Hoy aparecieron dos magníficas notas que dan cuenta de lo que hemos caracterizado en trabajos anteriores como la “descomposición moral” del imperio. En una de ellas, JUAN GABRIEL TOKATLIAN habla del acelerado e irreversible avance de la “poslegalidad”, vocablo apto para referirse a la descarada apelación a metodologías y formas de acción completamente reñidas con la propia legalidad estadounidense por parte de la Casa Blanca. De este modo, el indigno Nóbel de la Paz que se sienta en la Oficina Oval de la Casa Blanca ordena crímenes y asesinatos de ciudadanos extranjeros y norteamericanos, envía aviones no tripulados para masacrar poblaciones indefensas sin pagar costo alguno ante una opinión pública estupidizada  por la industria cultural del capitalismo y, paso a paso, va cercenando las libertades públicas que en su letra garantiza la Constitución de los Estados Unidos pero que desde Ronald Reagan para aquí se ha convertido en letra muerta. En esta misma línea JUAN GELMAN publicó una nota en donde demuestra que el “progre” Barack Obama ya superó a su infausto predecesor: pese a sus encendidas promesas de campaña no cerró Guantánamo, inventó un simulacro de retirada de Irak, siguió guerreando en Afganistán y se metió Pakistán y fue principalísimo actor, desde las sombras que proyecta la OTAN, de la tragedia de Libia. Si G. W. Bush pergeñó el rescate de los bancos su sucesor profundizó esa política; si aquél había escrito el borrador del Tratado EEUU-Colombia que autoriza la utilización de bases militares (por ahora 7) en ese país sudamericano, fue Obama el que ratificó el acuerdo poniendo su firma al lado de un personaje siniestro como Álvaro Uribe. Y en materia económica las políticas de rescate de los delincuentes de cuello blanco y trajes Armani que pululan en Wall Street, rescate hecho a costa de los deudores hipotecarios, prosiguieron su curso: ya son dos millones de familias las que la Casa Blanca arrojó a la calle, y se espera que sean unos cinco millones en los próximos dos o tres años. Detrás del bello ropaje republicano y de la retórica constitucionalista que con tanto cinismo cultivan los gobernantes del imperio, lo que hay es una política sistemática de saqueo y pillaje perpetrado en contra de todos los pueblos del mundo, inclusive el estadounidense, en nombre de la democracia, la libertad y la seguridad nacional norteamericana, eufemismo para evitar hablar de la perpetuación del dominio imperialista a escala mundial.
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El ocaso democrático
Juan Gabriel Tokatlian
 El País, Madrid 02/01/2012
Una de las tantas paradojas actuales es que mientras en la periferia muchas sociedades y Gobiernos intentan ampliar los derechos ciudadanos, en varios países centrales se pretende desvertebrar el Estado de derecho. En América Latina y, en tiempos recientes, en Oriente Próximo y el norte de África con la llamada primavera árabe, se observan impulsos y logros importantes en el reclamo y la extensión de derechos y garantías de diverso tipo. Inversamente, en países clave de Occidente, y desde el 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos se denota un esfuerzo desde el Ejecutivo y el Legislativo (y con pocas limitaciones por parte del Poder Judicial) de recortar y suprimir derechos alcanzados con enorme esfuerzo colectivo. Con el presunto objetivo de proteger la seguridad nacional en Estados Unidos se ha gestado una compleja estructura jurídica, burocrática e institucional cívico-militar que ha configurado de hecho una condición de inseguridad permanente; meta que al parecer ha logrado alcanzar el terrorismo transnacional a una década de los atentados en Nueva York, Washington y Filadelfia. (clic abajo en Más información)

En ese contexto, la poslegalidad tiende a imponerse: se trata de una situación en la que el derecho interno e internacional se manipula, se desconoce o se quiebra a expensas de un bifronte Estado gendarme que opera con escasa rendición de cuentas hacia adentro y con excesivo despliegue militar hacia afuera. Lo poslegal no es patrimonio exclusivo de Estados Unidos -recientemente la secretaria del Interior de Reino Unido, Theresa May, sugirió la necesidad de deshacerse de la Ley de Derechos Humanos de 1998-, pero tiene su manifestación más elocuente e inquietante en aquel país.

La poslegalidad se exacerba en Estados Unidos en medio de una fenomenal crisis económica y ante una ciudadanía que, ante la incertidumbre y de modo confuso, se expresa contradictoriamente frente al delicado balance entre seguridad y libertad. Por ejemplo, en junio de 2010 una encuesta a cargo de Rasmussen Reports indicaba que el 28% de los estadounidenses consideraba que era una mala idea el control civil de los militares y apenas el 44% consideraba bueno dicho control. Pero, a su vez, en una encuesta de Gallup efectuada en septiembre de 2011 un 49% de los entrevistados consideraba que el Gobierno federal era «una amenaza inmediata a los derechos y libertades individuales».
