El MOPASSOL advierte sobre la escalada violentista del imperio, de la cual poco o nada informa la prensa. Washington apela a todas las formas de lucha, desde los atentados criminales como los que aquí se informan, hasta el creciente control sobre una impresionante red de medios masivos de comunicación (gráficos, televisión, radio, redes sociales) y un aparato político-partidario e intelectual crecientemente articulado a nivel regional, con una serie de «profetas» que giran incansablemente por toda América Latina y el Caribe predicando las virtudes del capitalismo. Este es un «grupo de tareas» comandado por Vargas Llosa y Álvaro Uribe, financiado por el gobierno de Estados Unidos a través de la FAES del inefable José María Aznar  que pretende mostrar la «cara amable» del imperio y ocultar sus crímenes. Por eso, lean con cuidado lo que se dice a continuación.

La intervención
criminal de Estados Unidos en Honduras, México y América Central
Llamamiento urgente del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre
los Pueblos
La reciente masacre de integrantes de la comunidad miskita en el
Río Patuca, en Honduras, el pasado 11 de mayo cuando dos helicópteros de la
agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA en sus siglas en ingles), dispararon
sobre una canoa en la que viajaban los campesinos matando a dos mujeres
embarazadas, dos hombres e hiriendo gravemente a otros cuatro, evidencia no
sólo la continuidad del terrorismo de Estado impuesto por el golpe militar de
junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, sino también la trágica
ocupación militar norteamericana en ese país.
Detrás de este ataque que “se investiga” en Washington -según se
informa- no sólo se advierte la militarización estadounidense de Honduras, con
cinco bases y centros de operaciones además de Palmerola (estratégica para la IV Flota) sino que se
trata de un ataque directo contra los miskitos, para facilitar la ocupación de
la zona y la imposición del corredor mesoamericano de agrocombustibles. (clic abajo en Más información)

Los asesinatos cotidianos de campesinos, dirigentes sindicales y
políticos, maestros, estudiantes y periodistas – en este caso suman 25
asesinados desde principios de 2010- permiten comprobar que el actual gobierno
de Porfirio Lobo, surgido de elecciones convocadas y digitadas por los
militares golpistas de junio de 2009, es sólo una continuidad de esa dictadura.
Los asesinatos cometidos por la fuerzas de ocupación en este país son
cotidianos y evidencian que ése es el proyecto-guión de Estados Unidos para
América Latina, si los dejamos avanzar. La tasa de crímenes alcanza al 86,5 por
ciento por cada cien mil habitantes. Se estiman alrededor de 700 homicidios
mensuales y unas 20 víctimas diarias. El 55 por ciento de los homicidios
ocurrieron en la zona norte del país (Atlántida, Cortés y Francisco Morazán).
El 84,6 por ciento con armas de fuego, Y en casi el 28 por ciento de los
asesinatos participaron sicarios.
Se conoce que hay asesores israelíes, paramilitares y sicarios
colombianos, después de un acuerdo de los golpistas con el ex presidente de
Colombia Alvaro Uribe, así como ex militares argentinos y de la Fundación Uno
América, que participó activamente en el golpe. Centenares de personas han sido
detenidas y torturadas. Pero al no poder doblegar la resistencia y al entender
que no tienen posibilidad de ganar en nuevas elecciones, la represión aumenta
cada día. No podemos dejar solo al pueblo hondureño. Es nuestro deber
pronunciarnos solidariamente ante las enérgicas denuncias que realizan las
organizaciones populares de Honduras, denuncias que la gran prensa silencia de
manera sistemática.
Lo más grave, en el caso de los miskitos fue el intento de
justificación de esos asesinatos por parte del Director de la Policía Nacional,
Ricardo Ramírez Cid, quien dijo que ”hubo un intercambio de disparos en la
escena”. Aún cuando se observó que las víctimas estaban desarmadas y los
sobrevivientes hospitalizados en La
Ceiba relataron que les dispararon a mansalva con
ametralladoras y granadas. Lo mismo sucede con los crímenes y amenazas contra
los campesinos del Aguán. El pueblo miskito es uno de los más golpeados por la
tragedia de la ocupación de ese país centroamericano, así como por la
corrupción policial y militar en el tema del narcotráfico, además del
feudalismo imperante en esa zona del país, sumida en una enorme pobreza. Hay
más de 1700 lisiados y decenas de muertos en la comunidad miskita.
El diario New York Times en su edición del pasado 5 de mayo
encabeza un artículo señalando que la “Armada de los Estados Unidos, usando
lecciones del conflicto de la década pasada (Irak) en la guerra que está siendo
peleada en la selva miskita, ha construido un campamento (centro operativo) con
poca notoriedad pública pero con apoyo del gobierno hondureño”. El citado
artículo reconoce la instalación de tres “bases de operaciones de avanzada”
ubicadas en Mocorón, Puerto Castilla y El Aguacate”.
