(Por Atilio A. Boron) El de hoy es un día de
luto para la democracia en el mundo. Tres jueces arrojaron por la borda toda la
evidencia que confirmaban la inocencia de Lula y lo condenaron a una pena de
doce años y un mes por haber supuestamente incurrido en el delito de
corrupción. Para colmo, estos funestos personajes que manchan de manera
indeleble a la Justicia brasileña decidieron aumentar la pena que originalmente
le había fijado el polémico juez Sergio Fernando Moro que era de 9 años y seis
meses de prisión. Tal como ocurriera en el caso de Dilma Rousseff no existen
pruebas irrefutables que Lula hubiera recibido el famoso triplex en Guarujá a
cambio de favores concedidos a ciertas empresas examinadas en el marco del
proceso legal conocido como Lava Jato. Pero la certeza incontrovertible de la
existencia del delito, fundamento del debido proceso, no es ya necesaria en
Brasil, como en Argentina, para condenar a un enemigo político. La diferencia
es que en este país se lo encarcela bajo la dudosa figura de la “prisión
preventiva”, extremos hasta los cuales hoy no se ha llegado en Brasil. Por eso
no hay ninguna posibilidad de que Lula vaya a prisión a raíz de la sentencia de
la Cámara. Un dato que habla de la bajeza y el talante moral del empresariado
brasileño, que canta loas a la democracia y la república, lo ofrece el hecho de
que tras conocerse la ilegal condena a Lula la Bolsa de Sao Paulo subió un 3.72
por ciento.

       De todos modos el asunto está
lejos de haber sido clausurado. Quedan muchas instancias de apelación, ante la
propia Cámara que decidió aumentarle la pena, ante el Superior Tribunal de
Justicia (STJ) alegando que en el curso del proceso se transgredió alguna ley
federal, o ante el Supremo Tribunal Federal (STF), si llegara a plantearse que
le sentencia viola derechos garantizados por la Constitución. Habida cuenta de lo
dilatados que suelen ser los plazos legales quien decidirá si Lula puede o no
participar en las elecciones y, en caso de ganarlas, asumir la presidencia es
el Tribunal Superior Electoral (TSE), donde el PT deberá inscribir la
candidatura de Lula entre el 20 de julio y el 15 de Agosto próximos. Dado
que el proceso legal continúa su curso y cuyo resultado final bien podría ser
el sobreseimiento de Lula, parece poco probable –por lo temerario- que los
magistrados del TSE veten la inscripción del líder petista y, si triunfa en las
elecciones, le impidan que llegue al Palacio del Planalto. En pocas palabras,
se perdió una batalla contra una in(justicia) corrupta y venal, pero el proceso
electoral sigue su curso y la ventaja de Lula sobre sus impresentables
competidores aumenta de a poco pero día a día. No se habla del asunto pero son
muchos en Brasil que temen que la proscripción de Lula puede ser la chispa que
incendie la reseca pradera social brasileña, devastada por las políticas de
Temer e indignada por el sesgo antipopular de la justicia federal. No vaya a
ser que el ensañamiento político en contra del ex presidente se convierta en el
detonante de un estallido social de incalculables proyecciones. No hay que
olvidar una clara enseñanza de la historia: quienes con más empecinamiento se opusieron
a las reformas terminaron siendo, a pesar de ellos, los que catalizaron las
revoluciones.