Estoy en Quito y varios
amigos (no todos simpatizantes de Correa) y algunos funcionarios del gobierno me contaron de la costumbre del
presidente de caer, sin aviso previo (ni siquiera informa a los miembros de su
staff) a una repartición pública, preferentemente hospitales, escuelas, centros
asistenciales. Llega, sea en Quito o en la ciudad en que se encuentre, habla
con la gente que está esperando que la atiendan, o con los padres si es una
escuela, con el personal subalterno o con el ciudadano común y corriente que
acierta estar en el lugar. Por lo tanto, no necesita que un asesor, o un
ministro o secretario le informe de cómo marchan las cosas. Él lo corrobora
personalmente. Esto ha ocasionado un sinnúmero de conflictos y acusaciones de
todo tipo porque, si observa algún problema, casi siempre esto termina con la
remoción del personal jerárquico que incumplió con sus obligaciones. Esta
intervención directa de Correa en el monitoreo de la calidad de los servicios gubernamentales
tiene sus ventajas. En lo que hace a la salud, el número de personas que se
atienden gratuitamente en los hospitales públicos, y que reciben remedios
gratuitos, se multiplicó por cuatro durante su gestión, ofreciendo servicios médicos
de la mejor calidad, superiores inclusive a los de los prestadores privados,
con lo cual se ganó el odio de las corporaciones y de los médicos, y una
catarata de noticias de la “prensa independiente” y la derecha acusando al
presidente de entorpecer el funcionamiento del “mercado de la salud.” Mientras
tanto, la cobertura se expandió en proporción geométrica llegando a ofrecer
atención médica a quienes nunca antes la habían recibido, y la calidad de la
atención mejoró sensiblemente, al igual que los indicadores de salud.  Ah, me olvidaba: el índice de aprobación de
la gestión del presidente Correa se encuentra, según las últimas encuestas, por
encima del 80 por ciento.