Tapa del Informe del Comité de Inteligencia del Senado
(Por Atilio A. Boron) La publicación del Informe del Comité
de Inteligencia del Senado de Estados Unidos dado a conocer días pasados
describe con minuciosidad las diferentes “técnicas de interrogación” utilizada
por la CIA para extraer información relevante en la lucha contra el terrorismo.
Lo que se hizo público es apenas un resumen, de unas 500 páginas, de un estudio
que contiene unas  6.700 y cuya primera y
rápida lectura produce una sensación de horror, indignación y repugnancia como
pocas veces experimentó quien escribe estas líneas.[1]
Los adjetivos para calificar ese lúgubre inventario de horrores y atrocidades
no alcanzan a transmitir la patológica inhumanidad de lo que allí se cuenta,
sólo comparables a las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la
Argentina por la dictadura cívico-militar, o las que en el marco del Plan Cóndor
se consumaron en contra de miles de latinoamericanos en los años de plomo.

El Informe es susceptible de múltiples lecturas, que
seguramente animarán un significativo debate. Para comenzar digamos que su sola
publicación produce un daño irreparable a la pretensión estadounidense de
erigirse como campeón de los derechos humanos, siendo que una agencia del
gobierno, con línea directa a la Presidencia, perpetró estas atrocidades a lo
largo de varios años con el aval –caso de George W. Bush- o la displicente
indiferencia de su sucesor en la Casa Blanca. Obviamente, si ya antes Estados
Unidos carecía de autoridad moral para juzgar a terceros países por presuntas
violaciones a los derechos humanos, después de la publicación de este Informe
lo que debería hacer Barack Obama es pedir perdón a la comunidad internacional (cosa
que desde luego no hará, o no lo dejarán hacer, como lo demostró el escándalo
de los espionajes), interrumpir definitivamente la publicación de los informes
anuales sobre la situación de los derechos humanos y del combate al terrorismo en
donde se califica el comportamiento de todos los países del mundo (excepto
Estados Unidos, juez infalible que no puede ser enjuiciado) y asegurarse que
prácticas tipificadas como torturas por el Informe senatorial no sólo no
volverán a ser utilizadas por la CIA o las fuerzas regulares del Pentágono sino
tampoco por el número creciente de mercenarios enrolados para defender los
intereses del imperio, lo que tampoco tiene demasiadas probabilidades de
ocurrir. Precisamente, la idea de nutrir cada vez más a las fuerzas del
Pentágono con mercenarios reclutados por sus aliados en el Golfo Pérsico
(Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, etcétera) o por compañías especializadas,
como Academi (la tenebrosa ex Blackwater) es liberar al gobierno de los Estados
Unidos de cualquier responsabilidad por violaciones a los derechos humanos que
pudieran cometer estos “contratistas”, como eufemísticamente se los denomina.
Al “tercerizar” de este modo sus operaciones militares en el exterior la
aplicación de torturas en contra de presuntos, o verdaderos, terroristas se
realiza al margen de las estipulaciones de la Convención de Ginebra que
establece que los prisioneros de guerra deben tener garantías jurídicas de
defensa y ser tratados de modo humanitario. Los mercenarios o “contratistas”,
por el contrario, son bandas contratadas por Washington para operaciones
especiales, actuando al margen de toda ley. No tienen prisioneros sino
“detenidos”, a los cuales pueden mantener bajo su custodia todo el tiempo que
consideren necesario, negándoseles el derecho a la defensa y quedando a merced
de los maltratos o las torturas que sus captores decidan aplicarles, gozando para
ello de total impunidad.
Tapa del Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo

