16.7.2015

Comparto el Resumen Ejecutivo del Informe de la Auditoría de la Deuda Pública Griega, que en uno de sus párrafos dice lo siguiente:

Toda la evidencia que presentamos en este informe muestra que Grecia no
sólo

no tiene la capacidad de pagar esta deuda, sino que tampoco debe pagar
esta 

deuda en primer lugar porque la deuda que surge de los acuerdos de la troika 


habitantes de
Grecia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de
que Grecia 

no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa.




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Resumen Ejecutivo: Informe Auditoría
de la Deuda Pública Griega
18 de junio por Comité para la
Verdad sobre la Deuda Pública griega
En junio 2015 Grecia se encuentra en la encrucijada de elegir entre la
promoción de los programas de ajuste macroeconómico fallidos impuestos por los
acreedores o hacer un cambio real para romper las cadenas de la deuda. Cinco años desde que se iniciaron los programas de ajuste económico,
el país sigue profundamente atrapado en una crisis económica, social,
democrática y ecológica. La caja negra de la deuda se ha mantenido cerrada, y
hasta hace unos meses ninguna autoridad, griega o internacional, había tratado
de sacar a la luz la verdad sobre cómo y por qué Grecia fue sometida al régimen
de la troika.
La deuda, en el nombre de la que nada ha
mejorado, sigue siendo la norma mediante la cual se impone el ajuste
neoliberal, y la recesión más profunda y prolongada experimentada en Europa en
tiempos de paz.
Hay una necesidad
democrática inmediata y una responsabilidad social de hacer frente a una serie
de cuestiones jurídicas, sociales y económicas que exigen la debida
consideración. En respuesta, la Presidenta del Parlamento Helénico estableció
la Comisión de
la Verdad sobre la Deuda Pública 
en abril de 2015, con mandato de investigar sobre la creación y el
aumento de la deuda pública, la forma y razones por las que fue contratada la
deuda, y el impacto que las condiciones asociadas a los préstamos han tenido
sobre la economía y la población.

La Comisión de la
Verdad tiene un mandato para crear conciencia sobre cuestiones relativas a la
deuda griega, tanto a nivel nacional como internacional, y formular argumentos
y opciones relativas a la cancelación de la deuda. La investigación de la Comisión
que se presenta en este informe preliminar arroja luz sobre el hecho de que la totalidad del programa de
ajuste
, al que Grecia ha
sido sometido, fue y sigue siendo un programa con orientación política.

El ejercicio técnico
que rodea las variables macroeconómicas y proyecciones de deuda, cifras que se
refieren directamente a las vidas y los medios de vida de las personas, ha
permitido que las discusiones alrededor de la deuda se mantengan en un nivel
técnico que gira principalmente en torno al argumento de que las políticas
impuestas a Grecia mejorarán su capacidad para pagar la deuda. Los hechos
presentados en este informe cuestionan este argumento. Toda la evidencia que
presentamos en este informe muestra que Grecia no sólo no tiene la capacidad de
pagar esta deuda, sino que tampoco debe pagar esta deuda en primer lugar porque
la deuda que surge de los acuerdos de la troika es una violación directa de
los derechos humanos
 fundamentales de los habitantes de Grecia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de
que Grecia no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa
.
La Comisión también
ha podido saber que la insostenibilidad de la deuda pública griega era evidente desde el
principio para los acreedores internacionales, las autoridades griegas y los
medios de comunicación corporativos
. Sin embargo, las autoridades griegas, junto con algunos otros gobiernos
de la UE, conspiraron contra la reestructuración de la deuda pública en 2010
con el fin de proteger a las instituciones financieras. 
Los medios de
comunicación corporativos escondieron la verdad al público representando una
situación en la que el rescate se presentó como beneficioso para Grecia,
mientras que promovió un relato que retrataba a la población como culpables de
sus propias fechorías.

