(Por Atilio A. Boron) En escasas tres semanas el sistemático
e incesante atropello del oficialismo a las normas, procedimientos y valores propios
de una democracia precipitó la vertiginosa transición desde la república hacia
una forma estatal diferente, que en la ciencia política se conoce bajo el
nombre de régimen. Este se caracteriza por su desprecio por la legalidad, el
autoritarismo en el ejercicio de las atribuciones presidenciales y la violación
de las reglas del juego y de la cultura dialógica propias de la democracia.
También por la supeditación de los otros poderes del estado a los designios del
poder central y la esterilización de la voluntad popular resultante de la
parálisis producida en el funcionamiento del congreso. 
Todo esto motivado por
un afán incontenible de cancelar algunos de los más importantes logros del
kirchnerismo, para lo cual no existen escrúpulos de ningún tipo y se apela a un
torrente de decretos de necesidad y urgencia, cuando no existen ni la una ni la
otra. O a “aprietes” para destituir a funcionarios que gozan de una designación
vitalicia, como la Procuradora General Alejandra Gils Carbó; o cuyo mandato
legalmente estipulado todavía no había expirado, como Alejandro Vanoli al
frente del Banco Central. O recurrir a monstruosidades jurídicas e
institucionales, como la disolución de una agencia del estado como la AFSCA,
establecida por una ley del congreso que, además, había sido declarada
constitucional por la Corte Suprema. Una profunda restauración conservadora
está en marcha, y cuando finalmente comience el período ordinario de sesiones
del Congreso el próximo 1° de marzo el paisaje institucional y jurídico de la
Argentina será casi por completo irreconocible. Si se trata de un régimen por
sus formas, por su contenido clasista es una plutocracia que instaura un país
“atendido por sus dueños”, una “CEOcracia” en donde los gerentes de las más
grandes compañías en diversas ramas de la economía toman por asalto las
estructuras del estado y ejercen  -claro
que por ahora, ya se verá por cuanto tiempo- un poder omnímodo y en beneficio
de la riqueza. CEOcracia, además, que registra un número sin precedentes de
individuos procesados o imputados en diferentes estrados judiciales. 
Un poder
desnudo y carente de las mediaciones resultantes de las luchas democráticas, y completamente
irresponsable ante el congreso (por lo menos durante los próximos dos meses) y
ante la ciudadanía, atónita por un frenético despliegue de prepotencia
institucional nunca visto desde la recuperación de la democracia. No hace falta
ser demasiado perspicaz para comprobar que este tránsito decadente constituye
además una impostura que contrasta escandalosamente con los mensajes de “paz y
amor” que el hoy presidente propalaba con estudiada beatitud durante su campaña
así como su promesa de reconstruir la unión de la familia argentina mediante el
diálogo y el acuerdo político, intención enfáticamente anunciada en su mensaje inaugural
al congreso y groseramente desmentida en la práctica pocas horas después.
Impostura, también, de aquellos supuestos vestales de la república y la
democracia que ayer vociferaban sin pausa desde todos los megáfonos de la
oligarquía mediática y que hoy, para su irremediable deshonra, guardan un
cómplice e incalificable silencio ante la prepotencia del régimen.