Tapa del Informe Anual del Departamento de Estado sobre el Terrorismo

En segundo lugar, el Informe obvia considerar que la tortura
fue legalizada por el Presidente George W. Bush. Tal como lo hemos señalado en
un estudio publicado en 2009 la tortura como una práctica habitual venía siendo
utilizada desde mucho tiempo atrás por la CIA y otras agencias del gobierno
federal. En dicho texto decíamos que “a partir de los atentados del 11 de
Septiembre y la nueva doctrina estratégica establecida por el presidente George
W. Bush al año siguiente (“guerra contra el terrorismo”, “guerra infinita”,
etcétera)  las torturas a prisioneros,
sean éstos supuestos combatientes enemigos o simple sospechosos, se
tornaron  prácticas habituales en los
interrogatorios, así como también los tratos inhumanos o degradantes infligidos
a las personas bajo custodia de las tropas estadounidenses. A fin de evitar las
consecuencias legales que se desprenden de esta situación Washington adoptó
como una de sus políticas el traslado de sus prisioneros a cárceles situadas en
países donde la tortura es legal o en los cuales las autoridades no tienen
interés alguno en impedirla, sobre todo si se trata de favorecer los planes
estadounidenses; o enviarlos a Afganistán, Irak o la propia base norteamericana
de Guantánamo, donde se puede interrogar brutalmente a cualquier prisionero sin
ningún tipo de monitoreo judicial y sin la presencia de molestos observadores
como, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional.”[2]

Para estupor de propios y ajenos, aún después de haberse
dado a conocer el Informe del Senado el vocero de la Casa Blanca apeló a
ridículos eufemismos cuando transmitió el repudio del presidente Obama por sus
revelaciones: condenó los “duros y atroces interrogatorios” practicados por la
CIA, obviando utilizar el término correcto para definir lo que según la
Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes
es simple y llanamente eso: tortura.  En
su artículo primero la Convención establece que 
“Se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos
o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión; de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido; o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimiento que sean
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o
incidentales a estas.” [3]

De acuerdo a esta definición es imposible sostener que
prácticas tales como la “rehidratación rectal”, la “hipotermia”, la
“alimentación rectal”, colgar a una víctima de una barra, amenazar con violar a
su esposa o hijas, la prohibición de dormir o el “submarino” (“waterboarding”, como se la llama en
inglés) aplicadas cruelmente por horas y días para interrogar sospechosos de
terrorismo no constituyen flagrantes casos de tortura.[4]
No obstante ello, en Marzo de 2008 el presidente Bush vetó
una ley del Congreso que prohibía la aplicación del “submarino” a presuntos
terroristas, dando cumplimiento a un anuncio previo en el cual advertía que vetaría
cualquier pieza legislativa que impusiera limitaciones al uso de la tortura
como método válido y legal de interrogación. En respuesta a sus críticos la
Casa Blanca dijo que sería absurdo obligar a la CIA a respetar los preceptos
establecidos por la legislación internacional porque sus agentes no se enfrentaban
a combatientes legales, fuerzas regulares de un estado operando de conformidad
con los principios tradicionales sino a terroristas que actúan con total
desprecio por cualquier norma ética. De este modo Bush y su pandilla intentaron
justificar la violación permanente de los derechos humanos bajo el pretexto del
“combate al terrorismo”. No sólo eso: su 
Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, autorizó explícitamente en
Diciembre del 2002  la utilización de por
lo menos nueve “técnicas de interrogación” que sólo en virtud de un perverso
eufemismo pueden dejar de ser calificadas como torturas.  Lo interesante del caso es que Estados Unidos
adhirió a la citada Convención (que cuenta con 145 estados partes) en el año
1994 pero se cuidó muy bien de ratificar el Protocolo que le otorga facultades
de control al Comité de la Tortura de las Naciones Unidas. En otras palabras,
la simple adhesión a la Convención fue una movida demagógica, carente de consecuencias
prácticas en la lucha contra la tortura.


El horror que despierta el Informe no debería llevarnos a
pensar que allí se encuentra toda la verdad. Si bien destruye el argumento
central de la CIA en el sentido de que esas “duras tácticas de interrogación”
eran necesarias para prevenir nuevos ataques terroristas contra Estados Unidos,
lo cierto es que la estimación de los 
números de los detenidos y torturados se ubica muy por debajo de lo que
permiten inferir otras fuentes documentales. En el Informe, por ejemplo, se
dice que “la CIA mantuvo detenidas a 119 personas, 26 de los cuales
aprehendidas ilegalmente”.  Sin embargo, es
sabido que para perpetrar estas violaciones a los derechos humanos Estados
Unidos habilitó numerosas cárceles secretas en Polonia, Lituania, Rumania,
Afganistán y Tailandia; y contó con la colaboración de países como Egipto,
Siria, Libia, Paquistán, Jordania, Marruecos, Gambia, Somalía, Uzbekistán,
Etiopía y Djibouti para realizar sus interrogatorios, a la vez que algunas
ejemplares “democracias” europeas, como Austria, Alemania, Bélgica, Chipre,
Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia, amén de otros países
extraeuropeos, colaboraron en facilitar la entrega y traslado de prisioneros a
sabiendas de lo que les aguardaba a esas personas.[5]
El número de víctimas supera con creces las 119 del Informe. Téngase presente
que según Human Rights First, una
organización no gubernamental estadounidense, el número total de detenidos que
pasaron por la cárcel de Guantánamo desde su inauguración fue de 779 personas.[6]
Por otra parte, un  informe especial de
Naciones Unidas asegura que sólo en Afganistán la CIA detuvo a 700 personas y a
18.000 en Irak, todos bajo la acusación de “terroristas”.[7]
Ni hablemos de lo ocurrido en el campo de detención de Abu Ghraib, tema que
hemos examinado en detalle en nuestro libro.[8]