Los fondos de rescate
previstos en los dos programas de 2010 y 2012 se han gestionado externamente a
través de esquemas complicados, impidiendo cualquier autonomía fiscal. El uso
del dinero del rescate está estrictamente dictado por los acreedores, y por
eso, es revelador que menos del 10% de estos fondos se han destinado a gasto corriente del
gobierno
.
Este informe preliminar presenta un esquema inicial de los principales
problemas y cuestiones relacionadas con la deuda pública, y señala las
violaciones legales claves asociadas con la contratación de la deuda; también
traza los fundamentos jurídicos, en los que puede basarse la suspensión
unilateral de los pagos de la deuda. Los resultados se presentan en nueve
capítulos estructurados de la siguiente manera:
El Capítulo 1: La deuda antes de la Troika

Analiza el crecimiento de la deuda pública griega desde los años 1980.
Llega a la conclusión de que el aumento de la deuda no se
debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto
público de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos deinterés extremadamente
altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de
ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización
estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a
través de las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria
. La adopción del
euro dio lugar a un aumento drástico de la deuda privada en Grecia a la que los
principales bancos privados europeos, así como los bancos griegos fueron
expuestos. Una creciente crisis bancaria contribuyó a la crisis de la deuda soberana griega. El gobierno de George Papandreu ayudó a presentar los elementos
de una crisis bancaria como una crisis de la deuda soberana en 2009, haciendo
hincapié en el aumento del déficit público y la deuda.

El Capítulo 2: La evolución de la deuda
pública griega durante 2010-2015

Concluye que el primer acuerdo de préstamo de 2010, tenía el objetivo principal
de rescatar a los bancos privados griegos y
europeos
, permitiéndoles reducir su exposición a los bonos del gobierno griego.

El Capítulo 3: La deuda pública griega
por acreedores en 2015

Presenta la naturaleza de la deuda actual de Grecia, presentando las
características clave de los préstamos, que se analizan en el capítulo 8.

El Capítulo 4: Mecanismo del sistema de
deuda en Grecia

Revela los mecanismos ideados por los acuerdos que se implementaron desde mayo
de 2010. Éstos crearon una gran cantidad de nueva deuda con los acreedores
bilaterales y con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), mientras
generaban costes abusivos que profundizaron más en crisis. Los mecanismos
revelan cómo la mayoría de los fondos prestados fueron
transferidos directamente a las instituciones financieras
. En lugar de beneficiar
a Grecia, han acelerado el proceso de privatización, a través del uso de instrumentos
financieros
.

El Capítulo 5: Las condicionalidades
contra la sostenibilidad.
Presenta la forma en que los acreedores imponen condicionalidades
intrusivas unidas a los contratos de préstamos, lo que condujo directamente a
la inviabilidad económica y la insostenibilidad de la deuda
. Estas condiciones,
en las que los acreedores aún insisten, no sólo han contribuido a hundir el PIB, así como aumentar el endeudamiento público,
generando, por lo tanto, una deuda pública/PIB superior, lo que hizo la deuda
de Grecia más insostenible, sino que también impusieron cambios dramáticos en
la sociedad, y ha causaron un crisis humanitaria. La deuda pública griega se
puede considerar como totalmente insostenible en la actualidad.

El Capítulo 6: El impacto de los
“programas de rescate”

En materia de derechos humanos, concluye que las medidas aplicadas en virtud de
los “programas de rescate” han afectado
directamente a las condiciones de vida de la gente y violado los derechos
humanos
, que Grecia y sus socios están obligados a respetar, proteger y
promover en el marco del derecho interno, regional e internacional. Los ajustes
drásticos, impuestos a la economía griega y la sociedad en su conjunto, han
dado lugar a un rápido deterioro de las condiciones de vida, y siguen siendo
incompatibles con la justicia social, la cohesión social, la democracia y los
derechos humanos.

