Brasil: ¿un nuevo ciclo de luchas populares?
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(Por Atilio A. Boron )  Las grandes manifestaciones populares de
protesta en Brasil demolieron en la práctica una premisa cultivada por la
derecha, y asumida también por diversas formaciones de izquierda -comenzando
por el PT y siguiendo por sus aliados: si se garantizaba “pan y circo” el
pueblo –desorganizado, despolitizado, decepcionado por diez años de gobierno
petista- aceptaría mansamente que la alianza entre las viejas y las nuevas
oligarquías prosiguieran gobernando sin mayores sobresaltos. La continuidad y
eficacia del programa “Bolsa Familia” aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y
su preludio, la Copa Confederación, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el
circo necesario para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta
visión, no sólo equivocada sino  profundamente
reaccionaria (y casi siempre racista) quedó hecha añicos en estos días, lo que
revela la corta memoria histórica y el peligroso autismo de la clase dominante
y sus representantes políticos a quienes se les olvidó que el pueblo brasileño
supo ser protagonista de grandes jornadas de lucha y que sus períodos de
quietismo y pasividad alternaron con episodios de súbita movilización que
rebasaron los estrechos marcos oligárquicos de un estado apenas
superficialmente democrático. Basta recordar las multitudinarias movilizaciones
populares que impusieron la elección directa del presidente a comienzos de los
años ochentas; las que precipitaron la renuncia de Fernando Collor de Melo en
1992 y la ola ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de
Lula en el 2002. El quietismo posterior, fomentado por un gobierno que optó por
gobernar con y para los ricos y poderosos, creo la errónea impresión de que la
expansión del consumo de un amplio estrato del universo popular era suficiente
para garantizar indefinidamente el consenso social. Una pésima sociología se
combinó con la traidora arrogancia de una tecnocracia estatal que al embotar la
memoria hizo que los acontecimientos de esta semana fueran tan sorpresivos como
un rayo en un día de cielos despejados.La sorpresa enmudeció a una dirigencia
política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender -y mucho menos
contener- el tsunami político que irrumpía nada menos que en medio de los
fastos futboleros de la Copa Confederación. Fue notable la lentitud de la
respuesta gubernamental, desde las intendencias municipales hasta los gobiernos
estaduales y el propio gobierno federal.
           
Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar
bajo la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de
liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor que en
lugar de exaltar las virtudes de un fantasioso “posneoliberalismo” de Brasilia
y de pensar que lo ocurrido tiene que ver con la falta de políticas
gubernamentales hacia un nuevo actor social, la juventud,  dirigieran su mirada hacia los déficits de la
gestión gubernativa del PT y sus aliados en un amplio abanico de temas
cruciales para el bienestar de la ciudadanía. Plantear que las protestas fueron
causadas por el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de Sao
Paulo es lo mismo que, salvando las distancias, afirmar que la Revolución
Francesa se produjo porque, como es sabido, algunas panaderías de la zona de la
Bastilla habían aumentado en unos pocos centavos el precio del pan. Confunden
estos propagandistas el detonante de la rebelión popular con las causas
profundas que la provocan, que dicen relación con la enorme deuda social de la
democracia brasileña, apenas atenuada en los últimos años del gobierno Lula. El
disparador, el aumento en el precio del boleto del transporte urbano, tuvo
eficacia porque según algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el
salario mínimo en Sao Paulo el costo diario de la transportación para concurrir
a su trabajo equivale a poco más de la cuarta parte de sus ingresos. Pero
esto  sólo pudo desencadenar la oleada de
protestas porque se combinaba con la pésima situación de los servicios de salud
pública; el sesgo clasista y racista del acceso a la educación;  la corrupción gubernamental (un indicador: la
presidenta Dilma Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa), la
ferocidad represiva impropia de un estado que se reclama como democrático y la
arrogancia tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las
demandas populares que son desoídas sistemáticamente: caso de la reforma de la
previsión social, o de la paralizada Reforma Agraria o los reclamos de los
pueblos originarios ante la construcciones de grandes represas en la Amazonía.
Con estas asignaturas pendientes, hablar de “posneoliberalismo” revela, en el
mejor de los casos, indolencia del espíritu crítico; en el peor, una deplorable
sumisión incondicional al discurso oficial.
     A la
explosiva combinación señalada más arriba hay que sumar el creciente abismo que
separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante, incesante
tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y transformismos, que burlan
la voluntad del electorado sacrificando identidades partidarias y adscripciones
ideológicas. No por casualidad todas las manifestaciones expresaban su repudio
a los partidos políticos. Un indicador del costo fenomenal de esa partidocracia
–que resta recursos al erario público que podrían destinarse a la inversión
social- está dado por lo que en Brasil se denomina el Fondo Partidario, que
financia el mantenimiento de una maquinaria meramente electoralista y que nada
tiene que ver con ese “príncipe colectivo”, sintetizador de la voluntad
nacional-popular del que hablara Antonio Gramsci. Un solo dato será suficiente:
a pesar de que la población exige infructuosamente mayores presupuestos para
mejorar los servicios básicos que hacen a la calidad de la democracia, el mencionado
fondo pasó de distribuir 729.000 reales en 1994 a la friolera de 350.000.000 de
reales en el 2012, y está por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa
enorme cifra habla con elocuencia del hiato que separa representantes de
representados: ni  los salarios reales ni
la inversión social en salud, educación, vivienda y transporte  tuvieron la prodigiosa progresión
experimentada por una casta  política
completamente apartada de su pueblo y que no vive para la política sino que
vive, y muy bien, de la política, a costa de su propio pueblo.