La poslegalidad, por vía de presuntos términos legales, rápidamente asimilados por los medios de comunicación y los principales líderes políticos nacionales, naturaliza un nuevo lenguaje que facilita el desprecio por los derechos. Así, en vez de referirse a la tortura se habla de «técnicas acrecentadas de interrogación»; el secuestro extraterritorial de personas, realizado de manera clandestina por funcionarios, se denomina «entrega extraordinaria»; las ejecuciones extrajudiciales se justifican en el marco de las «hostilidades» contra «militantes»; y a las guerras punitivas contra países que no han atacado a Estados Unidos se las llama «acción militar cinética».
La poslegalidad tiene símbolos: Guantánamo y Abu Ghraib. Tiene puntos clave de construcción conceptual: las oficinas del Legal Advisor del Departamento de Estado, del General Counsel del Departamento de Defensa y del Special Counsel de la Casa Blanca. Tiene un mapa de referencia para su racionalización y justificación: la «guerra contra el terrorismo». Y tiene continuidad política bipartidista: desde George W. Bush a Barack Obama.
Ahora bien, tres asuntos han puesto en evidencia el desbordamiento de la poslegalidad de Estados Unidos. Primero, el incesante uso de vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles), los denominados drones, en Asia (Irak, Afganistán y Pakistán) y África (Libia, Somalia y Yemen). El recurrente uso de aquel medio de combate -al que hay que sumar un fracasado intento reciente en Irán- ha llevado a debatir en torno a la «guerra de los drones»; un modo de enfrentamiento a distancia, sin grandes contingentes en condición de combate frontal, presuntamente de alta precisión y más económico que el despliegue de tropas. El recurso a los drones ha implicado, entre otras, cierta facilidad para lanzar ataques en los que las bajas propias son casi inexistentes, bastante indiferencia de una opinión pública que apenas si conoce el tema y que, en general, no padece costo alguno inmediato después de su utilización, y un ascendente papel militar de los órganos de inteligencia dado que es la CIA la encargada del sistema de lanzamiento. Si bien en 2009 el Informe del Relator Especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, sugería que los drones podrían violar el derecho internacional humanitario, nada parece haber conducido a replantear su uso por parte de Washington.
Segundo, en septiembre pasado el Gobierno de Barack Obama fue un paso más adelante en esta materia. En un «panel secreto», y con aval presidencial, autorizó dar de baja a dos estadounidenses, Anwar al Awlaqi y Samir Khan, mediante misiles lanzados desde un vehículo aéreo no tripulado. En los dos casos no hubo una acusación formal, no se pretendió su arresto ni se buscó poner en marcha el debido proceso. Ni la Constitución ni las enmiendas 5, 6 y 14 fueron tenidas en cuenta para llevar a cabo este targeted killing.
Y tercero, más recientemente, en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2012 y con una votación de 93 a 7, el Senado aprobó que cualquier estadounidense sospechoso de terrorismo puede ser detenido indefinidamente por autoridades militares (al tiempo que aumenta las restricciones para no trasladar los prisioneros de Guantánamo a territorio continental estadounidense). Para algunos observadores esta legislación es un serio revés al Estado de derecho. Organizaciones de derechos civiles y voces liberales demandan y se consuelan con un eventual veto del presidente Obama.
Los tres ejemplos mencionados apuntan a subrayar que en Estados Unidos la legalidad está en entredicho y que lo poslegal se está tornando en lo habitual. Más temprano que tarde esto tendrá un efecto devastador sobre la democracia en aquel país. Lo que tendrá, y de hecho ya tiene, reverberaciones por fuera de Estados Unidos. En ese caso se habrá dado un paso abismal: del acoso democrático al ocaso democrático.