El Capítulo 7: Cuestiones legales que
rodean el MoU y los Acuerdos de Préstamos
Argumenta que ha habido un incumplimiento de las obligaciones sobre los
derechos humanos por parte de la propia Grecia y los prestamistas, que son los
Estados (prestamistas) de la zona euro, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que impusieron
estas medidas en Grecia. Todos estos actores no
tuvieron en cuenta las violaciones de los derechos humanos que resultarían de
las políticas que impusieron a Grecia, y también violaron directamente la
Constitución griega
 al usurpar a Grecia la mayor parte de sus derechos
soberanos. Los acuerdos contienen cláusulas abusivas, coaccionando duramente a
Grecia para que entregue aspectos significativos de su soberanía. Esto está
reflejado en la elección de la ley inglesa como legislación rectora de estos
acuerdos, lo que facilitó la elusión de la Constitución griega y las obligaciones
internacionales respecto a los derechos humanos. Transgresiones
de los derechos humanos y de la ley internacional, varias indicaciones de que
las partes contratantes actuaron con mala fe, junto con el carácter desmesurado
de los acuerdos, hacen que estos acuerdos no sean válidos.


El Capítulo 8: Evaluación de las deudas
en referencia a la ilegitimidad,
odiosidad, ilegalidad, y la insostenibilidad

Proporciona una evaluación de la deuda pública griega de acuerdo con las
definiciones relativas a la deuda ilegítima, odiosa, ilegal e insostenible,
adoptadas por el Comité. El Capítulo 8 concluye que la deuda pública griega a
partir de junio 2015 es insostenible, ya que Grecia es actualmente incapaz de
pagar su deuda sin perjudicar seriamente su capacidad para cumplir con sus
obligaciones sobre los derechos humanos básicos. Además, para cada acreedor, el informe proporciona evidencia de casos indicativos de deudas
ilegales, ilegítimas y odiosas.

La deuda con el FMI debe considerarse
ilegal
 ya su concesión incumplió los propios
estatutos del FMI, y sus condiciones violaron la Constitución griega, el
derecho internacional, y los tratados en los que Grecia es parte. También es ilegítima, ya que las condiciones incluidas imponen recetas
políticas que infringen las obligaciones sobre derechos humanos
. Por último, es odiosa ya que el FMI sabía que las medidas impuestas eran
antidemocráticas e ineficaces
 y darían lugar a
graves violaciones de los derechos socio-económicos.
Las deudas con el BCE deben considerarse ilegales ya que
el BCE sobrepasó su mandato mediante la imposición de la aplicación de
programas de ajuste macroeconómico
 (por ejemplo, la
desregulación del mercado de trabajo) a través de su participación en la
Troika. Las deudas con el BCE también son ilegítimas y odiosas, ya que la principal
razón de ser del Securities Markets Programme (SMP) era servir a los intereses
de las instituciones financieras, permitiendo a los principales bancos privados
europeos y griegos para deshacerse de sus bonos griegos.
El FEEF ha ofrecido préstamos en especie
que deben considerarse ilegales porque violaron el artículo 122
 (2) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y además
violaron varios derechos socioeconómicos y libertades civiles. Por otra parte,
el Acuerdo Marco del FEEF 2010 y el Acuerdo de Asistencia Financiera Maestro de
2012 contienen varias cláusulas abusivas que revelan la mala conducta clara por
parte de la entidad crediticia. El FEEF también actúa en contra de los
principios democráticos, lo que hace a estas deudas ilegítimas y odiosas.

Los préstamos bilaterales deben ser
considerados ilegales, ya que violan el procedimiento previsto por la
Constitución griega
. Los préstamos se dieron con mala conducta clara por los prestamistas,
y tenían condiciones que contravienen la ley y al orden público. Tanto la
legislación comunitaria y el derecho internacional se incumplieron con el fin
de dejar de lado los derechos humanos en el diseño de los programas
macroeconómicos. Los préstamos bilaterales son,
además, ilegítimos, ya que no se utilizan en beneficio de
la población, sino que simplemente permitieron a los acreedores privados de
Grecia ser rescatados.

Por último, los préstamos bilaterales son odiosos ya que los estados
prestamista y la Comisión Europea conocían las violaciones potenciales, pero en
2010 y 2012 evitaron evaluar los impactos sobre los derechos humanos del ajuste
macroeconómico y la consolidación fiscal, que eran las condiciones de los
préstamos.

