SEPLA es la sigla de la Sociedad Latinoamericana
de Economía Política y Pensamiento Crítico, una red de economistas y, en
general, científicos sociales, de izquierda de América Latina y el Caribe.
Mantiene un muy activo intercambio de notas de investigación y
artículos sobre temas de actualidad.  Para comunicarse con la red SEPLA dirigirse a
sepla_activos@googlegroups.com. 
Días atrás hubo una interesante confrontación de opiniones entre
dos miembros de la red acerca del tema Repsol-YPF, razón por la cual creo
conveniente compartirlo con los lectores de mi blog. ¡Que cada cual saque sus propias
conclusiones!
  
“Reflexión sobre la
expropiación de YPF”
Antonio Elías *
¿Qué piensa de  la expropiación
de  YPF en Argentina?
1.- ¿Es correcto el camino utilizado?
Es correcto, en el marco de su soberanía fija límites a las maniobras de
una empresa transnacional que, como toda empresa capitalista, opera para
maximizar beneficios, sin considerar los intereses nacionales y populares. En
este caso con dos agravantes: maximizaba los beneficios de corto plazo a
distribuir reduciendo al mínimo las inversiones; trasladaba esos beneficios a
la casa central en el exterior.
2.- ¿Hay que apostar al control  estatal de los recursos naturales?
Si, los recursos naturales son una parte fundamental del  patrimonio de cualquier nación, más aún
cuando, como en el caso del petróleo, son recursos no renovables.  La explotación de estos recursos debería
potenciar el desarrollo económico, en su definición de crecimiento con
redistribución progresiva del ingreso. Por un lado, porque los ingresos que
genera su venta permitirían invertir en otros sectores productivos; a la vez,
que permitiría planificar la disponibilidad de energía en el mediano y largo
plazo, a través de inversiones que garanticen una oferta estable de combustible
a la economía nacional.
(clic en Más Información) 

3.- ¿Soberanía vs inversión
extranjera?
La inversión extranjera realizada en los marcos estipulados en los
tratados binacionales de “protección recíproca de inversiones” y amparada en el
mecanismo de solución de controversias del Banco Mundial, el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), genera
condiciones para que las transnacionales busquen imponer conductas
empresariales lesivas para los estados nacionales. Cuando los estados aceptan y
le reconocen al inversor extranjero un estatus cuasi “de sede diplomática”
estos últimos adquieren un nivel de impunidad que degrada la soberanía
nacional. 
4.- ¿Qué hacer con los tratados
internacionales?
No se debería firmar ningún tratado que comprometa la posibilidad de que
el Estado actué ante políticas empresariales que afecten el interés nacional.
Más aún, no debería existir ninguna diferencia en la capacidad del Estado para
regular y aplicar las sanciones que correspondan a empresas nacionales o
transnacionales.
La lucha de pueblos y naciones evito que en el 2005, en Mar del Plata,
se firmara el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que impulsaba
Estados Unidos. Pero, lamentablemente, ese gran acuerdo supranacional fue
sustituido por la firma de múltiples tratados bilaterales de protección  de inversiones y de libre comercio. 
Con estos tratados, además, los problemas entre un estado nacional y una
empresa transnacional se transforman, fácilmente, en conflictos entre estados.
5.- ¿Nacionalización o cortina de
humo? 
El gobierno argentino ejercido por los Kirchner se ha caracterizado por
mantener una política económica heterodoxa, claramente diferenciada de los
lineamientos de los organismos internacionales – como las que llevan adelante
sus socios del Mercosur -, aunque simultáneamente se profundizo la apertura a
la inversión extranjera directa. Más aún, en este caso la “nacionalización”,
consistiría en “expropiar a una transnacional”, una parte de una Sociedad
Anónima, para hacer un contrato de explotación con otra transnacional que
realice las inversiones necesarias para garantizar la explotación de nuevos
yacimientos.
6.- ¿Es este  un nuevo camino del antimperialismo?
