En Clarín de hoy hay una pequeña nota
de Gustavo Sierra con el título de “Las maras desangran El Salvador”. (Domingo 23
Agosto 2015, p. 32)  En ella se habla de
la ola de violencia que sacude a ese país centroamericano: según el autor en
tres días “murieron 125 personas en los enfrentamientos entre los pandilleros y
con la policía o el ejército.” La nota abunda en otros detalles: la fenomenal
tasa de homicidios en El Salvador actual: 90 por cada 100.000 habitantes. A
efectos comparativos digamos que según las cifras producidas por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el año 2012 la tasa para
Estados Unidos era de 4.8; 5.5 para Argentina; Brasil 21.8 y Honduras 66.5. En
ese mismo año, la tasa para El Salvador era de 41.2, siempre sobre 100.000
habitantes. Es decir que una tasa ya de por sí muy elevada más que se duplicó
en menos de tres años y, especialmente, en los últimos meses.
Obviamente que hay muchos factores que explican este
desgraciado resultado y no es este el momento de examinarlos aquí. De hecho, en
la nota de Sierra se mencionan algunos de ellos pero se omite el que, en la
violenta irrupción de estos días, es sin duda el más importante: la decisión del
gobierno de Estados Unidos de liberar a cientos, probablemente miles, de “mareros”
que estaban recluidos en diversas cárceles de ese país y enviarlos directamente
a El Salvador. Esto ya de por sí no es precisamente un gesto amistoso para con
el país al cual se le remite tan nefasto contingente, pero es mucho más grave
si previamente se “limpia” el prontuario de esos delincuentes de forma tal de imposibilitar
que se pueda impedir legalmente su ingreso a El Salvador. Con sus antecedentes
delictivos convenientemente purgados nada puede detenerlos, y los malhechores
se convierten en gentes que regresan a su país de origen sin tener ninguna
cuenta pendiente con la justicia. Una canallada, ni más ni menos.

¿Cómo interpretar esta criminal decisión? Va de suyo que
esto no pudo haber sido una súbita ocurrencia de las autoridades carcelarias
norteamericanas que un día decidieron soltar a casi todos los “mareros”. Una
política de tamaña trascendencia se adopta en otro nivel: el Departamento de
Estado, el Consejo Nacional de Seguridad o la propia Casa Blanca. El objetivo: generar
una ola de violencia para sembrar el caos y provocar el malestar social que desestabilice
al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martín de
Liberación Nacional, en línea con la prioridad estadounidense de “ordenar” lo
antes posible el díscolo patio trasero latinoamericano sacándose de encima a
gobiernos indeseables. Por eso un gesto tan inmoral y delincuencial como ese,
que se ha cobrado tantas vidas en El Salvador y que seguramente se cobrará muchas
más en los próximos días. Indiferente ante las consecuencias de sus actos,
Washington prosigue impertérrito dando lecciones de derechos humanos y
democracia al resto del mundo mientras aplica, sin pausa, las tácticas del “golpe
blando” en contra de quienes tengan la osadía de pretender gobernar con
patriotismo y en beneficio de las grandes mayorías populares. El autoproclamado
“destino manifiesto” de Estados Unidos es exportar la democracia y los derechos
humanos a los cuatro rincones del planeta. Lo que hace, en realidad, es
exportar criminales.