           
¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El  exorbitante costo en que incurrió Brasilia a
cuenta de una absurda  “política de
prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un “jugador global” en la
política internacional. La Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos
exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más
provechosamente en solucionar añejos problemas que afectan a las clases
populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó una
sino dos Copas del Mundo en 1970 y 1986, y los Juegos Olímpicos de 1968. Ninguno
de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la política
mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que irrumpirían
con fuerza en la década de los noventas y que perduran hasta el día de hoy. Según
la ley aprobada por el congreso brasileño la Copa del Mundo dispone de un
presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares, que seguramente aumentará a
medida que se acerque la inauguración del evento, y se estima que los Juegos
Olímpicos demandarán una cifra aún  mayor.
Conviene aquí recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que “lo que es
imprudencia y locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser
responsabilidad y sensatez en el manejo de las finanzas del reino.” Quien en su
hogar no dispone de ingresos suficientes que garanticen la salud, la educación
y una adecuada vivienda para su familia no puede ser elogiado cuando gasta lo
que no tiene en una costosísima fiesta.
La dimensión de
este despropósito queda graficado, como observa con perspicacia el sociólogo y economista
brasileño Carlos Eduardo Martins, cuando compara el costo del programa “Bolsa
Familia”, 20.000 millones de reales, con el que devoran los intereses de la
deuda pública: 240.000 millones de reales. Es decir, que en un año los tiburones
financieros de Brasil y del exterior, niños mimados del gobierno, reciben como
compensación a sus tramposos préstamos el equivalente doce planes “Bolsa
Familia” por año. Según un estudio de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el
año 2012 el desembolso por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda
pública insumió el 47.19 por ciento del presupuesto nacional; por
contraposición, se le dedicó a la salud pública el 3.98 por ciento, a la
educación el 3.18 por ciento y a l transporte el 1.21 por ciento. Con esto no
se quiere disminuir la importancia del programa “Bolsa Familia” sino de
resaltar la escandalosa gravitación de 
la sangría originada por una deuda pública-ilegítima hasta la médula-
que ha hecho de los banqueros y especuladores financieros los principales
beneficiarios de la democracia brasileña o, más precisamente, de la plutocracia
reinante en el Brasil.
      Por eso tiene razón Martins
cuando observa que la dimensión de la crisis exige algo más que reuniones de
gabinete y conversaciones con algunos líderes de los movimientos sociales
organizados. Propone, en cambio, la realización de un plebiscito para una
reforma constitucional que recorte los poderes de la partidocracia y empodere
de verdad a la ciudadanía; o para derogar la ley de auto-amnistía de la
dictadura; o para realizar una auditoría integral sobre la turbia génesis de la
escandalosa deuda pública (como hizo Rafael Correa en el Ecuador). Agrega
también que no basta con decir que el 100 por ciento de los royalties que
origine la explotación del enorme yacimiento petrolero del Pre-Sal serán
dedicados, como lo declaró Rousseff, a la educación, en la medida en que no se
diga cuál será la proporción que el estado captará de las empresas petroleras.
En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de royalties entre el 80
y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y en Brasil quién fijará
ese porcentaje? ¿El mercado? ¿Por qué no establecerlo mediante una democrática
consulta popular?
            Como
puede colegirse de todo lo anterior, es imposible reducir la causa de la
protesta popular en Brasil a una eclosión juvenil. Es prematuro  prever cual será el futuro de estas
manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se vayan todos!” de la
Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de poder,
pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver a
traspasar so pena de ser derrocado por una nueva insurgencia popular.  Más aún, las grandes movilizaciones populares
en Bolivia y Ecuador demostraron que sus flaquezas y su inorganicidad -como las
que hoy hay en Brasil- no le impidieron tumbar a gobernantes que sólo solo lo
hacían a favor de los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien
ciudades brasileñas pueden tal vez no saber adónde van, pero en su marcha
pueden acabar con un gobierno que claramente eligió ponerse al servicio del
capital. Brasilia haría muy bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y
tomar nota de esta lección que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad
si persiste en su alianza con la derecha, con los monopolios, con el
agronegocios, con el capital financiero, con los especuladores que desangran al
presupuesto público de Brasil. La única salida a todo esto es por la izquierda,
potenciando no en el discurso sino con hechos concretos, el protagonismo
popular y adoptando políticas coherentes con el nuevo sistema de alianzas. No
sería exagerado pronosticar  que un nuevo
ciclo de ascenso de las luchas populares estaría dando comienzo en el gigante
sudamericano. Si así fuera lo más probable sería una reorientación de la
política brasileña, lo cual sería una muy buena noticia para la causa de la
emancipación de Brasil y de toda Nuestra América.
 *  Una
versión resumida de esta nota salió publicada en la edición dominical de
Página/12, del 23 de Junio del corriente año.