3 Noviembre 2018


( Por Atilio A. Boron ) La intempestiva designación
del Juez Sergio Moro como Ministro de Justicia de Brasil quedará registrada en
la historia como el caso paradigmático, por su desvergüenza rayana en lo
obsceno, de la emergencia de un siniestro actor en la siempre acosada democracia
latinoamericana: el “Sicario Judicial”. 
A diferencia de sus predecesores que aniquilan a sus víctimas
físicamente, el sicario judicial como su colega económico de más antigua data
(como lo demuestra el conocido libro de John Perkins, Confesiones de un sicario económico) el judicial los elimina utilizando
un arma más silenciosa y casi invisible a los ojos de sus contemporáneos: el
“lawfare”. Esto es: la utilización arbitraria y tergiversada del derecho para
violar los principios y procedimientos establecidos por el debido proceso con
el objeto de inhabilitar –por la cárcel o el exilio- a quien, por algún motivo,
se constituye en una figura molesta para las clases dominantes o el
imperialismo.  En otras palabras, matarlo
políticamente.

El sicario judicial
personifica el proceso de putrefacción de la justicia de un país, desnudando
impúdicamente su carácter de clase y su abyecta sumisión a las órdenes de los
poderosos. Por extensión, revela asimismo la degradación de la vida democrática
que tolera el accionar de estos delincuentes. Cómo el pistolero, el sicario
judicial actúa por encargo. Se trata de un “killer” de nuevo tipo que gracias a
su posición en la estructura del poder judicial puede disponer a su antojo de
la vida y la hacienda de sus víctimas, para lo cual  viola con total impunidad no sólo la letra
sino también el espíritu de las leyes, torciendo premisas jurídicas fundamentales
(la presunción de inocencia, por ejemplo) y enviando a la cárcel a aquellos sin
necesidad de contar con pruebas fehacientes. Y al igual que sus tenebrosos precursores
de pistola y explosivos actúa bajo un manto de protección que le garantiza no
sólo que sus delitos permanecerán impunes sino que sus “asesinatos civiles”
serán ensalzados como ejemplos luminosos del respeto a la ley y las
instituciones de la república. 


Para perpetrar sus crímenes necesita estar
amparado por la complicidad de todo el poder judicial.  Jueces, fiscales y los consejos de la
magistratura cierran sus ojos ante sus actos y la prensa hegemónica,
imprescindible cómplice del malhechor que con sus fake news y posverdades produce el linchamiento mediático de sus
adversarios, facilitando su posterior condena, reclusión y ostracismo político.
El renombre de este nuevo tipo de gangster judicial reposa en las
espectacularidad de sus intervenciones, casi siempre a partir de datos y pistas
procedentes de los organismos de inteligencia  el Departamento de Justicia de Estados Unidos
y selectivamente dirigidas en contra de quienes se sospecha sean enemigos del
orden social vigente. Sergio Moro, fue un asiduo alumno de los cursos de
“buenas prácticas” que hace décadas Washington organiza para educar a jueces y
fiscales en la correcta administración de justicia. Una de las cosas que
aprendió fue sacar de la carrera electoral a un líder popular y crear las
condiciones para posibilitar la demolición de una construcción política
moderadamente reformista pero que, aún así, suscitaba el intenso repudio del
imperio. Este nuevo y desafortunado actor político que irrumpe en la escena
latinoamericana no dispara balas sino sentencias; no mata pero condena,
encarcela e instaura un fraude electoral gigantesco porque, como se decía en
Brasil, “sin Lula la elección es fraude”. Y así fue. Como todo sicario trabaja
por encargo y recibe magníficas recompensas por su deleznable labor. En el caso
que nos ocupa, su escandalosa violación del derecho fue retribuida por su
mandante con el Ministerio de Justicia, y desde allí seguramente organizará
nuevas cacerías para producir la “limpieza” política y social que prometiera el
energúmeno que a partir del año próximo será presidente de Brasil. Con su designación
los alcances de la conspiración para evitar, a cualquier precio, el retorno de
Lula al gobierno queda en evidencia. La irrupción de este nuevo actor  obliga acuñar una nueva –y ominosa- categoría
para el análisis político: el sicario judicial, tanto o más dañino que los
demás. Claro que sería un grave error pensar que lo de Moro es una manifestación
exótica de la política brasileña. El huevo de la serpiente, dentro del cual
madura este siniestro personaje, ya se advierte claramente en Argentina, Ecuador,
Bolivia y Paraguay.