinacionales, lo que
debería rematar en la creación de una Junta Nacional Agroalimentaria, con las
salvedades que plantearemos más abajo;
 (b) examinar y promover una reforma impositiva
 especialmente diseñada en función de las
nuevas realidades del capitalismo agrario y que permita poner en marcha un
eficaz sistema de control que evite las sobre y sub facturaciones de los
distintos componentes del “agronegocios”; y, finalmente,
(c)
re-estatizar los puertos de la Hidrovía Paraná-Paraguay, privatizados por el
menemismo y que constituyen verdaderos “estados dentro de un estado” que se
prestan para toda clase de maniobras fraudulentas del complejo sojero-cerealero.
Estas
medidas deben ser puestas en práctica con la mayor celeridad, porque el ritmo
de la crisis no tolera dilaciones. Por supuesto, las mismas requieren de imaginación,
solvencia técnica y experiencia práctica. No se trata de resucitar la antigua
Junta Nacional de Granos o al Instituto Argentino para la Promoción del
Intercambio, el IAPI de la época del primer peronismo, porque el capital ha
creado nuevos instrumentos financieros (compraventa a futuro, swaps, derivativos, etcétera) y la tecnología
importantes innovaciones (como el silo bolsa, para citar sino un ejemplo, que
independiza al productor del riesgo que se le arruine la cosecha a la vez que le
permite postergar su venta hasta que el precio sea conforme a sus expectativas)
todo lo cual exige de dispositivos muchos más sofisticados que antaño para
asegurar el control público de la riqueza originada en el sector agrario.
De
lo anterior se desprende la necesidad de concebir una agencia estatal que
regule a la totalidad del sistema agroalimentario del país, desde su origen
hasta su comercialización minorista, algo bien diferente a la JNG o el IAPI. A
tales efectos será decisivo, para garantizar la viabilidad práctica de esta
iniciativa, convocar a un gran movimiento popular capaz de construir un
instrumento político que respalde esas iniciativas y otras más encaminadas a
redefinir por izquierda el rumbo de la economía argentina: además de la
largamente demorada reforma tributaria la elaboración de una efectiva política
anti-inflacionaria que resguarde los ingresos de los asalariados y un
replanteamiento radical de las políticas destinada a preservar la soberanía
efectiva, no meramente retórica, sobre los bienes comunes de nuestro país,
sobre todo en el sector minero e hidrocarburífero. Una convocatoria popular sin
sectarismos, soberbias burocráticas o desmovilizadores verticalismos porque, de
lo contrario, la respuesta de las clases y capas populares será una mezcla de
impotencia, miedo paralizante ante la clara percepción del escarmiento que se
cierne sobre ellas y, en algunos casos, indiferencia, mezcla que mucho tuvo que
ver con el funesto desenlace sufrido por los gobiernos peronistas en 1955 y en
1976. Una decisión tan crucial e impostergable como la estatización del
comercio exterior, cualquiera que sea su forma legal y jurídica, es antes que
nada un hecho político que no puede ser producido por un decreto o una
resolución firmada por un funcionario instalado en las “alturas” del aparato
estatal. Se requiere del pueblo en las calles para defender esa política,
factible si se reúnen las condiciones planteadas más arriba.

Para
concluir, lo que en términos políticos se produjo en el apogeo del
neoliberalismo menemista fue una gigantesca transferencia de soberanía en donde
un área estratégica: la provisión de divisas, que en otros países está a cargo
del –o fuertemente contralada por el- estado, fue cedida al puñado de
megacorporaciones que controlan gran parte de los alimentos que consume la
población mundial.  Esto constituye una
aberración que debería haber sido corregida hace largos años, y que si no se lo
hace ahora podría asestar un golpe mortal a todo proyecto económico que intente
fundarse sobre la soberanía económica de nuestro país. Se trata, sin un ápice
de exageración, de una cuestión de vida o muerte. Los remedios están al alcance
de la mano. Habrá que ver si existe la voluntad política para aplicarlos, antes
de que sea demasiado tarde.
                                                                                       


[1] Durante el año 2013 las exportaciones del sector agropecuario
ascendieron a unos 50.000 millones de dólares, incluyéndose en este total las Manufacturas
de Origen  Agropecuario (MOA), que con
30.059 millones de dólares representaron un 36,2%  del total exportado mientras que los
productos primarios –principalmente cereales y oleaginosos- sumaron ventas por
19.302 millones de dólares, un 23,3% del total exportado. Las exportaciones
mineras sumaron en ese mismo año 4.136 millones de dólares.
[2] Nótese que las reservas del Banco Central cayeron de poco más  52.190 millones de dólares en el 2010 a 29.278
millones de dólares a fines de junio del 2014. No toda esta enorme fuga de
capitales puede ser atribuida a las maquinaciones del complejo del “agronegocios”,
pero sin duda que su contribución para llegar a tan lamentable resultado no fue
para nada desdeñable.
[3] Cf. nuestro “Argentina: ante la ofensiva de los oligopolios,
¡estatizar el comercio exterior!”, en ALAI, 30 Enero 2014, http://alainet.org/active/70910