No, no lo es, salvo que sea parte de una estrategia con objetivos
mayores que desconocemos. Esta 
expropiación es una medida puntual contra una empresa transnacional que
no funciona de acuerdo a los intereses nacionales definidos por el gobierno argentino.
Es una medida soberana – ejercida dentro del marco legal de la República
Argentina – valiente y respetable, pero no se inscribe, al menos por
ahora,  en un proceso de
nacionalizaciones o estatizaciones contra el capital transnacional o las potencias
centrales. Pretende sí, de acuerdo a lo declarado, subordinar o, al menos,
conciliar los intereses de las transnacionales con los intereses nacionales, lo
cual no es poco.
Lo anteriormente señalado, obviamente, no niega el uso político de esta
medida que hace el gobierno argentino para acrecentar su base social a partir
de la defensa de la  nación.
El gobierno español, desde el otro lado de la controversia, hace
exactamente lo mismo. La diferencia fundamental entre uno y otro, es que el
gobierno argentino tiene el legítimo derecho de hacer lo que hizo, en cambio el
español -de rancia derecha política – se identifica con la empresa Repsol,
desconoce la legitimidad de Argentina y muestra y la vieja hilacha
colonialista, autoritaria y expoliadora que caracterizo a la mal llamada “madre
patria”.  
  
7.- ¿Sufrirá Argentina represalias
por estas medidas?
Por supuesto que sí: el poder que es efectivamente cuestionado recurre,
casi mecánicamente, a una política de castigos ejemplarizantes para evitar que
el  precedente, “expropiador” en este
caso, se repita en otros ámbitos o países.
El gobierno de Madrid está convocando a la Unión Europea a una cruzada
contra los “infieles expropiadores” argentinos, pero puede existir mucha
distancia entre las “amenazas” y las posibilidades reales de cumplirlas. Incluso
cumpliendo las amenazas estas pueden no tener el efecto destructivo
esperado.  No se puede olvidar que
Argentina declaró el “default” en 2001 y a pesar de los anuncios de represalias
financieras y catástrofes económicas ha sido uno de los países que más creció
en la última década en América Latina. Sin duda creció mucho más que Uruguay y
Brasil, fieles defensores de lo ortodoxia y la “buena letra”.
8.- ¿Cómo deben actuar los otros
países latinoamericanos?
En principio, y por principios, apoyando plenamente al gobierno
argentino en su derecho soberano a tomar las medidas que entienda conveniente
en el marco de su Constitución y sus leyes. Esto sin desmedro de compartir o no
los fundamentos expuestos para tomar la medida.
Lo que es inaceptable y vergonzoso es que haya quienes quieran
aprovechar este contencioso para captar inversiones extranjeras que hoy tienen
como destino la Argentina con el lamentable argumento de que acá pueden hacer
lo que quieran asegurando que “ni los vamos a expropiar ni le vamos a doblar el
lomo con impuestos.”**
(*) Miembro de la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay (REDIU) y
Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento
Crítico (SEPLA).
(**) José Mujica, declaración ante los empresarios extranjeros, 11 de
febrero de 2010, reafirmado ahora por voceros del gobierno.
Publicado en el semanario “Voces”, Montevideo, el 26 de abril de 2012
_______________
Estimadas y estimados, el artículo que enviaran con las reflexiones
sobre la expropiación de YPF me deja un sabor un poco amargo, y con la
necesidad de elaborar una respuesta (que escribo a continuación).
“Discrepancia sobre YPF”
Luis Lafferriere
Las afirmaciones de Antonio Elías sobre la decisión de expropiar el 51%
de las acciones de Repsol por parte del gobierno argentino son (en mi modesta
opinión) bastante relativas y criticables, y no van al fondo de la cuestión.
No se puede afirmar que la decisión se toma en el marco de una supuesta
soberanía, ya que en el conjunto de las leyes y las políticas oficiales
vigentes, las principales beneficiarias de los recursos hidrocarburíferas
argentinos son y siguen siendo las grandes transnacionales extranjeras (y donde
nuestra soberanía brilla por su ausencia).
