(Por Atilio A. Boron)  Se ha convertido un lugar común decir, a
propósito de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que “cosas como estas sólo
ocurren en la Argentina”.
Una nota aparecida en la página de opinión del New York Times del Martes
10 de Febrero abona la supuesta verdad contenida en esa afirmación que, como
era de esperar, fue reproducida y agigantada hasta extremos indecibles por la
prensa hegemónica y los intereses del bloque oligárquico-imperialista empeñado
en acelerar, también en la
Argentina, un “cambio de régimen” sin tener que atenerse a
los plazos y nimiedades establecidas por la Constitución y la
legislación electoral.  Y decimos
supuesta porque si hay algo que enseña la historia comparada contemporánea es
que casos como el de Nisman: muertes sospechosas, imposibles de certificar si
fueron suicidios o asesinatos, no son infrecuentes  en las principales democracias del mundo.
Casos que, casi invariablemente, se archivaron rápidamente señalando causas y
culpables de menos que improbable verosimilitud.


En lugar de
sermonear a los argentinos por el caso Nisman el diario neoyorkino podría
hacerle un servicio a su país si investigase seriamente el asesinato de John F.
Kennedy o el de otros connotados personajes de la política norteamericana que
murieron bajo asombrosas  circunstancias,
para decirlo con benevolencia. La forma en que se investigó y se cerró el caso
de JFK con el Informe Warren que dictaminó que Lee H. Oswald actuó en solitario
para matar a JFK y herir al Gobernador Connally, y que Jacob Rubenstein (a) Jack Ruby, un conocido hampón y
narcotraficante de Dallas,  hizo lo mismo
al matar a Oswald dos días después en la propia comisaría. Pocas cosas contribuyeron
tanto al descrédito del sistema judicial de EEUU como ese informe refrendado
por la Corte Suprema
de ese país. El NYT, que con tanto entusiasmo adhirió a la absurda teoría de
que había armas de destrucción masiva en Irak haría bien en tratar de develar
las razones y consecuencias de una mentira que costó millones de vidas, heridos
y gentes desplazadas; o de ilustrar a sus lectores qué ocurrió con Osama Bin
Laden, cuya supuesta muerte en Mayo del 2011 quedó sellada en las profundidades
del Océano Índico mientras un espectro de sospechas corroe hasta el tuétano la credibilidad
de la justicia y el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que los macabros
misterios -cada vez menos herméticos y más cuestionados- que rodean los
sospechosos atentados del 11-S. La lista sería tan extensa que necesitaríamos
una página simplemente para enumerar las principales muertes de altos
funcionarios o personas muy allegadas al poder político en Estados Unidos. Tomemos
el caso de dos exdirectores de la CIA. William Colby lo fue entre 1973 y 1976 falleció
en 1996 mientras hacía una solitaria excursión en canoa en un río cercano a su
domicilio en Maryland. Colby duró poco en su cargo; no era muy bien visto por
sus colegas en la Agencia
porque sentía que algunos de sus “agentes operativos” (vulgo: killers) gozaban de demasiadas
prerrogativas y desconfiaba de los verdaderos propósitos de algunas de sus
operaciones secretas. Otro ex Director de la CIA, William J. Casey, dirigió la agencia entre
1981 y el año de su muerte, 1987, sirviendo en tal calidad durante casi todo el
período presidencial de Ronald Reagan. Casey, un fundamentalista católico,
carecía de los escrúpulos que le llevaron a su predecesor a sufrir un fatal
accidente náutico. Pero tuvo mala suerte también él, porque falleció pocas
horas antes de testificar en el Congreso sobre la criminal operación
Irán-Contra y también sobre la intervención de la CIA en el reclutamiento y
organización de los mujaidines afganos bajo el liderazgo de Osama bin Laden. La
versión oficial, apta sólo para ingenuos incurables, es que Casey padecía de un
extraño tumor cerebral que de la noche a la mañana se agravó hasta privarlo del
habla y, un par de días después, despacharlo al otro mundo. Otro caso
interesante es el del senador republicano John Tower, que a mediados de los
setentas presidió junto con el demócrata Frank Church un comité que examinó el
papel de la CIA
en el golpe de estado de Chile de 1973. En el curso de la investigación se
descubrió que la CIA
estaba desarrollando una pistola altamente sofisticada que podía eliminar
enemigos políticos inoculándoles bacterias o gérmenes letales mediante el
disparo de un rayo ultracongelado que penetraba en el organismo de la víctima
sin que esta fuera consciente de ello. Tower murió en un accidente de un
pequeño avión de línea regional. Otro desafortunado fue Vincent Foster, un
amigo y  consejero del Presidente Clinton
que supuestamente se suicidó en 1993. La investigación estuvo plagada de
irregularidades, incomprensibles en el caso de un sujeto tan cercano a la
familia presidencial, nacido y criado en el mismo pueblo en Arkansas. Un
informe señala que llamó al celular de Hillary Clinton unas pocas horas antes
de su muerte. El caso se catalogó como suicidio y asunto concluido.