El Comando Sur del Pentágono está auspiciando en toda
Centroamérica lo que llaman “estados fallidos” para justificar las
intervenciones en nombre de la seguridad nacional, el viejo esquema con que
sembraron dictaduras en todo el continente en el siglo XX. En esa dirección
apuntan los “acuerdos de seguridad” que Estados Unidos viene estableciendo con
los países de la región.
A la situación de Honduras que se agrava cada día sumando ya miles
de muertos, se suma la tragedia mexicana, sobre la que se extiende un silencio
cómplice. Desde que México firmó con Estados Unidos el Plan Mérida en el año
2006 (una réplica del Plan Colombia) y Washington envió armas y asesores para
una supuesta guerra contra el narcotráfico, más de 55 mil personas han sido
secuestradas y asesinadas en forma atroz, sembrando el terror en el norte de
ese país. Existen unos diez mil desaparecidos. Las Fuerzas Armadas intervienen
directamente en el conflicto y nadie ignora a esta altura de los
acontecimientos que la mayoría de esos muertos nada tienen que ver con el
narcotráfico y que Estados Unidos entregó armas a los grupos paramilitares como
los Zetas, como se ha descubierto investigando la Operación Castaway
(Operación Náufrago ) o Rápido y Furioso.
Supuestamente, se trataba de una operación encubierta de la DEA para entregar armas y
“conocer” las vías del contrabando. Pero esas armas fueron a parar a manos de
los paramilitares mexicanos, que se entrenan en tortura con la población civil,
y con inmigrantes que van hacia Estados Unidos y son asesinados y despedazados,
como se ha visto en la aparición de cadáveres en distintos lugares.
México ha sido convertido en un estado fallido, y caótico que
según políticos republicanos amenaza ahora “la seguridad de Estados Unidos”, y
por lo tanto podría ser pasible de una intervención, especialmente si en las
elecciones próximas no ganan sus “elegidos” como gobernantes. Las armas de
EE.UU también fueron para las “maras” creadas en ese país y luego enviadas a
sus países de origen, tanto El Salvador como Honduras y Guatemala, con la
finalidad de mantener el crimen y el caos.
Honduras bajo terrorismo de Estado encubierto y Guatemala, donde
el feminicidio y la violencia del viejo militarismo y paramilitarismo
contrainsurgente se potencia con la llegada a la presidencia de un oficial de
los “Kaibiles” la fuerza especial más brutal de todos los tiempos, preparada en
Estados Unidos y autora de crímenes de lesa humanidad y de desaparición de
aldeas enteras, cuyos pobladores fueron eliminados.
Estos integran la cifra de más de 90 mil desaparecidos durante las
dictaduras militares guatemaltecas, la más alta de América Latina considerando
además la población de poco más de diez millones de habitantes.
Esta es parte de la realidad centroamericana, a lo que se añade el
gobierno derechista de Panamá, que ya ha producido matanzas indígenas,
persecución de trabajadores y firmado con Estados Unidos la instalación de doce
bases militares y centros operativos rodeando todo el país, que había logrado
liberarse del Comando Sur a fines de 1999.
La tragedia ilimitada en Centroamérica se continúa con la virtual
ocupación de Colombia con por lo menos ocho bases militares extranjeras y un
terrorismo de Estado encubierto desde hace años y ahora en una supuesta
“Democracia de Seguridad”, donde continúan las matanzas militares y
paramilitares día por día y se impide cualquier proceso de paz que signifique
producir un verdadero cambio en ese país. Colombia es el país de América Latina
que junto con Guatemala, tiene la mayor cifra de muertos y desaparecidos del
continente a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.
Ante esta realidad, a lo que se unen los tratados de libre
comercio firmados con varios gobiernos de la región, la invasión de las
agencias de Estados Unidos en el continente y la militarización de la región en
ascenso, con las consecuencias sociales y políticas que estamos viendo, el
Movimiento por la Paz,
la Soberanía
y la Solidaridad
entre los Pueblos (Mopassol), llama a organizaciones populares a extender su
solidaridad y realizar actos y demandas para detener la masacre de pueblos
hermanos y denunciar los graves peligros de una profundización de la
intervención extranjera, que inevitablemente se extendería hacia todo el
continente.
Es hora de decir basta al crimen y detener la guerra de baja
intensidad, la invasión silenciosa de las fundaciones del poder imperial y la
militarización que intenta una recolonización regional en el siglo XXI.