(Atilio A. Boron) La Argentina enfrenta una grave crisis cuyas
dos principales manifestaciones son la trepada del dólar –que refleja una
peculiar anomalía argentina, porque esa moneda se está devaluando en todo el
mundo, incluyendo por supuesto América Latina y el Caribe- y la resultante
escalada inflacionaria que la insólita revaluación de la divisa estadounidense
produce en la economía argentina. La devaluación del peso y el impulso
inflacionario son, en realidad, dos caras de una misma moneda. Pero la gran
paradoja es que desplome sufrido por el peso no guarda correspondencia con la
situación imperante en la economía real. Esta no tiene la solidez y el
dinamismo del período 2003-2008, pero está lejos de verse reflejada en los desquiciantes
movimientos que se registran en el tipo de cambio. Veamos: la producción
agropecuaria se mantiene en niveles comparativamente muy elevados, aun cuando
la “sojización” de la agricultura plantea numerosos problemas (económicos,
sociales y ecológicos) que no podemos examinar aquí;  algunas ramas del sector industrial
(automóviles, motocicletas, electrónicos diversos, etcétera) marcan nuevos
records a pesar de las restricciones para la importación de algunos insumos
cruciales; la gran minería prosigue su marcha, más allá de lo ocurrido con
Pascua Lama producto de un fallo de la justicia chilena; la explotación de
hidrocarburos, estimulada por las perspectivas de Vaca Muerta retoma un ritmo
ascendente;  los bancos y las entidades
financieras registran significativas ganancias y según un reciente estudio de
la CEPAL las exportaciones argentinas crecen por encima del promedio regional.
Si esto es así, ¿qué es lo que
está ocurriendo? Más allá de abrir una discusión seria sobre “el modelo”, misma
que no hicieron los economistas de la oposición adscriptos férreamente al
neoliberalismo de los años noventa, ni tampoco los del oficialismo, para
quienes lo único que había que hacer era “profundizar” un esquema económico
cuyos límites, inconsistencias y deformaciones eran evidentes por lo menos
desde el 2010 y acerca de los cuáles más de una vez nos referimos en nuestro
blog. Pero más allá de esta necesaria discusión, decíamos, se impone actuar con
urgencia sobre la coyuntura cortando de un tajo el nudo gordiano que está
asfixiando a la economía argentina con la estampida del dólar y la peligrosa
escalada inflacionaria. Para ello el estado deberá recuperar, sin más
dilaciones, el control del comercio exterior, fuente insustituible de las
divisas que necesita el país.
Es absurdo, y a estas alturas
demencial, que cinco o seis grandes oligopolios manejen el grueso de la divisas
que ingresan por la vía de las exportaciones agropecuarias. En una economía tan
dolarizada como la Argentina, en donde los componentes importados afectan a
casi todas, por no decir todas, las actividades económicas del país, dejar que
la disponibilidad de dólares quede en manos de un puñado de oligopolios es un
acto de soberana insensatez. En Chile, sin ir más lejos, los ingresos de su
riqueza principal, el cobre, los controla exclusivamente el estado. En nuestro
país, en cambio, un 80 por ciento de lo producido por las exportaciones
cerealeras lo retienen grandes oligopolios transnacionales, y especialmente Cargill
y Bunge, seguidos de cerca por Continental y Dreyfus; a su vez un par de
grandes empresas controlan los ingresos que producen las exportaciones de
manufacturas de origen agropecuario, principalmente aceite de soja; en la gran
minería quienes lo hacen son las transnacionales del sector; y en el área de
hidrocarburos (petróleo y gas) las propias empresas, con el agregado ahora de
YPF pero sin perder de vista que ésta es una sociedad anónima y no una empresa
del estado. Todas estas corporaciones están fuertemente articuladas con la
banca extranjera, predominante en la Argentina, y mantienen fluidos contactos con
los paraísos fiscales que proliferan sobre todo en el capitalismo desarrollado.
 En suma: un puñado de 100 empresas
controlan aproximadamente el 80 por ciento del total de las exportaciones de la
Argentina, y son ellas las que retienen los dólares que surgen de este comercio
y que son requeridos por distintos sectores de la economía nacional.
De lo anterior se infiere una
conclusión tan simple como contundente: quien controla la disponibilidad de
dólares termina teniendo la capacidad de fijar su precio en el mercado local,
especialmente ante un Banco Central debilitado y cuyas reservas cayeron de 52.190
millones de dólares en el 2010 a 28.700 millones de dólares al finalizar enero
del 2014. Esta debilidad del BCRA le impide desbaratar las maniobras de la
cúpula empresarial más concentrada, fuertemente orientada hacia los mercados
internacionales, y para la cual el dólar “recontra alto” significa pingües ganancias porque desvaloriza el salario de los
trabajadores y les permite alentar la carrera inflacionaria con la seguridad de
que su disponibilidad de dólares la sitúa a refugio de cualquier contingencia.