Como vemos, el
NYT tiene una lista de temas bastante extensa para preocuparse, además del caso
Nisman. Si cruzamos el Atlántico las cosas no mejoran. Uno de los incidentes
más resonantes de los últimos tiempos es el del notable científico británico y
autoridad reconocida en el tema de la guerra bacteriológica: David Christopher
Kelly. Había sido inspector de la
ONU en Irak en aquella búsqueda absurda de las supuestas
armas de destrucción masiva y que todos sabían que no estaban allí. Kelly fue
llamado a testimoniar ante el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento
Británico y se produjo un áspero debate en donde refutó inapelablemente la
postura de los secuaces parlamentarios del Primer Ministro Tony Blair, íntimo
aliado de las mentiras y crímenes de George W. Bush. Dos días después y en
medio de la conmoción que habían producido sus declaraciones Kelly apareció
muerto. La información oficial dijo que se había suicidado, y a diferencia de
lo ocurrido hasta ahora con Nisman la comisión parlamentaria dirigida por Lord
Hutton resolvió, luego de una pericia más que superficial, archivar todos los
elementos probatorios del caso (incluyendo la autopsia y las fotografías del
cadáver) y resguardarlos como material clasificado por un plazo de 70 años. Este
sí es un caso de “encubrimiento” que debería despertar las iras de tantos
políticos argentinos que con total irresponsabilidad apelan a esa figura
jurídica, aunque demuestran su incoherencia, o mala fe, cuando se cuidan de
aplicarla a quienes conspiraron para encubrir “la pista siria” y la “conexión
local”, también involucrados en el criminal atentado de la AMIA y, no olvidemos, de la Embajada de Israel, de la
cual sorprende lo poco que se habla.
Podríamos seguir
con este listado: mencionemos sólo otros dos en suelo europeo. El del Papa Juan
Pablo I que entra en esa misma categoría de crímenes irresueltos, aunque un
pesado manto de silencio impidió que se investigara tan exhaustivamente como
ocurriera con JFK. Otro: Olof Palme, asesinado en las escalinatas de una calle
céntrica de una ciudad segura y tranquila como Estocolmo, sin haberse jamás
hallado al magnicida cuando en Suecia hasta el ratero más insignificante es
aprehendido por las fuerzas policiales en menos que canta un gallo.
De lo anterior se
desprende que el discurso que proclama una suerte de aberrante
“excepcionalismo” argentino carece de fundamento. Por supuesto, esto no
equivale a minimizar la gravedad de la muerte del ex fiscal o a cerrar los ojos
ante la impericia con que actualmente se está investigando el caso Nisman; o no
investigando la muerte de los 10 bomberos en el harto sospechoso incendio de
Iron Mountain en Barracas entre tantas otras causas que merecerían la minuciosa
investigación de nuestros fiscales. Pero, por favor, terminemos con eso de que
estas cosas sólo pueden ocurrir en la Argentina.