ACADÉMICOS Y PROCESOS
EMANCIPATORIOS EN AMÉRICA LATINA. Carta Abierta a los colegas de CLACSO sobre
la situación imperante en Venezuela.

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Buenos Aires, 20 de Agosto,
2017
Estimados colegas: días
pasados llegó a mis manos una solicitud elaborada por el Grupo de Trabajo de
CLACSO sobre «
Ciudadanía, organizaciones
populares y representación política» en donde se «demandan a los
actuales directivos de CLACSO una condena pública a la deriva dictatorial que
ha tomado el régimen madurista en Venezuela, así como la exigencia
del restablecimiento del Estado de Derecho, la libertad de los presos
políticos, y el fin de la represión a las protestas populares.»
Dada la trascendencia del
tema planteado por este pedido y la muy preocupante tendencia del mundo de las
ciencias sociales a adoptar cada vez con más frecuencia posturas conservadoras
en relación a las luchas populares y las experiencias progresistas y de
izquierda en América Latina y el Caribees que me parece oportuno compartir
estas dos breves reflexiones sobre el asunto.
Primero, es indudable que hay una tragedia en curso en
Venezuela, y que si no se detiene su dinámica -como, felizmente, está
comenzando a suceder debido a la convocatoria a elecciones de gobernadores y
alcaldes- la escalada de la violencia ​podría llegar a tener un desenlace
aún más sangriento que lo que hemos visto en los últimos meses. Sin embargo, no
creo que sea una contribución positiva a este fin una presentación como la
que hacen los integrantes del GT ​en la cual se omite la imprescindible
referencia a la génesis de esta desgraciada situación. Por muchas críticas
que merezca el gobierno de Nicolás Maduro no fue este quien inició
este horrendo espiral de violencia que hoy agobia a Venezuela. La
verdad histórica es que esta fue producto de la decisión de la fracción
extremista y violenta de la oposición (cuyos líderes tuvieron activa
participación en el frustrado golpe de estado de Abril del 2002)  de
alterar por la fuerza el orden constitucional vigente en Venezuela primero en
febrero del 2014 (mediante una operación sugestivamente llamada​ «La
Salida») y más recientemente a partir de abril del corriente año con una
potenciada apelación a tácticas violentas que, en su conjunto, configuran el
delito de sedición que en Estados Unidos, por ejemplo, es un crimen federal
purgado con largos años de cárcel e inclusive con pena de muerte. Hemos visto
en ese país con asombro y consternación desmanes y atrocidades como pocas
veces, si alguna, se han registrado en la historia de América Latina y el
Caribe. Por ejemplo, quemar vivas a personas sospechosas de simpatías
chavistas. Sería largo y ocioso enumerar los crímenes en los cuales incurrió
una oposición deseosa -como lo declararan una y otra vez sus líderes- de acabar
con el gobierno de Maduro, a cualquier precio y sin atenerse a la normativa
vigente. Tentativas que, como lo confirman sucesivas declaraciones del Director
de la CIA, Mike Pompeo; el Secretario de Estado, Rex Tillerson y el propio
presidente Donald Trump fueron estimuladas, amparadas y financiadas por el
gobierno de Estados Unidos. Y este es un dato que debería servir para dividir
claramente las aguas de la política porque, por más críticas que puedan
dirigirse en contra de un gobierno democráticamente electo como el de Nicolás
Maduro es éticamente inadmisible cohonestar los planes del imperio  para derrocarlo. Hacer eso es cruzar una
“línea roja” que jamás debería ser traspasada por quienes deberían saber que
sin autodeterminación nacional la democracia y la soberanía popular se
convierten en inocuas entelequias. Desgraciadamente, en la solicitud que el GT
eleva a las autoridades de CLACSO no parece haber consciencia de este problema.
Por el contrario, se perfila un sesgo muy claro que se traduce en una visión
ofuscada y maniquea en donde el demiurgo de la maldad es el gobierno, mientras
que la fracción terrorista de la oposición que organizó violentas “guarimbas”,  saqueos, asesinatos y que propició que
incendiaran maternidades y escuelas y prendieran fuego a personas ni es
mencionada en su petición o se la (mal) representa como si fuera una oposición
democrática respetuosa de las leyes y la institucionalidad vigentes y como si
el imperialismo no tuviera nada que ver en esta situación. Coincido en que no
se puede seguir ignorando la tragedia en curso en Venezuela, y también creo que
sólo un planteamiento equilibrado -en donde las responsabilidades de la
oposición y del gobierno sean adecuadamente sopesadas- podría ser conducente al
logro de los objetivos que el GT se propone. El debate sobre la génesis,
desarrollo y perspectivas de la crisis venezolana es una obligación
impostergable de los científicos sociales de la región. Pero esto supone la
capacidad para examinar esta delicadísima situación desde diferentes ángulos y
no sólo desde una de las dos partes en conflicto, la oposición, como claramente
se revela en la solicitud del GT.

Segundo, no puedo dejar de
señalar que el requerimiento del GT parece ignorar que hay varias tragedias en
curso en Nuestra América, y sería bueno que conscientes de la situación los
colegas también exigieran una toma de posición ante ellas, cuyo costo medido en
vidas humanas -si es que se acepta este criterio como uno de sus indicadores de
la crisis- es muchísimo más oneroso que el que se registra en la República Bolivariana.
Solicitar a las autoridades que se pronuncien sobre la situación de Venezuela
está bien, si se hace con ecuanimidad; pero ¿qué decir de los 200.000 muertos
ocasionados por la «guerra contra las drogas en México», los más de 28.000
desaparecidos en ese país, los ocho periodistas asesinados en lo que va del
año, las fosas comunes que periódicamente aparecen ante la luz pública, la
atrocidad perpetrada en Ayotzinapa, el fraude sistemático de sus procesos
electorales? ¿Y qué decir de la violencia sin fin que enluta a Colombia, que en
poco más de un año sufrió el asesinato de unos 150 líderes sociales sin que
esta sangría mereciese una línea en los principales  medios de
comunicación como tampoco la mereció el desplazamiento forzado de más de siete
millones de campesinos expulsados de sus tierras por el paramilitarismo​? ¿O de
la violencia descargada sobre los pueblos de Honduras y Paraguay luego de los
«golpes blandos» perpetrados en el 2009 y 2012 respectivamente? ¿O
del «golpe blando» tramado por una gavilla de bandidos en el Congreso
brasileño, instalando en la presidencia de ese país a uno de los personajes más
corruptos y más odiados de la política brasileña? ¿O de los presos políticos
que si hay en Argentina (Milagro Sala es solo la más famosa) y el caso de
Santiago Maldonado, desaparecido por la Gendarmería Nacional 
en un ataque a una
comunidad Mapuche en Esquel​? Hablar sobre Venezuela y callar sobre todo lo
demás es una actitud​ reñida con la necesaria ecuanimidad que debemos observar
los científicos sociales.

​Ojalá que estos
comentarios sirvan para estimular un debate largamente postergado en el campo
de las ciencias sociales y las humanidades.
Atilio A. Boron