La deuda con los acreedores privados debe considerarse ilegal porque los
bancos privados se comportaron irresponsablemente antes de que la Troika
entrara en vigor, habiendo gestionado sin rigor, mientras que algunos
acreedores privados, como los hedge funds también actuaron de mala fe. Partes de las deudas con los bancos
privados y los hedge fund son ilegítimas por las mismas razones por las que son
ilegales; además, los bancos griegos fueron ilegítimamente recapitalizados por
los contribuyentes. Las deudas con bancos privados y los hedge funds son
odiosas, ya que los principales acreedores privados eran conscientes de que
estas deudas no se incurrieron en los mejores intereses de la población, sino
más bien en su propio beneficio.
El informe llega a su fin con algunas consideraciones prácticas
.
El Capítulo 9: bases legales para el
repudio y la suspensión de la deuda soberana griega.
Presenta las opciones relativas a la
cancelación de la deuda, y en especial las condiciones en que un Estado soberano
puede ejercer el derecho de acto unilateral de repudio o la suspensión del pago
de la deuda bajo ley internacional.

Varios argumentos legales permiten a un Estado a repudiar unilateralmente su
deuda ilegal, odiosa, e ilegítima. En el caso griego, un acto unilateral puede
basarse en los siguientes argumentos: la mala fe de los acreedores que
empujaron a Grecia para contravenir la legislación nacional y las obligaciones
internacionales relacionadas con los derechos humanos; preeminencia de los
derechos humanos sobre los acuerdos como los firmados por los gobiernos
anteriores con los acreedores o la troika; la coacción; las cláusulas abusivas
que violan flagrantemente la soberanía griega y que violan la Constitución; y,
por último, el derecho reconocido en el derecho internacional a un Estado para
que tome contramedidas contra los actos ilegales por parte de sus acreedores,
que a propósito dañan su soberanía fiscal, al obligarlo a asumir la deuda
odiosa, ilegal e ilegítima, violando la autodeterminación económica y los
derechos humanos fundamentales.
En lo que se refiere a la deuda insostenible, cada estado tiene el derecho
legal de invocar el estado de necesidad en situaciones excepcionales a fin de
salvaguardar los intereses esenciales amenazados por un peligro grave e
inminente. En tal situación, el Estado puede ser dispensado del cumplimiento de
las obligaciones internacionales que aumentan el peligro, como es el caso de
los contratos de préstamos pendientes.
Por último, los Estados tienen el derecho de declararse insolventes
unilateralmente cuando el servicio de su deuda es insostenible, en cuyo caso no
se comete ningún acto ilícito y, por tanto, no se arrastrará ninguna carga de
responsabilidad.
La dignidad de la
gente vale más que la deuda ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible.
Habiendo concluido
una investigación preliminar, la Comisión considera que Grecia ha sido y es
víctima de un ataque premeditado y organizado por el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Esta misión
violenta, ilegal e inmoral está dirigida exclusivamente a desplazar deuda
privada al sector público.
Hacer este informe preliminar a disposición de las autoridades griegas y
el pueblo griego, el Comité considera que ha cumplido la primera parte de su
misión tal como se define en la decisión de la Presidenta del Parlamento
griego, de 4 de abril de 2015.
En cuanto al nombre, se llama una democracia, porque la administración se
ejecuta con miras a los intereses de la muchos, no de unos pocos” (Oraciones
del Funeral de Pericles, en el discurso de Tucídides de la Historia de la
Guerra del Peloponeso).

La Comisión espera que dicho informe sea una herramienta útil para aquellos que quieran salir de la lógica
destructiva de la austeridad y defender lo que está en peligro hoy en día: los
derechos humanos, la democracia, la dignidad de los pueblos, y el futuro de las
generaciones venideras
.
En respuesta a los que imponen medidas injustas, el pueblo griego podría
invocar lo que Tucídides menciona acerca de la constitución del pueblo
ateniense:

Traducido por PACD