Es falso también el argumento de que la decisión obedece a que la
empresa no reinvertía, ya que fue el propio gobierno el que generó esa
situación, cuando armó el ingreso del grupo Esquenazi (empresario amigo K) que
se quedó con el cuarto del paquete accionario sin poner un peso, puesto que su
parte se pagaría con los aumentos de combustibles (que pagamos todos los
argentinos) y con la distribución de las mayores utilidades logradas a través
de esos aumentos.
Y por otro lado, no es sólo Repsol quien distribuye sus utilidades sin
reinvertir, sino que todas las empresas del sector trasladan sus ganancias al
exterior, y sólo se tomó el capital de una empresa de un país en decadencia (al
resto ni se los tocó).
La ‘nacionalizada’ YPF seguirá siendo una Sociedad Anónima sin control
del Estado, en manos de De Vido y su gente (sospechados y acusados de numerosos
actos de corrupción). Para “reafirmar la soberanía argentina” ahora sale a
buscar inversores de los Estados Unidos. Ya se sabía de conversaciones con la
Exxon y la Chevrón, grandes transnacionales piratas del centro del
imperio. No es casualidad que la decisión de expropiar el 51% de las acciones
de REPSOL se haya tomado al día siguiente de la reunión que tuvo nuestra
Presidenta con Obama.
Ahora cambiamos el socio mayor, con las mismas normas entreguistas de
Menem y Kirchner. Los decretos de desregulación de los años ’90 siguen
vigentes, lo mismo que las leyes que en este siglo le dieron más beneficios a
las transnacionales. Eso garantiza que la renta de las riquezas
hidrocarburíferas seguirá acaparada por las empresas extranjeras, y que los
precios de los combustibles y las tarifas seguirán subiendo. Y nosotros
contentos con el cuento (el popular relato K) de que somos soberanos.
Respecto de la supuesta política heterodoxa del actual gobierno y
diferenciada de los lineamientos de los organismos internacionales, es muy
discutible. La deuda pública de origen fraudulento, que ya se pagó varias veces,
sigue siendo pagada puntualmente (sólo una parte de los intereses, ya que ni
siquiera alcanza para cubrir ese concepto, y por lo tanto crece cada año más de
10 mil millones de dólares). Continuar pagando el tributo a los usureros sin
siquiera auditar la deuda (a pesar de denuncias y fallos judiciales que
desnudan la ilicitud) no es una muestra de heterodoxia.
Los recursos naturales del país siguen estando al servicio de la
acumulación y el saqueo de las grandes corporaciones extranjeras. Los planes
asistencialistas y clientelares son impulsados y financiados por el Banco
Mundial. Se sancionan leyes represivas por presión de los países centrales. Se
mantienen los tratados bilaterales de protección de las inversiones y la
jurisdicción de los tribunales del imperio (CIADI). La normativa para la
minería permite el saqueo gigantesco y la destrucción en escala sin precedentes
de nuestros bienes comunes, con beneficios y privilegios que no tienen nuestras
propias empresas. Todo eso tiene muy poco de heterodoxo y está avalado por los
organismos internacionales.
Finalmente, creo que tampoco es acertada la afirmación de que la
Argentina sufrirá represalias por esta medida sobre Repsol, ya que al
tratarse de un país capitalista en profunda crisis y en retirada, no tiene
poder como para encabezar una acción que afecte al país, máxime considerando
que el resto de los países centrales tienen fuertes inversiones en nuestro
territorio, y que con esta medida tendrán aún mayores oportunidades de
negocios.
En síntesis, creo que la decisión del gobierno argentino obedece a una
necesidad imperiosa de caja y de aminorar el gigantesco déficit externo que
provocó su propia política hidrocarburíferas. Pero no modifica sustancialmente
la situación de crisis energética, de dependencia neocolonial y de saqueo de
las riquezas por parte de las grandes transnacionales que controlan la economía
del país.
Cordiales saludos.
Luis Lafferriere