Para finalizar, tres conclusiones. Primero, el Informe pone
el acento en la inefectividad de las torturas soslayando imprescindibles
consideraciones de carácter ético o político. De las veinte conclusiones que se
presentan en las primeras páginas del Informe sólo una, la vigésima, expresa
alguna preocupación marginal por el tema al lamentarse que las torturas
aplicadas por la CIA “dañaron la imagen de los Estados Unidos en el mundo a la
vez que ocasionaron significativos costos monetarios y no- monetarios.” [9]
No existe ninguna reflexión sobre lo que significa para un país que presume
orgullosamente de ser una democracia -o la más importante democracia del mundo,
según algunos de sus más entusiastas publicistas- además del “líder del mundo
libre” incurrir en prácticas monstruosas que sólo pueden calificarse como
propias del terrorismo de estado al estilo del que conociéramos en América
Latina y el Caribe en el pasado. La tortura no sólo degrada y destruye la
humanidad de quien la sufre;  también degrada
y destruye al régimen político que ordena ejecutarla, la justifica o la
consiente. Por eso es que este nuevo episodio demuestra, por enésima vez, el
carácter farsesco de la “democracia norteamericana”. De ahí que  la expresión que mejor conviene para retratar
su verdadera naturaleza es el de “régimen plutocrático.”  Régimen, porque quien manda es un poder de facto, el complejo
militar-financiero-industrial que nadie ha elegido y a quien nadie rinde
cuentas; y plutocrático, porque el contenido material del régimen es la
colusión de gigantescos intereses corporativos que son, como lo anotara Jeffrey
Sachs días atrás, quienes invierten centenares de miles de millones de dólares
para financiar las campañas y las carreras de los políticos y los lobbies que
cabildean en favor de sus intereses y que luego obtienen como compensación a
sus esfuerzos beneficios económicos de todo tipo que se miden en billones de
dólares. Todo esto, además, justificado por una decisión de la Corte Suprema de
Estados Unidos que legalizó los donativos ilimitados que, en su enorme mayoría,
pueden beneficiarse del anonimato.[10]

Segundo, el Informe se abstiene de recomendar la persecución
legal de los responsables de las monstruosidades perpetradas por la CIA. Ante una
descripción que parece inspirada en las más horribles escenas del Infierno de
Dante, los autores se abstienen de recomendar al Premio Nobel de la Paz que la
justicia tome cartas en el asunto. Pero el pacto de impunidad está consagrado,
y ante la inacción de la Casa Blanca los torturadores y sus numerosos
cómplices, dentro y fuera de la Administración Bush, han salido a apoyar
abiertamente las torturas y acusar a los redactores del Informe de parcialidad
ideológica, todo esto en medio de una desaforada exaltación del chauvinismo estadounidense
y de una cuidadosa ocultación de las mentiras utilizadas por Bush y su pandilla,
desde las referidas a qué fue lo que realmente ocurrió el 11-S, en donde hay
más incógnitas que certezas, hasta la acusación a Irak de poseer armas de
destrucción masiva. Dado que Obama ha dado a entender que no enjuiciará a los
responsables materiales e intelectuales de estos crímenes la conclusión es que
no sólo se legaliza la tortura sino que también se la legitima, se la aprueba,
tal vez como un “mal necesario” pero se la justifica. Ante ello sería bueno que
algún tribunal del extranjero, actuando bajo el principio de la jurisdicción
universal en materia de delitos de lesa humanidad, trate de hacer justicia allí
donde el régimen norteamericano apaña la impunidad de los criminales y consagra
la perversión y la maldad como una virtud.