Juan Gabriel
Tokatlian es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella (Argentina).http://www.elpais.com/articulo/opinion/ocaso/democratico/elpepuopi/20120102elpepiopi_4/Tes
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El desempate de Obama
Por Juan Gelman
Barack Obama acaba de superar a W. Bush: no cerró Guantánamo, inaugurado por su antecesor; amplió a Pakistán las guerras en Irak y Afganistán y su política económica y social no cambió la dirección que le imprimiera W. Pero pocos días después de cumplirse, el 15 de diciembre, el 220º aniversario de la Carta de Derechos que los Padres Fundadores de EE.UU. erigieron en modelo democrático, Obama promulgó una ley que recorta las libertades civiles más, pero mucho más que la Patriot Act de su predecesor. La National Defense Authorization Act (NDAA), aprobada por el Congreso, faculta a las fuerzas armadas a encarcelar por tiempo indeterminado, sin cargos ni proceso y en prisiones militares, a todo estadounidense sospechado de terrorista, aunque viva en el extranjero. Adiós al derecho de defensa y a un juicio civil, adiós a la presunción de inocencia del acusado hasta que su culpabilidad se pruebe.
Son conocidas las torturas y humillaciones propinadas a los presos en Guantánamo y aún padecen, los que quedan, exactamente la misma situación. Este hecho despertó protestas débiles en EE.UU., finalmente se trataba de extranjeros. La amenaza de que los estadounidenses mismos se vean sometidos a semejante trato provocó las reacciones más inesperadas, aun antes de que Obama diera su plácet al engendro. El New York Times publicó una columna de opinión de los generales (R) Charles C. Krulak y Joseph P. Hoar, del cuerpo de marines, nada avara en adjetivos (www.nytimes.com, 12–12–11).
(La NDAA) “es equivocada e innecesaria: el presidente ya cuenta con el poder y la flexibilidad que requiere una lucha efectiva contra el terrorismo… las leyes en vigor facultan a los militares a detener a los capturados en el campo de batalla, pero esta disposición extendería el campo de batalla a EE.UU.”. Agregan que la disposición no sólo viola el espíritu de la legislación que limita el uso de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna, “sino también nuestra confianza en el personal de servicio, que se alistó pensando que nunca se le pediría que volviera sus armas contra nuestros compatriotas”. Subrayan que la medida “reduce, si no elimina, el papel de las cortes federales en los casos de terrorismo… desde el 11/9, las inciertas e inexpertas comisiones militares condenaron solamente a seis acusados de terrorismo, mientras que los tribunales civiles sentenciaron a más de 400”. Una consideración muy práctica.
Forbes distrajo un poco de su permanente atención a los multimillonarios para titular así una de sus columnas: “La NDAA es la amenaza más grande a las libertades civiles que los estadounidenses enfrentan” (www.for bes.com, 5-12-11). “Y qué hay de la inocencia hasta que la culpabilidad se pruebe. Y qué hay de un gobierno con límites. Estamos afrontando el acabóse. O mantenemos las libertades intrínsecas de nuestra república constitucional o rompemos ese proyecto entero en nombre de la seguridad librando sin término esa infructuosa, cara y en última instancia contraproducente Guerra contra el Terror.”
Al parecer, juicios tan duros hicieron vacilar a la Casa Blanca y varios asesores sugirieron la posibilidad de que la ley fuera vetada. Pero Obama, citando vagos cambios introducidos en el texto, pegó la vuelta en U y descartó el veto incurriendo en lo que un editorial del New York Times calificó de “una rendición política completa, que refuerza la impresión de una presidencia que se mueve a tropezones” (www.nytimes.com, 15-12-11). A saber si fue realmente así.
El patrón de la Casa Blanca agitó el fantasma del veto “pero no porque tuviera alguna objeción a la sustancia de la ley –señaló el Christian Science Monitor–. En realidad el presidente, que es un ex profesor de derecho constitucional, quería retener la facultad de aplicar sus disposiciones, es decir, el encarcelamiento militar por tiempo indeterminado, a los ciudadanos estadounidenses que, en virtud de la Constitución, tienen derecho a un juicio expeditivo y público y a la protección jurídica debida. El Congreso capituló” (www.csmonitor.com, 28–12-11). No fue Obama el que izó bandera blanca.
El profesor de derecho Jonathan Turley, de la Universidad George Washington, trazó el historial de las violaciones de los derecho civiles y humanos cometidas por el gobierno Obama, desde el permiso para usar ese tormento llamado “submarino” hasta el bloqueo de la investigación y procesamiento de torturadores del ejército y la CIA (www.latimes.com, 29–11-11). “Con el tiempo, la elección de Barack Obama podrá considerarse como uno de los sucesos más devastadores en nuestra historia de las libertades civiles”, concluye Turley.
La Carta de Derechos, primera enmienda de la Constitución de EE.UU., aprobada en 1791, garantiza, entre otras, la libertad de expresión y de reunión, el derecho, entre otros, a no ser sometido a torturas y a un juicio rápido con un jurado imparcial. Pareciera que el ex profesor de derecho constitucional olvidó todo lo que sabía.