(Por Atilio A. Boron) La iniciativa
de expulsar, o suspender, a Venezuela del Mercosur viola la normativa de esa
institución. No hay nada en el Tratado Constitutivo del Mercosur ni en los
Protocolos de Ushuaia y de Montevideo (Ushuaia II) que contienen la así llamada
“cláusula democrática” que justifique semejante medida. Tiene razón la
canciller venezolana Delcy Rodríguez cuando denuncia la turbia maniobra de sus
socios sureños como un “golpe de estado” contra la República Bolivariana. El
pretexto empleado por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay es que
Caracas incumplió su compromiso de adecuar su normativa económica a la
establecida por el Mercosur. De hecho Venezuela fue modificando gran parte de
sus regulaciones económicas, pero el proceso está aún sin completar.
Incidentalmente, lo mismo puede decirse de los demás socios del Mercosur,
ninguno de los cuales ha adoptado en su integralidad las normas del Tratado de
Asunción. Pero lo que puede ser un pecadillo venial en Argentina, Brasil y
Paraguay se convierte en un monstruoso pecado mortal en el caso de la República
Bolivariana.  Este doble estándar es una
marca registrada del imperialismo y sus lacayos locales, como son los gobiernos
de esta infausta Triple Alianza que se arroja con saña en contra de la patria
de Bolívar y Chávez. No es preciso esforzarse en demasía para comprobar la
debilidad de este argumento, incompatible inclusive con las normas y las
prácticas del derecho internacional que establecen un marco de flexibilidad y
diálogo en los casos de retrasos en el cumplimiento de los acuerdos.  En el caso de la Unión Europea los acuerdos
de Maastricht establecían que el déficit en el presupuesto de los estados no podría
representar una proporción mayor que el 3% del PIB y que la deuda pública no
debería bajo ningún concepto superar el 60 % del PIB. Si Macri, Temer y Cartes
fueran gobernantes de algún país europeo estarían viéndose en figurillas para
“suspender” a países como Gracia, Italia, Portugal, Bélgica, Francia, España,
Reino Unido por incumplir con ambas normas, y a Alemania, Holanda y Austria por
sobrepasar el límite impuesto al endeudamiento público. [1]
Pero los países de la Unión Europea, clientes también ellos de la Casa Blanca,
mantienen un criterio de flexibilidad que los talibanes conosureños no poseen y
se desviven por agredir a Venezuela, país cuyas enormes reservas petroleras,
las mayores del mundo, excitan el apetito insaciable del imperio.

               Siendo
insostenible el argumento del incumplimiento de la normativa del Mercosur, los
agresores cambiaron de táctica y ahora enarbolan el argumento de la “cláusula
democrática”. ¿Qué dice esta cláusula? 
La misma fue resultante de una Reunión del Consejo del Mercado Común (Julio
de 1998) ocasión en que los Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, amén los de las Repúblicas de Bolivia y Chile suscribieron el
«Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático»   estableciendo
que la vigencia de las instituciones democráticas era condición indispensable
para la existencia y desarrollo de los procesos de integración, y que toda
alteración del orden democrático constituiría un obstáculo inadmisible para la
continuidad de la integración regional. En la retorcida argumentación de Macri,
Temer y Cartes resulta que un gobierno que ha resistido años de guerra
económica lanzada sin tapujos por el imperio; que ha desbaratado interminables
tentativas sediciosas explícitamente encaminadas, con la inocultable
colaboración de Washington, a derrumbar a un gobierno al que no se lo podía
derrotar en las urnas; que a comienzos de 2014 ha debido soportar meses de
subversión sediciosa con un costo de 43 muertos, casi un millar de heridos,
infinidad de edificios públicos y privados, vehículos de transporte público y
de uso particular debe ser acusado por violación a los principios democráticos.
La víctima se convierte en victimario. En resumen, un gobierno que se ha
defendido de un ataque brutal y lanzado por todos los flancos, que ha mantenido
la institucionalidad democrática, que convocó a veinte consultas electorales en
18 años; ese gobierno bolivariano es juzgado por otros dos surgidos de sendos
golpes de estado –Brasil y, de modo mediatizado, Paraguay- y por otro que ha
sumido a la Argentina en un acelerado proceso de involución democrática como
violatorio de la “cláusula democrática” del Mercosur.  Presidentes que para deshonor de sus
gobiernos y sus países están incursos en graves episodios de corrupción –Panamá
Papers, Bahama Papers, “Lavajato”, etcétera- 
y que atropellan la institucionalidad democrática, censuran a la prensa
opositora y encarcelan o asesinan a dirigentes sociales, gobiernos como esos,
repito, sienten que cuentan con la autoridad moral para juzgar la
democraticidad de la República Bolivariana de Venezuela. Si no fuera por la
injusticia que esto provoca la pretensión sería simplemente cómica, un acto
barato de comicidad a manos de malos actores que simplemente obedecen órdenes
de la Casa Blanca.  El veredicto de la
historia será implacable ante este plan para destruir al Mercosur y, también a
la UNASUR  y la CELAC, objetivo
estratégico y no negociable del imperio que, para recuperar su hegemonía en
esta parte del mundo, necesita destruir todos los esquemas de integración
creados en las últimas décadas. No lo lograrán, y los tristes y malos gobernantes
que colaboren en tan infame designio sufrirán, más pronto de lo que ellos se
imaginan, el ejemplar escarmiento de sus pueblos.

[1] “Déficit
y deuda pública de los países de la Unión Europea en 2015”, en El
País
, 21 Abril 2016, http://elpais.com/elpais/2016/04/21/media/1461253548_150711.html