Tercero y último: la deplorable complicidad de la prensa. Todos
sabían que la CIA y otras fuerzas especiales del Pentágono tienen incorporada
la tortura de prisioneros como un SOP (“standard
operating procedures
”, un procedimiento estandardizado de operación en la
jerga militar de los servicios norteamericanos), como se ha dicho más arriba. Pero
los grandes medios -no tan sólo los pasquines rabiosamente derechistas de la
cadena de Rupert  Murdoch y muchos otros
de su tipo, dentro y fuera de Estados Unidos- conspiraron voluntariamente o no,
es irrelevante, para no llamar a la cosa por su nombre y utilizar en cambio
toda clase de eufemismos que permitieran edulcorar la noticia y mantener
engañada a la población norteamericana. Para el Washington Post, el New York
Times
y la Agencia Reuters eran métodos de interrogación “brutales”,
“duros” o “atroces”, pero no torturas; para la cadena televisiva CBS eran
“técnicas extremas de interrogación” y para Candy Crowley, la jefa de la
corresponsalía política de la CNN en Washington, eran “torturas, pero según
quien las describa”. Para el canal de noticias MSNBC
(fusión de Microsoft con la NBC) eran, según Mika Brzezinski, hija del estratego
imperial Zbigniew Brzezinski y, por lo visto, fiel discípula de las enseñanzas
de su padre, “tácticas de interrogación utilizadas por la CIA”. Esta es la
gente que luego es señalada por los políticos y los intelectuales de la derecha
para darnos lecciones de democracia y de libertad de prensa en América Latina y
el Caribe. Sería bueno tomar nota de su complicidad con estos crímenes y de su
absoluta carencia de virtudes morales como para dar lecciones a nadie.
[1] El
Informe puede consultarse en la siguiente dirección: https://es.scribd.com/doc/249652086/Senate-Torture-Report
[2]
Cf. Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de
los Derechos Humanos  por Estados Unidos

(Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pp. 43-44.
[3]
Ibid., p. 44.
[4]
Sobre el tema de la tortura el libro de Roberto Montoya, La impunidad imperial. Como
Estados Unidos legalizó la tortura y “blindó” ante la justicia a sus militares,
agentes y mercenarios
(Madrid: La esfera de los libros, 2005) es una
fuente absolutamente imprescindible por la meticulosidad de su investigación y
la sólida fundamentación de los casos examinados. Particularmente instructivo
es su análisis de las 35 “técnicas de interrogación”, las cuales, como dicen
los miembros de una Comisión ad-hoc
convocada por el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, podrían tener como
resultado “que personal estadounidense involucrado en el uso de esas técnicas
pudieran ser objeto de persecución por violación de los derechos humanos en
otros países o que pudiera ser entregado a foros internacionales, como la Corte
Penal Internacional. Esto tendría un impacto en futuras operaciones o viajes al
exterior de ese personal.” Cf. Montoya, op. cit, pp. 130-134. Datos más
específicos sobre las “técnicas de interrogación” se encuentran en http://globalsecurity.org/intell/library/policy/army/fm/fm34-52
[5]
“¿Qué países colaboraron con el programa de torturas de la CIA”, informe
elaborado sobre la base de documentación aportada por la American Civil
Liberties Union y la Open Society Justice Initiative, y publicado por La
Nación
(Buenos Aires) el 10 de Diciembre del 2014. Ver http://www.lanacion.com.ar/1751052-que-paises-colaboraron-con-el-programa-de-torturas-de-la-cia
[7] Cf. “Preliminary Findings on Visit to
United States by Special Rapporteur on Human Rights and Counter-terrorism”, May
29, 2007, en El Lado Oscuro, op. cit., pp. 55-56.  
[8] El
lado oscuro
, op. cit., pp. 47-48
[9] Informe, op. cit., pg.16.
[10] “Understanding and overcoming
America’s plutocracy”, Huffington Post, 6 Noviembre 2014. http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/understanding-and-overcom_b_6113618.html