En consecuencia, el control de las divisas por parte de ese puñado de grandes
oligopolios le permite ser el verdadero autor de las políticas económicas de un
país tan dolarizado como la Argentina y, además, extorsionar a cualquier
gobierno que no se someta a sus mandatos. Pueden aterrorizar a la población
agitando el fantasma de la hiperinflación, que este país padeció a tan brutal
costo en 1989 o el espectro del “corralito” de finales del 2001, y de ese modo
desestabilizar a un gobierno que debe jugar partidas simultáneas de ajedrez (en
el frente fiscal, tributario, monetario, cambiario, productivo) con enemigos
que no sólo procuran derrotarlo en una puja puntual sino sobre todo derrocarlo.
Y el gobierno actual comete el error de pensar que con concesiones varias podrá
apaciguar el “instinto asesino”, como le llaman admirativamente los ideólogos neoliberales,
de esos enormes conglomerados para las cuales la ganancia y el ganar -sobre
todo el ganar, como recordaba Marx- es una verdadera religión cuyos preceptos
son respetados escrupulosamente. Por ejemplo, el carácter sacrosanto de la
propiedad privada y, por extraño que parezca, la convicción de que la lucha de
clases es algo tan natural y omnipresente como el aire que respiramos, y libra
esa batalla con todas sus fuerzas. Ante cada concesión de un gobierno
satanizado como su enemigo la única respuesta que tiene es la de atacarlo con
más ferocidad que antes, exigiendo, como Shylock a Antonio, más y más
concesiones: ¡pague la deuda, acuda al CIADI, arregle con el Club de París,
abra Vaca Muerta para empresas fugitivas de la justicia como Chevron, indemnice a Repsol, deje que
la gran minería trabaje sin interferencias!, mientras persiste en su ataque en
todos los frentes con el apoyo de la prensa hegemónica que maneja a su antojo.
La crisis actual demuestra, de paso, lo ilusoria que fueron aquellas expectativas
del kirchnerismo de crear una burguesía nacional, patriótica y solidaria con
los intereses de las mayorías. Ya lo había dicho el Che, hace cincuenta años, y
la historia le volvió a dar la razón por enésima vez: la burguesía nacional no
existe.
Ahora bien: ¿cómo debería producirse
la estatización del comercio exterior? Primero, no puede ser una medida aislada
porque se necesita un enfoque integral que: (a) abarque a toda la cadena de
comercialización del sistema agroalimentario, hoy controlado por las
multinacionales,  lo que debería rematar
en la creación de una Junta Nacional Agroalimentaria, con las salvedades que
plantearemos más abajo; (b) aumente las alícuotas impositivas a la gran
propiedad rural e implemente un eficaz sistema de control que evite las sobre y
sub facturaciones de las cerealeras, hoy cómplices necesarias de la corrida
cambiaria; y, finalmente, (c) que re-estatice los puertos del sistema de la
Hidrovía Paraná-Paraguay, privatizados en los años noventa y que son las
puertas de salida de gran parte de las exportaciones agropecuarias. Estas
medidas deben ser puestas en práctica con la mayor celeridad, porque el ritmo
de la crisis no tolera dilaciones. Segundo, se requiere imaginación y
experiencia práctica, porque no se trata de resucitar la antigua Junta Nacional
de Granos o al Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI
de la época del primer peronismo, porque el capital ha creado nuevos
instrumentos financieros (compraventa a futuro, swaps, derivativos, etcétera) y la tecnología importantes
innovaciones, (como el silo bolsa, que independiza al productor del riesgo que
se le arruine la cosecha) lo que le permite postergar su venta hasta que el
precio sea aproxime a sus expectativas, todo lo cual torna más difícil el
control del comercio exterior por parte de los gobiernos. De lo anterior se desprende
la necesidad de concebir una agencia estatal que regule a la totalidad del
sistema agroalimentario del país, desde su origen hasta su comercialización
minorista, algo bien diferente a la JNG o el IAPI. Tercero, y decisivo, esto
solo será viable si se constituye un gran movimiento popular capaz de construir
un instrumento político que respalde esas iniciativas y otras más encaminadas a
redefinir por izquierda el rumbo de la economía argentina: la largamente
demorada reforma tributaria y la elaboración de una efectiva política
antiinflacionaria que resguarde los ingresos de los asalariados, para comenzar.
Una convocatoria popular sin sectarismos ni soberbias burocráticas; sin
verticalismos ni verdades establecidas, porque de lo contrario la respuesta de
las clases y capas populares será una mezcla de impotencia, miedo paralizante ante
la clara percepción del escarmiento que se cierne sobre ellas y, en algunos
casos,  indiferencia, mezcla que mucho
tuvo que ver con el funesto desenlace sufrido por los gobiernos peronistas en
1955 y en 1976. Una decisión tan crucial e impostergable como la estatización
del comercio exterior, cualquiera que sea su forma legal y jurídica, es antes
que nada un hecho político que no puede ser producido por un decreto o una
resolución firmada por un funcionario instalado en las “alturas” del aparato
estatal. Resta ver si el gobierno es consciente de la gravedad de la situación
y decide actuar en consecuencia. La experiencia pasada no permite abrigar
demasiadas expectativas pero, como tantas veces lo recordaran las Madres de
Plaza de Mayo, no hay peor lucha que la que no se libra.